Año 3, N°77, Viernes 17 de Diciembre de 2004
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Casos de torturas en Democracia
Ojos bien cerrados
(Por Cristian Opaso)La escalofriante práctica, conocida recientemente, por vez primera en forma masiva y en sus diabólicos detalles, magnitudes y consecuencias, hoy avergüenza a casi todos los sectores y gatilla todo tipo de gestos reparatorios. Pero pocos se imaginan que se siga practicando, casi con total impunidad. Investigaciones e informes de variadas instituciones han reconocido su persistencia. Lo han hecho, entre otros, las Naciones Unidas, el Departamento de Estado de EEUU, Codepu, Flacso, la Universidad Diego Portales y la Universidad de La Frontera.Y no se trataría de uno o dos casos, que de seguro ocurrirán en casi todos los países.


La Corporación de los Derechos del Pueblo, Codepu, el organismo especializado que mas ha trabajado el tema durante la transición, habla de 212 querellas por apremios ilegítimos y torturas interpuestas entre marzo de 1990 a marzo de 1999 y de 162 casos constatados entre los años 1999 y 2003. Otras instancias hablan de un número mucho mayor. El informe anual sobre derechos humanos del Departamento de Estado de EEUU del año 1999 cita cifras de la Corporación de Asistencia Judicial de Derechos Humanos de la Región Metropolitana que mencionan que en 1998 se habían recibido denuncias de parte de 812 personas, el doble que el año 1997.

Por otra parte el año 97 la Corporación presentó 42 casos a la justicia, tanto civil como militar, mientras que al año siguiente fueron 70. De esas, 48 eran denuncias contra Carabineros, 7 contra Investigaciones y 6 contra personal militar.

Las denuncias de tortura en los primeros años de democracia habrían afectado principalmente a activistas políticos de izquierda . La Asociación Internacional contra la Tortura de Nueva York habla de 75 casos de tortura de "presos políticos" entre 1990-1993 y 29 entre mediados del 1992 a mayo del 1993.

Con el tiempo los apremios y torturas se habrían ejercido contra detenidos por delitos comunes. Pero estos últimos años los hechos y los testimonios indican que esta práctica represiva estaría comenzando a ser usada nuevamente como arma de persecución política, particularmente contra el movimiento Mapuche.

Según testimonios verosímiles, en la zona Mapuche estos últimos años, aparte de abusos y torturas contra detenidos -incluido el uso de electricidad-, se están llevando a cabo masivos allanamientos armados en las comunidades, amedrentamientos, golpizas contra comuneros, ancianos y niños e incluso un caso de secuestro por desconocidos y una muerte por disparo. "Como en los mejores tiempos de la CNI y la dictadura militar", lo grafica una declaración emitida el año recién pasado por las mas importantes organizaciones políticas Mapuche.

Nadie desconoce por cierto la enorme disminución de casos de apremios ilegítimos y tortura durante la última década y media, y el hecho de que no haya ahora una política explicita del Estado para torturar impunemente, como la hubo durante 17 años, pero es un escándalo de proporciones el que siga existiendo, aunque sea a mucho menor escala. Y mal que mal, siguen siendo agentes del Estado los que ejecutan los hechos.

EL INFIERNO MAPUCHE

Al profesor José Milellan lo arrestaron unas 12 personas, algunos con uniforme de Carabineros, otros de civil -como tantas veces sucedió en zonas rurales del sur-mientras se dirigía, junto a otros comuneros, de vuelta a su comunidad, la de We Choyum de la zona de Pitrufquén. Los individuos procedieron a golpear al grupo brutalmente con palos y fierros, actuando con especial saña en contra de José. Luego de ser trasladados a la Comisaría de Pitrufquen, éste sufrió una larga noche de dolor. A pesar de que sangraba profusamente del mentón tras una herida recibida cuando -esposado- un carabinero le golpeó la cabeza contra una pared, se le negó la más mínima atención medica. Posteriormente Carabineros, por supuesto, no se preocupó de constatar las lesiones: fractura del maxilar superior izquierdo y múltiples hematomas en distintas partes del cuerpo, que el propio Milellan, valientemente, se encargó de denunciar.

A los hermanos Alberto y Ruperto Ciliñir Painemal de la comunidad José Gineo, del sector Truf Truf se los llevaron, junto a otras cinco personas, a la Tercera Comisaría de Carabineros ubicada en Padre las Casas adonde los hermanos dicen haber sido "sometidos de manera sistemática a sesiones de tortura" durante gran parte de su periodo de reclusión.

Los métodos utilizados habrían incluido golpes en diversas partes del cuerpo, la aplicación del submarino seco (introducir la cabeza del detenido en una bolsa hasta causar su ahogo), y la aplicación de electricidad.

Los hermanos Coliñir Painemal habrían sido torturados el 16 de diciembre de 1999, mientras que José Millalén fue arrestado y torturado en la Comisaría de Pitrufquen el 12 de Octubre del año 2003, el año recién pasado.

