Año 2, N.45, Domingo 28 de septiembre de 2003
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Ley de Pesca
El rol del Estado
( Escribe Alex Muñoz )Chile es un país que vive preferentemente de sus recursos naturales. Más de la mitad de los ingresos nacionales por exportaciones derivan de la continua explotación de productos asociados al sector primario. En este ámbito, uno de los sectores económicos más importantes y productivos lo constituye la pesca y la explotación del mar.

Como ocurre con todos los recursos naturales, los productos marinos están expuestos a la depredación si no se aprovechan en forma racional y moderada y, por lo tanto, el papel del Estado es fundamental a la hora de poner límites a la pesca excesiva o no sustentable.

Actualmente se está discutiendo en el Parlamento el proyecto que modifica la Ley General de Pesca y Acuicultura, lo que representa una buena oportunidad para corregir la forma como se ha regulado la pesca en Chile. Además, de poner claros límites a las capturas, una adecuada legislación pesquera debe permitir que la administración cuente con la flexibilidad suficiente para reaccionar oportunamente frente a los fenómenos oceanográficos que provocan repentinas variaciones en los stocks de las especies explotadas. Este principio es fundamental para prevenir que el esfuerzo de pesca sobrepase la capacidad de regeneración del recurso, corriendo el riesgo de agotarse.

Lamentablemente, este tipo de consideraciones están prácticamente ausentes en la actual ley, lo que no se enmienda con las nuevas medidas propuestas en el proyecto de reforma, ya que enfatizan claramente los aspectos comerciales por sobre los medioambientales.

Sin embargo, el actual modelo pesquero chileno no es sustentable en el largo plazo. A pesar de que se ha implementado un sistema de fijación de cuotas particulares de captura, esto no ha sido suficiente para prevenir la pesca excesiva ya que las decisiones de la administración no han tomado debidamente en cuenta los antecedentes científicos disponibles. Después de más de dos años de aplicación de este sistema, llamado límite máximo de captura por armador, las principales especies marinas continúan en estado de sobreexplotación. Además, los criterios que establece la ley para asignar las cuotas a los empresarios, es decir, la captura histórica y la capacidad de bodega, resultan, a todas luces, una situación de privilegio totalmente arbitraria, injustificada y contraria al mandato constitucional de dar un trato igualitario a los distintos actores en materia económica. Este sistema impedirá la modernización del sector, porque los armadores más grandes que cuentan con naves de mayor capacidad de bodega tendrán garantizadas sus cuotas, sin ser necesariamente las empresas más eficientes ni tener ventajas comparativas que justifiquen su participación en el mercado.

Se ha propuesto que la asignación de cuotas se realice a través de un proceso transparente de licitación pública en que las empresas compitan por su adjudicación. En ese proceso, se debe preferir a las empresas que utilicen procesos productivos más eficientes y que implementen sistemas de producción y métodos de pesca más acordes con la protección de los recursos marinos y del medioambiente marino en general.

También, es necesaria la prohibición del uso de artes de pesca que degraden el fondo marino, como la pesca de arrastre, sistema altamente perjudicial para el medioambiente. Estos sistemas y prácticas como el descarte o dirty fishing, que significa devolver al mar todas las especies no deseadas que han sido atrapadas, atentan contra la debida conservación de los recursos marinos.

Por otra parte, se debe reconocer la titularidad del Estado sobre los recursos marinos dentro de las aguas bajo jurisdicción chilena. De esta manera, las empresas pesqueras deberían pagar un derecho de explotación, proporcional al volumen de recursos marinos que capturen. En definitiva, el Estado chileno debería asumir un rol de garante de la protección del medioambiente marino y velar por la sustentabilidad de la explotación de los recursos pesqueros.

Todos estos problemas convendrían ser incluidos en la discusión en el Congreso y consagrados finalmente en la nueva ley de pesca. Para esta vez se espera que la tramitación de este proyecto de ley se efectúe con la debida transparencia, sin permitir que, como en las últimas reformas, el estrecho vínculo entre las empresas y la política desvíe a los parlamentarios del interés general del país.

* Abogado, Fundación Oceana.

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