Año 3, N°59, Jueves 8 de Abril de 2004
InicioPortadaPublicidad¿Quiénes somos?
Caso Berríos
La guerra secreta entre un espía y un abogado
(Por Equipo El Periodista)Una reunión relatada por el ex coronel Enrique Ibarra en el proceso del Caso Berríos, en la cual participó los mayores en retiro, Arturo Silva Valdés y Jaime Torres Gacitúa, ambos procesados, es uno de los capítulos más desconocidos de esta causa, cuyo contenido revela hasta qué punto pueden llegar las personas que tuvieron un poder casi omnímodo durante el régimen de Pinochet, transformadas hoy en la defensa de intereses personales.


A fines de julio de 2003, el ex jefe operativo de la CNI, mayor (r) Alvaro Corbalán, tomó uno de los teléfonos del Comando de Telecomunicaciones del Ejército en Peñalolén y marcó el celular de un viejo amigo: el coronel (r) de la justicia militar, Enrique "Flaco" Ibarra. Una vez con el auricular en su oído, Corbalán le pidió que "subiera" porque otro de sus "colegas" quería conversar con él... en profundidad. Ese otro, era nada menos que el principal inculpado en el proceso por el homicidio del ex químico de la DINA, Eugenio Berríos. ¿Su nombre? El ex jefe de la Unidad Especial de la Dirección de Inteligencia del Ejército, mayor (r) Arturo Silva Valdés.

Ibarra, un viejo conocido en las lides de los procesos por violaciones a los derechos humanos y nada querido por los abogados que los defienden, accedió a la petición de Silva y llegó hasta la cabaña-celda que ocupaba este último. Cuando entró, Silva no estaba solo, pero sus acompañantes abandonaron el recinto, como si supieran de antemano qué sucedería, escena parecida al beso de la muerte en cualquier película que trata de la mafia siciliana. Silva, en ese momento, salió también de la habitación y fue a la cabaña-celda contigua a buscar a otro de los procesados por la muerte de Berríos, el mayor (r) Jaime Torres Gacitúa, ex escolta de Pinochet. Este instante es el que marca una de las disputas más intestinas entre personajes que colaboraron con la dictadura militar y una de las guerras más soterradas en el caso Berríos.

Una vez los tres estaban solos, Silva arremetió contra Ibarra recordándole que él conocía todas las alternativas sobre la salida de Berríos y también a la autoridad que había dado la orden de sacar al ex químico de la DINA de Chile para evitar la acción de la justicia en el caso Letelier. "De pronto intervino Silva diciéndome que yo debía saber las circunstancias en las que Berríos había sido sacado de Chile, porque la Auditoria General del Ejército (AUGE) había participado en la salida de Carlos Herrera Jiménez -autor material del crimen de Tucapel Jiménez- y de Arturo Sanhueza Ros -ex agente de la CNI- y no tenía por qué este hecho ser distinto", declaró Ibarra a fojas 4.396 del proceso al que tuvo acceso El Periodista.

Entonces vino un giro en el ambiente. "Intervino Silva y me dijo que si acaso yo no me acordaba de haber participado en una reunión con el entonces jefe de la DINE, general Hernán Ramírez Rurange, el brigadier Manuel Provis en 1991 -en ese entonces jefe del Batallón de Inteligencia del Ejército (BIE)- él y yo en calle República. Yo le dije que nunca había estado en tal reunión", sentenció Ibarra ante el ministro en Visita que instruye el caso, Alejandro Madrid, el 17 de octubre de 2003.

La reunión relatada por Ibarra en el proceso es uno de los capítulos más desconocidos de esta causa, cuyo contenido revela hasta qué punto pueden llegar las personas que tuvieron un poder casi omnímodo durante el régimen de Pinochet, transformadas hoy en la defensa de intereses personales.

CACERIAS

Verdad o mentira. Lo cierto es que la reunión en el "Teleco" abrió una arista hasta ese momento no tocado: la relación entre los involucrados y una nueva línea de investigación para el magistrado. Si Eugenio Berríos había estado en el BIE antes de ser sacado del país, la tipificación de una "asociación ilícita" resultaba más sencilla. Fue así como Silva llegó hasta el Ministro para darle a conocer estos antecedentes. Y fue a través de una declaración, como Madrid se enteró de estos hechos y a fines de noviembre del año pasado, decidió cortar por lo sano y hacer dos sui géneris reconstituciones de escena. Una en el BIE y otra en las oficinas centrales de la DINE, en avenida República, en lo que otrora fue la primera casa presidencial de Chile, usada por el León de Tarapacá, Arturo Alessandri Palma.