Los casos también han afectado a menores de edad. Según el informe alternativo presentado por Codepu a las Naciones Unidas, "Daniela Ñancupil de 12 años, en enero de 2001, sufrió heridas múltiples en su cuerpo, por disparos de balines de goma efectuados por oficiales de Carabineros que regresaban de un operativo en un predio en la comuna de Galvarino. Posteriormente, durante la investigación del caso, fue secuestrada por unas horas e interrogada por desconocidos sobre nombres de personas integrantes de organizaciones indígenas; y a su abogado (Jaime Madariaga) le fue incendiado su vehículo".

El allanamiento masivo a las comunidades, de cientos de agentes fuertemente armados, también ha resultado en lesionados y en un clima de terror entre los comuneros.

"Algunos operativos han sido particularmente violentos, como en el caso de un desalojo en la comuna de Traiguén, el 1998, cuando la policía utilizó unos 200 efectivos para una comunidad de no más de 30 personas, agrediendo a ancianos y niños. Especialmente afectado resultó el lonko (cacique, autoridad tradicional) de la comunidad, con hematomas en su cara y cuerpo", relata Codepu.

Similares hechos habrían ocurrido, según el periodista de El Siglo Cristián Pavez, el 17 de noviembre del 2000, cuando "400 efectivos de Carabineros ingresaron a los terrenos de la comunidad (de Temucuicui). Procedieron a disparar balines de goma, registrar viviendas y detener a comuneros indígenas. Testigos de la acción relataron que los policías profirieron diversos insultos: " Vamos a violar a estos indios. (&) V amos a hacerlos salsa a patadas" .

El racismo y la especial violencia de los Carabineros hacia los Mapuche son contados con lujo y detalles en un documento preparado por una ex pareja de Carabineros que pidió -y ya recibió en el caso del marido- asilo político en Inglaterra.

EL INFIERNO EN CARABINEROS

Myriam Alejandra Solís Fernández, CI 12.667.724-3, nacida el 22 de junio de 1974, ex Cabo Segundo de Carabineros y Julio Cesar Pino Ubilla, CI 12.643.271-2, nacido el 26 de julio de 1973, ex carabinero de Chile, entregaron a la Corte de Inmigración de Inglaterra un elaborado documento en que detallan numerosas casos, con nombres y fechas, de maltrato y torturas a detenidos, y también de numerosos actos represivos internos de los oficiales en contra de sus subordinados, además de casos de corrupción y tráfico de influencias.

"Chile es un país en el cual hace 12 años existe una supuesta democracia, aun así incluso ésta no es respetada por los oficiales de la institución de Carabineros de Chile. Esto es así porque aun en estos días en Chile siguen existiendo las torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, con el cual se contravienen todos los Tratados de Derechos Humanos firmados por Chile".

Con este párrafo comienza el escrito de 37 páginas titulado "Chile: Un país en falsa democracia", redactado por el matrimonio Pino-Solís y entregado a las autoridades de inmigración en Birmingham el pasado 25 de julio del 2003, quienes inicialmente denegaron la petición de asilo, pero que brindaron la medida de protección, por ahora a Pino, finalmente el 13 de agosto.

En cuanto a las torturas, se menciona no solo que estas habrían sido reiteradas en los años de la transición, sino que se están llevando a cabo con particular violencia en territorio Mapuche y que no existirían las condiciones para investigarlas y sancionar a los culpables.

"Mientras pertenecí a la institución, observé en reiteradas oportunidades como se torturaba a detenidos y que lo habitual y impune de estas prácticas en todo el país, convierte a cualquier ciudadano en una posible víctima", escribió Julio Pino.

Se detallan siete métodos de tortura que según la pareja de ex Carabineros constituyen los "métodos más habituales utilizados por las fuerzas policiales en Chile": la asfixia, las palizas, el teléfono, la tortura psicológica, la ruleta rusa, la crucifixión, y la tortura eléctrica.

Respecto a esta última, quizás la más cruel, se señala que: "Todavía persiste su practica en cuarteles policiales, principalmente en aquellos ubicados al interior del territorio Mapuche."

"Normalmente se aplica en partes sensibles del cuerpo como dedos, pezones, genitales o la lengua. Existen dos variaciones: la Parilla y la Picana, dependiendo si la fuente de poder donde se extrae la corriente es fija o portátil. Generalmente es portátil para poder ocultarlas en sus casilleros o botarlos a la basura en caso de algún reclamo o investigación. Para aumentar la intensidad de la tortura se suele arrojar agua a la victima. Sus efectos médicos incluyen dolores agudos, quemaduras, traumatismos múltiples y convulsiones lo que en algunos casos ha provocado paros cardiacos a la victima...".

