Alcaldesa Carmen Romo

Lo que parecía ser una de las tantas denuncias que abundan entre los concejales y ediles de distintas comunas en el período de elecciones, al parecer se transformará en un nuevo dolor de cabeza para el partido falangista, el cual puede sufrir el encausamiento de otro de sus ediles insignes, la alcaldesa de Quilicura, Carmen Romo Sepúlveda, sobre quien pesan serias acusaciones por parte del Consejo de Defensa del Estado (CDE) que dan cuenta de varias irregularidades que la mencionada no ha podido justificar ante el tribunal que instruye la causa.

En los comicios municipales del año 2000, la entonces concejal de Quilicura, Miriam Basáez, presentó una querella criminal en contra de Romo, imputándole una serie de anomalías en que esta habría incurrido durante su gestión, la cual se extiende desde el año 1992 a la fecha. Luego de las elecciones en las que la alcaldesa resultó triunfadora, Basáez se desistió de la acción judicial, pero antes que se cerrara definitivamente el proceso judicial, el CDE solicitó su reapertura y resolvió asumir la parte querellante, debido a que estaban en juego presuntos delitos de acción penal pública.

Si bien, la investigación judicial encargada a la magistrado del 16º Juzgado del Crimen de Santiago, Rosa María Pinto, ha demostrado lentos avances, el órgano fiscalizador presentó un suculento documento solicitando que a Romo se le someta a proceso por los delitos de negociación incompatible, nombramientos ilegales y fraude al Fisco. Asimismo, se acaba de presentar una nueva denuncia en Contraloría contra la edil a raíz de la adjudicación a la empresa KDM para recoger los residuos domiciliarios e industriales de la comuna, mientras que la misma empresa habría costeado a Romo un viaje a Europa, junto a un grupo de particulares.

CARGOS Y MAS CARGOS

El escrito afirma que el delito de negociación incompatible cometido por la alcaldesa se encuentra acreditado dado que todas las licitaciones de obras municipales, desde el año 1997 a la fecha, le han sido adjudicadas a empresas en las que se desempeñó Jorge Guerra Díaz, un ex funcionario de la FACH que figura como copropietario de un departamento, cuya otra dueña no es nada más que la misma Carmen Romo.

Guerra figura como socio de Orolonco Ltda., la cual se adjudicó las licitaciones de obras desde el mencionado año, hasta el 2000. En tanto, la empresa Mundana Tirapegui fue la ganadora de las restantes -hasta la fecha-, entidad en la que el copropietario de la alcaldesa se hacía cargo de la administración y las finanzas. Sólo esta última compañía fue elegida para llevar a cabo a lo menos 20 faenas, recibiendo cerca de 200 millones de pesos por ello. "Romo tomó interés a través de Guerra y de Mundana, esto es, a través de persona interpuesta, lo que denominamos "palo blanco" o "testaferro"", consigna el documento al que tuvo acceso El Periodista.

Cabe precisar que la cifra de 200 millones de pesos es sólo estimativa, ya que se desconoce el monto real a que ascendería dicha suma. Al respecto, el CDE enumera cinco licitaciones en que la mencionada empresa se adjudicó obras por 100 millones de pesos cada una, en promedio.

Asimismo, el ente fiscalizador cuestiona el origen de los recursos con que la edil pudo adquirir a lo menos cuatro inmuebles del barrio alto, durante su gestión como alcalde, ya que antes de esa función se desempeñó como profesora. Según consta en el expediente, Romo afirma que estas propiedades -que ascienden a un patrimonio de cerca de 140 millones de pesos-, los compró con los ingresos de su marido, Jaime Silber Merener, con quien está separada de bienes. Sin embargo, "de acuerdo a los antecedentes tributarios de su cónyuge, las declaraciones anuales de renta de los años 1995 hasta el 2001 no justifican ingresos suficientes para la adquisición de los inmuebles", asevera la solicitud de procesarla.

Respecto a los nombramientos fuera de la ley, la edil está acusada de contratar a su nieta Claudia Chaperón Indo como parvularia de la sala cuna de la municipalidad, lo cual además de representar una falta a la probidad funcionaria, implica una ilegalidad pues la mencionada no cuenta con título profesional para desempeñar tales funciones. Para broche, a Claudia Chaperón se le cancelaron dos sueldos mensuales después que la Contraloría ordenara su despido, organismo que constató que la mencionada fue designada por la edil en distintas funciones educacionales, desde 1995 a la fecha.