Para el desarrollo de esta historia es útil recordar que Ibarra estuvo procesado en calidad de cómplice en el caso Tucapel Jiménez por su participación en evitar la acción de la justicia en el caso de Herrera Jiménez, condenado por el entonces ministro en Visita, Sergio Muñoz y luego absuelto por ambas Cortes. Silva, en tanto, no pasó por ese trance. Y Madrid realizó la inspección. Pero no estuvo Ibarra. Sólo Silva, quien le fue describiendo los lugares, las horas, las escaleras de un lugar que conocía al dedillo.

Los hechos que le siguen son, entre otros antecedentes, los principales argumentos que tiene el magistrado para dictar un procesamiento no sólo contra Ibarra, sino también contra quien fuera su jefe el general (r) Fernando Torres Silva, conocido como "el fiscal ad-hoc", en calidad de cómplices de asociación ilícita, o bien como co-autores.

Pues bien, tras varios análisis y siguiendo la línea de toda investigación criminal, el criterio jurídico de Madrid indicaba que debía realizarse un careo urgente entre los involucrados para sacar conclusiones más acabadas. Era el 4 de noviembre de 2003, cuando el juez especial firmó la foja que inició esta diligencia al día siguiente.

Silva Valdés llegó primero hasta el despacho del ministro Madrid, Ibarra lo hizo a los pocos minutos. Silva fue el primero en comenzar. "Me mantengo y ratifico mi declaración. A Berríos lo conocí en el subsuelo de las dependencias del BIE, cuartel al que concurrí acompañado por el coronel Ibarra, aquí presente. Más aún puedo señalar que cuando el general Ramírez Rurange me dio la orden de ir a ver al señor Berríos, me ordenó que me contactara con el coronel Ibarra que trabajaba en la AUGE, lo que hice. Lo concreto es que ambos entramos, vimos a Berríos, se veía bien, lo miramos, ninguno de los dos cruzamos palabra con él. Yo no lo conocía e Ibarra tampoco me lo comentó", dijo Silva a fojas 4.428 del proceso.

Ibarra no perdió tiempo y rechazó duramente la imputación. Silva tampoco perdió el suyo. "Me llama la atención lo expuesto por el coronel Ibarra a quien le tengo aprecio como amigo y lamento que tenga esta discrepancia con la verdad. Porque si yo no conocí a Berríos en ese lugar quiero que me digan dónde entonces lo conocí. Por lo demás el coronel Ibarra no tiene relación alguna con la salida concreta de Berríos a Uruguay, pero me sorprende que niegue este hecho que es evidente y que cumplimos órdenes superiores y no sé por qué falta a la verdad y me perjudica", declaró Silva a fojas 4.429 del expediente.

Como las contradicciones seguían, el magistrado careó posteriormente a Silva, con el entonces jefe del BIE, brigadier (r) Manuel Provis, donde asegura conoció por primera vez a Berríos. Provis, de hecho, llevó la investigación ordenada por el Ejército, tras la muerte del coronel Gerardo Huber a principios de 1992. También fue ex agente de la DINA y la CNI.

La diligencia se llevó a cabo el 6 de noviembre de 2003, cuando Provis también negó la existencia de la reunión que lo involucraba a él e Ibarra con la salida de Berríos. Nuevamente Silva intentó dejarlo en evidencia.

"Mantengo mi declaración y es doloroso para mí constatar lo que Provis dice. Tengo una muy buena impresión de él. Lo conozco desde hace varios años y lamento que esté faltando a la verdad, porque cuando visité a Berríos en el BIE junto a Ibarra, pasé por su oficina, donde le señalé que cumplía una orden del general Ramírez para sacar una persona del país", dijo a fojas 4.439.

El tono de Silva va en aumento en el careo con Provis y llama la atención la importancia que le da a las órdenes superiores, dejando entrever que sus ex camaradas de armas lo único que han hecho durante el proceso ha sido cuidar sus propios intereses, y no han asumido sus propias actuaciones, como debiera indicar la lógica militar del superior y el subordinado, también llamado el Hexámetro de Quintiliano.

La misma diligencia hizo el magistrado con Torres Gacitúa y en buen tono, este último le dijo a Provis que sus negativas en el proceso sobre la reunión era una "actitud impropia de un oficial de Ejército", a fojas 4.444.

VUELTA DE MANO

La venganza de Ibarra contra Silva no tardaría mucho. El 1 de diciembre del año pasado ingresó a la oficina del Ministro con un escrito decidor cuyas primeras líneas decían "abogado por sí". "Durante la comparecencia a este juicio fui careado con el señor Silva Valdés, quien con gran soltura escénica y una actitud carente de la más absoluta veracidad y con intenciones que no me corresponde juzgar, pero que sin lugar a dudas tienden a confundir y engañar al tribunal", escribió Ibarra. A renglón seguido, le recuerda a Silva que "realizó declaraciones antojadizas, con el afán de eludir la verdadera responsabilidad en los hechos, sin medir la gravedad de sus dichos y sin considerar su situación procesal y el daño que provoca con sus actuaciones". Ibarra se refirió así, "muy entrelíneas", a la ayuda que le proporcionó Silva al ministro que sustanciaba el caso Tucapel, Sergio Muñoz, quien le condenó, aunque luego fue absuelto por la Corte.

