A pocas cuadras del Paradero 10 de la Gran Avenida hay una casa llena de gente en la que reina la soledad y el silencio.

Sólo los huéspedes, el personal de servicio y algún vecino saben que ésta es una casa de reposo, puesto que no hay ningún cartel en su fachada en el que se lea: "La Cabaña", "El Atardecer", u algo por el estilo que indique el "giro" de la propiedad.

Totalmente ajena a un espíritu hogareño, esta residencia es un dato más -entre muchos- para internar ancianos a un precio módico. Es muy probable que ni el Servicio de Salud ni la Municipalidad de la comuna tengan registrada este hogar clandestino en el que transcurren las vidas de veinte hombres y mujeres que han rebasado los 70 años.

Osvaldo Carrasco Matus no desconoce este tipo de negocios clandestinos en que se lucra con la pobreza y la indefensión de los abuelos. "Es muy triste, porque en la mayoría de los casos es gente normal que va perdiendo el contacto con sus parientes y con la sociedad. Y eso enferma a cualquiera".

Carrasco fue cotizante de la ex caja de Empleados Particulares (Empart), y hoy es uno de los directores de la Confederación Nacional de Empleados Particulares de Chile (Cepch). A su juicio, la existencia de estos clandestinos es sólo un aspecto más de las situaciones que afectan a los ancianos del país.

Uno de los temas principales es la deuda histórica del 10,6 por ciento de reajuste, correspondiente al año 1985. Esta la contrajo el Estado -cuando Büchi era ministro de Hacienda- para ir en ayuda de una banca privada cuyos asociados tenían gran parte de sus carteras impagas.

El artículo 1, del Decreto Ley Nº 18.413 concebido para regir esta medida, dispuso que se suspendiera la aplicación de reajustes desde enero del 85 a enero del 86, período en el que se generó el IPC arriba mencionado.

Cinco años después, el gobierno de Aylwin definió por ley que desde junio de 1991, los jubilados recuperarían este reajuste. De acuerdo a los antecedentes del INP, "esta variación fue devuelta a los pensionados" desde esa fecha hasta diciembre de 1992, pero sólo a las mínimas, es decir a una tercera parte.

Sin embargo, quedó pendiente gran parte de la deuda, por la diferencia de reajuste entre junio de 1985 y junio de 1991, que bordea el millón y medio de dólares.

Si bien el director del INP, Ernesto Evans, reconoce que los pensionados "son un sector históricamente postergado", no está en sus manos fijar los presupuestos destinados a las políticas de previsión social que lo determina económicamente. "El monto del ministerio de Hacienda para el INP es cercano a los dos billones de pesos anuales". Informa que, "mensualmente se pagan 120 mil millones de pesos, entre pensiones y bonos de reconocimiento".

Estas enormes cifras cobran su justa dimensión al personalizarlas: cerca del 50 por ciento de las 900 mil pensiones que paga el INP fluctúa entre los 80 y los 120 mil pesos.

De acuerdo a los antecedentes de la Unión Nacional de Pensionados -entidad que agrupa a los ex empleados fiscales- 400 mil ancianos reciben una pensión asistencial mensual de 37 mil pesos; 500 mil una de no más de 78 mil pesos mensuales; mientras que los otros 400 mil gozan del privilegio de recibir unos 150 mil pesos.

PROPIEDAD PRIVADA... "EN LO POSIBLE"

Otro tema son las propiedades que alguna vez fueran de Empart. Más de 14. Avaluadas por el INP en 12 mil 367 millones 285 mil 928 pesos.

"Estas propiedades fueron compradas con el excedente de las asignaciones familiares que nos correspondían durante nuestros años de trabajo. Y nos pertenecen", señala el secretario general de la Cepch, Federico Mújica, y agrega: "estamos en presencia de un robo, amparado por las disposiciones legales de la dictadura. Queremos que se nos restituyan, para poder darles un mejor empleo del que hoy se hace de ellas".

El DL Nº 3.500 de 1980 estableció un régimen de capitalización individual, del todo contrario al que rigiera entonces. Para ello, entre otros aspectos, definió que fueran sólo los trabajadores quienes cotizaran; no como antes en que lo hacían, en partes iguales, éste, el Estado y el empleador. Nacían las AFP.

En este contexto, el ministro del Trabajo de Pinochet, Carlos Cáceres, determinó la supresión de las 15 cajas de previsión para fusionarlas en un organismo, el INP.

Ocho años después­ -en enero de 1988­- la promulgación de la Ley Nº 18.689 dio un nuevo paso en ese sentido: su artículo 3 dice: "Todos los bienes y derechos que pertenezcan a las (ex) instituciones provisionales que se fusionan (&) se entenderán incorporados, por el solo ministerio de la ley, al patrimonio del INP". Esta Ley fue propicia para derogar una anterior -el DL Nº 253- que establecía: "La administración de los bienes y, en especial, de los inmuebles construidos o adquiridos para ser destinados a obras de bienestar social de los empleados particulares activos y jubilados (&) será ejercida transitoriamente por el vicepresidente Ejecutivo de la Caja de Previsión de Empleados Particulares".

El actual ministerio del Trabajo funciona en uno de estos inmuebles. El imponente edificio de Codelco, también. El Complejo Deportivo "La Perla" de Lo Espejo está en comodato para las municipalidades de El Bosque, San Bernardo y Lo Espejo.

Durante algunos años "La Perla" fue usada por la Universidad Central, después sirvió para diversos seminarios y cónclaves de los partidos de la Concertación, entre otras actividades. Las rentabilidades que genera van directamente a Hacienda.

Eso sí, hay talleres de desarrollo -artes escénicas, conjuntos folklóricos- y de alfabetización para el Adulto Mayor (se estima que hay 250 mil ancianos analfabetos).

La Cepch interpuso una demanda en contra del INP para que se le restituyeran estas propiedades. El 4º Juzgado Civil de Viña del Mar determinó, en primera instancia, que la demanda tenía base legal y acogió el que "se ordene cancelar las actuales inscripciones de dominio practicadas a favor del INP en 11 provincias, por ser nulas de derecho público (&)", se lee en el documento. El mismo que más adelante consigna: "Los inmuebles referidos no pertenecían a la Caja de Previsión de Empleados Particulares. En derecho pertenecían a la Confederación de Empart, entidad de derecho privado".

Federico Mújica que interpuso la demanda, cuestiona: "Gracias a la Ley 19.675, casi todos los bienes inmuebles fueron restituidos a los partidos políticos, sin embargo las nuestras no. ¿Por qué?".