Año 2, N.40. Domingo 20 de Julio de 2003

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Caso Mery: Más allá de toda duda razonable

"Mery, cuando tenía más de 30 años 'presenció' torturas e interrogó -como enlace de la policía de Investigaciones en un regimiento- , a varios presos políticos; aprehendió al menos a una persona que está detenida desaparecida y está siendo acusado de vejámenes sexuales por una mujer. Ello está presente, más allá de toda duda razonable, y de que haya sido quien modernizó un servicio policial"

Nada más confuso que lo vivido en estos días. Mientras Hernán Larraín, senador de la UDI solicitaba la inmediata renuncia o despido del director de la Policía de Investigaciones por su vinculación a violaciones a los DDHH, ocurridas tras el golpe militar de 1973 en la Escuela de Artillería de Linares, cuatro parlamentarios socialistas -Aguiló, Bustos, Naranjo y Navarro-, no escatimaban gestos ni espacios para defender al hombre que, según ellos, había realizado un trabajo brillante en la década que lleva a cargo de la policía civil.


Un abogado PPD, representante de la familia de Tucapel Jiménez, interpuso además una querella criminal contra una mujer, vicepresidenta de la agrupación de ex presos políticos de la séptima región y militante socialista, porque ésta acusó a Nelson Mery de abusos deshonestos. A ella, por su parte, la defiende otra profesional vinculada a la defensa de los DDHH, Laura Soto, diputada del PPD.

Pero, más allá de todas las dudas razonables que han operado en defensa o ataque al ahora "congelado" director de la policía civil, un repaso de los argumentos presentados por quienes lo apoyan muestra la flaqueza de los que no entienden que ciertos principios no tienen basamento ideológico y que una cosa no justifica ni atenúa otra.

Así como es impresentable justificar las violaciones a los DDHH, como lo hace habitualmente la derecha, argumentando los éxitos económicos del gobierno militar, tampoco es aceptable que Nelson Mery debe ser defendido porque la institución que dirige contribuyó sustancialmente a dilucidar casos de violaciones a los DDHH ocurridos hace 30 años.

Persona alguna, por lo demás, puede decir qué habría pasado si el actual director no fuera quien ostentó el cargo tras la salida del general Horacio Toro a principios de los 90.

Si bien es oportuno señalar que otros errores de la policía civil, fuente de ataques de la oposición RN-UDI, podrían ser soslayados: caso Alto Hospicio, detención de El Tila, etc., no es menos cierto que una denuncia sobre su participación en interrogatorios, como enlace entre un regimiento y la policía civil, es una responsabilidad de la cual Mery no puede huir ni justificarse.

Algunos, periodista o parlamentarios, han insinuado incluso que el detective -en esos años- era demasiado joven. Como también los eran cientos de oficiales que hoy están siendo procesados y algunos condenados. Pero Mery, a la sazón, tenía más de 30 años y llevaba largos 13 años como detective. No era tan joven ni inexperto.

De hecho por algo el comisario Ricardo Hernández, con un poco más edad que él -tenía 40- lo nombró en la delicada función durante los álgidos meses que siguieron al golpe del 11 de septiembre. Tan útil le era Mery a Hernández que, según confió este ultimo a El Periodista, le solicitó su regreso al cuartel "porque lo necesitaba".