El golpe de gracia, con el que en todo caso no termina esta guerra de dimes, diretes y mensajes cifrados, lo dio Ibarra: "Los dichos de Silva vienen de una persona procesada que se encuentra en un estado anímico desesperado y que busca cualquier tabla de salvación para aminorar sus responsabilidades", concluye.

LA ACTUALIDAD

El ministro Madrid espera un informe de la Brigada de Lavado de Activos de Investigaciones (Brilac), que deberá dar cuenta de las relaciones entre Berríos y las empresas vinculadas al Comando de Industria Militar e Ingeniería del Ejército. Tanto esos vínculos, como también todas las empresas en las que tuvo participación Silva, entre ellas una dedicada a la conversión de autos a gas natural, tienen al magistrado ad portas de dictar procesamientos por fraude al fisco y malversación de causales públicos, ya que ha configurado que muchos de los dineros fueron usados para cometer delitos.

Hasta donde se ha llegado a establecer, la operación Berríos podría haber costado casi 500 mil dólares, aunque fuentes militares descartan que el costo se eleve a esa cantidad, ya que de acuerdo a un oficio enviado recientemente por el ministerio de Defensa, a cargo de la ministra Michelle Bachelet, asegura que los gastos reservados para el espionaje del Ejército superan con suerte los 250 mil dólares.

Otro detalle no menor es el oficio contenido a fojas 4.784 del expediente firmado por el general Gilberto Sepúlveda del Pino, donde reconoce que el Ejército, tras las salidas del país tanto de Berríos como de Carlos Herrera Jiménez y Arturo Sanhueza, no se realizó investigaciones internas.

Este último punto es vital para que el Ministro pueda encausar a más personas en el caso, y es también la prueba de que la Institución ya no respalda el actuar ilícito de los militares involucrados en estos procesos.

Eugenio Berríos Sagredo fue sacado de Chile por la Unidades Especial de la DINE, en octubre de 1991. Fue asesinado dos años más tarde, y sus restos terminaron enterrados en las dunas de la playa El Pinar, los que aparecieron recién en abril de 1995. Por estos hechos están procesados, por el delito de asociación ilícita para obstruir la justicia, los ex directores de la DINE, Hernán Ramírez Rurange y Eugenio Covarrubias, así como los oficiales de inteligencia uruguayos Tomás Casella, Eduardo Radaelli y Wellington Sarli, cuyas extradiciones está pidiendo el juez a Montevideo.

Por el mismo delito fueron encausados, también, el mayor (r) Arturo Silva, los capitanes (r) Jaime Torres Gacitúa y Pablo Rodríguez Márquez, el funcionario civil Raúl Lillo Gutiérrez y el comandante (r) Manuel Pérez Santillán.

En tanto, el Ministro agregó un segundo ilícito, el de secuestro, al ex jefe DINE Ramírez Rurange, a Pablo Rodríguez Márquez, Raúl Lillo, Manuel Pérez Santillán, y a los uruguayos Casella, Radaelli y Sarli.

El magistrado también encausó, en calidad de encubridor, al coronel uruguayo (r) Ramón Rivas, jefe de la zona policial donde el ex químico de la DINA estuvo secuestrado en Uruguay.

En tanto, le agregó un segundo delito a Eugenio Covarrubias, y le imputó el delito de secuestro con homicidio.

También encausó por infracción al artículo 295 bis del Código Penal -la obligación de los funcionarios públicos de denunciar un delito-, al oficial (r) Mario Cisternas, a los suboficiales Marcelo Sandoval, Nelson Román y a la ex secretaria de la Unidad Especial, Erika Silva.

Por último, como autores de delito de obstrucción a la justicia, procesó al ex agregado cultural de Chile en Uruguay, entre 1990 y 1993, Emilio Rojas Gómez y a Eugenio Covarrubias.

Casos
A 30 años del golpe
Rabie
Cuba
Brasil
Buscador

Ingrese una palabra
Ediciones Anteriores
Columnistas
Redactores
Sala de diálogo
Regístrese

Reciba en su correo a "El Periodista"

Otros artículos de
Lea además
Director: Francisco Martorell
Editora General: Francisca Celedón
Dirección: Sótero del Río 541, oficina 519 Santiago de Chile.
Teléfono: (56 2)662 14 51-662 14 59 Fax: (52 2) 696 88 52.
director@elperiodista.cl

Sitio desarrollado con Newtenberg Engine