Junto a ello, Carmen Romo también está imputada de contratar irregularmente a su hija Gabriela Indo Romo, quien durante 1998 se desempeñó como "encargada de organizaciones de Centros de Padres de Escuelas Municipales", por medio de un decreto firmado por la propia alcaldesa.

Por otra parte, para el CDE el delito de fraude al Fisco se configuró mediante una licitación irregular para la faena de remodelación del frontis del municipio, adjudicada a la empresa Mundana Tirapegui, negocio que habría significado una pérdida de 10 millones de pesos para el patrimonio fiscal. Asimismo, se afirma que las bases para realizar el concurso público de la obra fueron adulteradas con el fin de favorecer a la mencionada entidad.

EL DIRECTOR JURIDICO MUNICIPAL

Llama la atención que las investigaciones sumarias ordenadas por la alcaldesa Romo tanto por la contratación de su nieta y su hija, así como por las irregularidades de esta última licitación, fueron encargadas al entonces Director Jurídico del municipio, Mario Vivanco Pino, quien se encuentra sometido a proceso desde octubre del año pasado, por negociación incompatible.

A la fecha, ninguna de estas indagatorias para determinar responsabilidades funcionarias han tenido resultado y, pese a que la renuncia de Vivanco Pino figura en Contraloría desde noviembre de 2002, varios profesores que tienen juicios laborales contra el municipio aseguran que este abogado sigue actuando como representante de la administración de Romo, incluso en los expedientes laborales rolados como 1.246-2002 y 8.154-2002, figuran documentos firmados por el profesional con fecha de enero y junio de este año.

A estas situaciones "extrañas", ahora se suma la denuncia en contra de Romo y la empresa KDM. Según se establece en el escrito presentado ante la Contraloría, a fines de 2000, la edil junto a un grupo de particulares viajó a Europa por una invitación hecha por la mencionada entidad, hecho que ella misma reconoció públicamente en las sesiones del Consejo Municipal. En tanto, en mayo de 2001 ella misma decidió adjudicar la recolección de los residuos domiciliarios e industriales a Starco S.A. -filial de KDM-, corporación que presentó una oferta que significaba un sobreprecio de más de 227 millones de pesos, con relación a otras.

CUESTIONAMIENTOS A LA JUEZA

Jueza Rosa María Pinto

La magistrada a cargo de instruir el caso, Rosa María Pinto, ha decidido cerrar dos veces la investigación bajo el supuesto de "falta de méritos". En el CDE existe molestia por la lentitud con que ha llevado la causa y, más aún, porque una de las veces que resolvió sobreseerla fue en pleno mes de febrero, cuando los encargados de la querella estaban de vacaciones. Por eso, funcionarios superiores del ente legal llegaron a hablar personalmente con la jueza para que reabriera el caso, pese a que el plazo de apelación ya estaba vencido.

Pero el hecho que produce las suspicacias de los querellantes radica en que existiría un oculto vínculo entre Rosa María Pinto y el abogado de la alcaldesa, Nurieldín Hermosilla. Es un hecho que el hijo de la jueza y también abogado, Alvaro Morales Pinto, es socio del hijo de Nurieldín, Luis Hermosilla, con quien tiene un estudio junto al senador Andrés Chadwick. Si bien este hecho no es una causal de inhabilidad para la magistrado (según el Código Orgánico de Tribunales), si existen cuestionamientos éticos a su decisión de seguir instruyendo la causa, ya que ella no puede desconocer que existe mucha cercanía con el abogado de Carmen Romo.

A propósito de lo anterior, entre los descargos que formularon dos actuarios que fueron echados del tribunal de Rosa María Pinto, hay serias acusaciones en contra de la magistrado que dicen relación con que esa judicatura sería "un territorio ganado" para los abogados Hermosilla, mencionando a lo menos un par de procesos en que la jueza habría acogido recursos presentados por estos profesionales, sin ningún asidero legal.

En lo que respecta a este caso, la magistrada aún no se pronuncia sobre la petición del CDE y sólo se limitó a decretar una veintena de diligencias, lo cual contrasta con el hecho que para el organismo fiscal los delitos se encuentran más que acreditados en el expediente.