El actual director de la policía civil, además, reconoce que estuvo en la Escuela de Artillería de Linares y dice que, durante su cometido, ayudó a muchos presos políticos a tener un mejor pasar en su cautiverio. No sostiene lo mismo, sin embargo, Odette Alegría y otros detenidos que aseguran que Mery estuvo en todos los interrogatorios, a los que él llama entrevistas y en ello se acerca peligrosamente al léxico de Miguel Krassnoff Marchenko. ¿Pudo haber hecho algo? Quizá a Mery, humanamente, lo paralizó el terror y sólo se limitó a contemplar y ayudar en lo que podía, tal vez... Pero ese gesto suyo, ante una acción inmoral y deleznable como es la tortura, indica claramente que no puede seguir al mando de una institución donde el coraje requerido es mayor que en otros trabajos y el poder detentado aún superior. ¿Podría exigirle, por ejemplo, el director Mery a un subordinado inexperto que no se atemorice ante narcotraficantes o mafias? O más todavía: a un funcionario con una década de experiencia y 31 años de edad. "La institución -rezan los objetivos de la Policía de Investigaciones- tiene el compromiso de ser para los tribunales de justicia y la comunidad una policía investigadora, confiable y creíble, con el ejercicio de su actividad apegado tanto al marco del derecho como centrado en conductas éticamente válidas". ¿Alguno de los cuatro parlamentarios que apoyan a Mery podría decir que su conducta de ayer está éticamente validada por lo que hizo durante los últimos 12 años? ¿Por qué, si era el miedo el que justifica hoy a Mery, tuvo que pasar tanto tiempo para que el director de la policía civil se presentara ante un juez, lo hizo el 3 de junio pasado por primera vez, para contar quiénes estuvieron con él en Linares en 1973? Cuesta creer que un hombre de su experiencia no haya sabido aquello de que los funcionarios públicos están obligados a denunciar. Incluso el ex comisario Hernández, quien hizo que Mery volviera al cuartel porque "lo necesitaba", dice que el entonces subinspector no le contó nada sobre lo que había presenciado en la Escuela de Artillería. Y eso que, según Hernández, un "enlace" es quien permite la trasmisión de instrucciones y, por ende, es un cargo de confianza e importante.

¿Era un funcionario con experiencia?, le preguntamos al ex comisario y respondió con un "sí" más que categórico. ¿Por qué, entonces, no le contó que en el regimiento pasaban cosas raras? "Porque transcurrieron los días y perdimos el contacto en el fondo y él quedó desligado", respondió. Pero tampoco lo narró después. Hasta que Mónica Echeverría escribió su historia novelada, bajo el titulo "Difícil Envoltorio", nada había dicho Mery sobre la desaparición de María Isabel Beltrán, joven del MIR que fue detenida y cuyo paradero se desconoce, luego de ser vista en la Escuela de Artillería de Linares y en cuyo apresamiento actuó el actual director de Investigaciones.

No es efectivo que Mery, como lo ha señalado alguna prensa, entregó la información a los tribunales. Su declaración de junio, incluso, se gestó gracias a que la Corte Suprema le encargó al ministro Alejandro Solís que la realizara. ¿Por qué Solís no la hizo antes? Dudas razonables en una historia que se entremezcla y que desata pasiones. Como aquella de que estamos frente a una operación de la UDI, que Odette Alegría perteneció a Patria y Libertad o que muchos quieren la cabeza de Mery. Algo de cierto puede tener alguno de esos comentarios. Pero cuesta creer que Alegría haya estado vinculada a una operación de la Derecha cuando, hace menos de 20 días, cuando fue contactada por El Periodista -a través de un amigo- no quería hablar por miedo; lideraba (como vicepresidenta) una agrupación de ex presos y había realizado su denuncia en 1999, en medio del ajetreo por la detención en Londres del general Pinochet y cuando muchas personas, torturadas o detenidas entre 1973 y 1990, creyeron idóneo presentar cargos judiciales porque era el momento adecuado para hacerlo y porque antes tanto la prensa, como muchos políticos y los tribunales, miraban para otro lado cuando llegaban denuncias sobre violaciones a los DDHH.

Mery, en 1973, cuando tenía más de 30 años presenció torturas e interrogó como enlace de la policía de Investigaciones en un regimiento, aprehendió a al menos a una persona que está detenida desaparecida y es acusado de vejámenes sexuales por una mujer. Ello está presente, más allá de toda duda razonable y de que haya sido quien modernizó un servicio policial.


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