Año 2, N.42, Domingo 17 de agosto de 2003
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Análisis de propuesta de DDHH
No hay mañana sin (una justa reparación de los crímenes de) ayer
( Escribe Louis Casado )¿Qué podría justificar la privatización de recursos vitales para reparar las atrocidades cometidas por los “salvadores de la patria”?


Acabamos de recibir la Propuesta de Derechos Humanos del Gobierno, y su lectura y análisis debería permitirnos emitir un juicio ecuánime al respecto. Antes de proceder a ello no es inútil recordar que la reparación de las víctimas es una obligación que se desprende del principio de continuidad del Estado. Los crímenes y delitos cometidos durante la dictadura en nombre de un Estado usurpado, por orden de una Junta Militar impuesta por fuerza de las armas y luego de un presidente con minúscula entronizado gracias a la astucia y la pillería ejercida entre malandrines, no eximen al Estado democrático de su responsabilidad institucional con el pretexto que la Constitución había sido violada por cuatro generales golpistas. Si el gobierno del Presidente Lagos asume la responsabilidad de reparar aquellos crímenes, es en ese contexto. Del mismo modo, en Francia, el Presidente Chirac reconoció la responsabilidad del Estado francés en los crímenes cometidos contra los ciudadanos judíos durante la ocupación nazi de 1940 a 1945. Y ello le obligó a contrariar la tesis de los resistentes, entre los cuales se contaba un cierto General De Gaulle, quienes sostenían que la República no estuvo representada por el colaboracionista Mariscal Pétain sino por la Francia clandestina que luchaba contra el nazismo. Atacando seriamente el problema de la reparación a las víctimas del terrorismo de Estado ejercido por Pinochet y sus secuaces, el actual gobierno deja en evidencia la pequeñez moral de la derecha y del golpismo, y enaltece el papel que el Estado puede y debe jugar una vez que recobra su carácter democrático. Uno de los aspectos que ha generado opiniones encontradas es el que tiene que ver con la indemnización material de las víctimas. Tanto en lo que tiene relación con la fuente de los recursos como con las sumas consagradas a la reparación. Alguna diputada de la oposición osó sugerir hace unos meses en El Mercurio, que el Estado chileno consagra recursos cuantiosísimos a mantener una horda de vivillos que viven del cuento de la víctima. Sin perder tiempo en analizar la bajeza de tales propósitos, las cifras que entrega el gobierno en su propuesta no contribuyen a dar una imagen de generosidad, sino más bien de tacañería y de miserabilismo. Si uno adiciona todas las sumas consagradas a la reparación de los crímenes, el total llega apenas a 600 millones de dólares en un período de 11 años. O sea, algo así como 55 millones de dólares anuales, que beneficiaron a unas 90.000 víctimas. Calculado groseramente eso nos da 35.000 pesos mensuales por persona indemnizada. Por el contrario, la actualidad nos muestra como se indemniza a las víctimas del terrorismo de Estado en otras latitudes. Apenas ayer, el coronel Khadafi terminó por reconocer la responsabilidad de Libia en el atentado de Lockerbie, que destruyó un avión Boeing de la Panam, y mató a 270 inocentes el año 1988. Para indemnizar a las víctimas de tal atrocidad, y terminar con el embargo impuesto por las Naciones Unidas, Libia acepta pagar la suma de 2 mil 700 millones de dólares. Es decir, 10 millones de dólares por persona asesinada. Los datos proporcionados por el PNUD revelan que Libia, país de un poco más de 5 millones de habitantes, no es más rico que Chile. ¿Qué puede explicar la diferencia de "generosidad" entre Libia y Chile? Puede que la respuesta resida en el hecho que la mayor parte de las víctimas, así como el avión destruido por los terroristas libios, eran estadounidenses. Si te asesinan o te torturan, más vale ser ciudadano de los Estados Unidos. También llama la atención que el coronel Khadafi no haya propuesto privatizar las sanitarias para pagar sus fechorías. Tu me puedes decir que no es el caso de inspirarse en el coronel Khadafi, ni de tomarlo como ejemplo y te doy la razón. Sin embargo, ¿Qué podría justificar la privatización de recursos vitales para reparar las atrocidades cometidas por los "salvadores de la patria"? La privatización del agua ha traído penosas consecuencias para los más pobres. Aumentos injustificados del precio del agua. Cortes masivos de un servicio vital para la población más desprotegida. Precios de usurero para la "reposición" del servicio. Y por cierto una "desinversión" notoria. En otras palabras las empresas privadas no invierten lo que debiesen para aumentar la producción de agua potable y mantener los precios en un nivel razonable. Su objetivo real consiste en rentabilizar rápidamente lo poco que pagaron por el control del agua y sumar beneficios a cualquier precio. Precio que pagan los desposeídos y no es pura casualidad. Edgardo Condeza en Chile, y los organismos del medio ambiente en Francia, han probado que, para iguales niveles de calidad, el agua privatizada es mucho más cara que la pública. Por eso no se entiende que en el marco de una acción de reparación, cuya nobleza y dignidad dan la medida de la diferencia entre los demócratas y los partidarios del autoritarismo, los senadores Naranjo y Ominami propongan financiar las indemnizaciones privatizando lo que queda de patrimonio nacional. La similitud de tal medida con el aumento del IVA para financiar el desequilibrio presupuestario que trajo consigo el TLC es evidente. Se trata de hacer pagar a los pobres los programas que deben favorecerles. Privatizar las sanitarias no sólo es una medida injusta de cara al conjunto de la población más pobre, sino que es además una medida carente de visión a futuro, ineficaz, perversa, y desprovista de inteligencia y de generosidad.

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