La declaración hecha por el matrimonio de ex -Carabineros también describe el insólito hecho de que los propios uniformados serían víctimas de torturas durante su entrenamiento profesional, citando el caso de una escuela ubicada en Chiloé:

"En los Grupos de Formación Policial los instructores se dedican solamente a torturar a los futuros Carabineros, como es el caso del Grupo de Formación ubicado en Chiloé, X Región del país. Los instructores gozaban sacando a los alumnos a las 3 o 4 de la mañana, completamente desnudos, a la lluvia, ordenándoles a arrastrarse por el barro, siendo tanto el frío del momento que muchos Carabineros se enfermaron hasta de neumonía. ...en ocasiones lanzaban granadas lacrimógenas a las cuadras o dormitorios. Los Carabineros alumnos en su desesperación, saltaban del segundo piso del edificio, resultando algunos de ellos lesionados. Esto en vez de parecer un grupo de instrucción y de formación de futuros Carabineros, parecía un campo de concentración".

El testimonio de los ex Carabineros que buscaron refugio en Inglaterra menciona también el caso de 10 personas que habrían sido asesinadas por Carabineros en diversas comisarías de Chile, entre los años 1995 al 2000. Ratifica el documento además las torturas que habría sufrido los hermanos Coliñir Painemal de Truf Truf en diciembre de 1999.

Que los Carabineros serían los agentes del estado que estarían más involucrados en actos de apremios y torturas es un dato que se deduce claramente de los informes que analizan la tortura en democracia.

De las 162 querellas criminales (que afectan a 281 personas), presentadas por Codepu entre 1999-2003, en 132 habría estado involucrado personal de Carabineros, en 16 Investigaciones y en 8 personal de Gendarmería.

Carabineros por su parte, señala en datos entregados en el último informe del gobierno chileno al Comité contra la Tortura de la ONU, que en dos años (entre el segundo semestre de 2001 y primer semestre del 2003) se han habían investigado un total de 276 casos por uso de fuerza o violencia innecesaria que había resultado en medidas disciplinarias, equivalentes a días de detención no precisados, en 73 casos y la remoción del puesto o baja de un solo funcionario.

En el informe no se aclara si el único caso de remoción o baja habría sido el del mayor de Carabineros Marcos Treuer quien el 7 de noviembre de 2002 habría disparado y dado muerte el joven Mapuche de 17 años Alex Lemún. Según Rodrigo Lillo, abogado del Observatorio de Derechos Indígenas de Temuco, quien representó a la familia, la sanción administrativa en contra del Mayor, por faltar al reglamento (con resultado de muerte) se habrían limitado a un par de días de arresto, no sabiéndose si su cambio de destinación fue parte de la sanción.

Codepu, en un informe publicado en junio de 1999, señala que de las 212 querellas presentadas entre 1990 y 1999, 171 no estaban siendo tramitadas -la mayoría por estar sobreseídas- y que tan solo en 6 de ellas se había dictado sentencia condenatoria, todas en la justicia militar. Hasta esa fecha solo tres Carabineros habían sido condenados en primera instancia por el delito de violencia innecesaria con resultado de lesiones graves, aunque Codepu añade que "en los casos en que los Carabineros son efectivamente sometidos a proceso o condenados, éstos no permanecen privados de libertad por más de un par de días, además, son recluidos en unidades policiales".

RECUADRO

LA OTRA COMISION DE TORTURA

En mayo-junio de este año, cuando en el país se acercaban nerviosos a declarar ante la Comisión de Prisión Política y Tortura mas de treinta mil personas violentadas durante el gobierno militar, en Ginebra otras personas entregaban documentos y daban explicaciones en la reunión anual de un órgano de las Naciones Unidas, el Comité Contra la Tortura. El 10 y 11 de mayo se examinó el informe obligatorio para los firmantes de la Convención contra la Tortura, que el gobierno chileno había entregado con 7 años de retraso (debía ser entregado en 1997).

Allí se consideraron también las presentaciones, en persona o por escrito, de diversas ONGs chilenas y extranjeras que entregaron informes alternativos al del gobierno, entre ellas Codepu, La Morada, Cintras y la Fundación Instituto de la Mujer.

El 14 de junio fueron dadas a conocer las Conclusiones y Recomendaciones del Comité contra la Tortura. En un informe de 6 páginas la ONU toma nota de 11 aspectos que considera positivos, señala 14 motivos de preocupación y recomienda al gobierno 8 medidas.

El primer motivo de preocupación se refiere al uso de la tortura:

"Las denuncias sobre la persistencia de malos tratos a personas, en algunos casos equivalentes a torturas, por parte de carabineros, la policía de Investigaciones y la gendarmería, y el hecho de que no se proceda a una investigación completa e imparcial de esas denuncias", señala el documento del Comité.

El gobierno en su informe aduce que "la práctica sistemática de la tortura termina definitivamente con la instauración de los gobiernos democráticos...". Sin embargo, Codepu, en el informe alternativo entregado a la ONU aclara que "es un hecho indiscutido que tanto la práctica de la tortura, como de otras graves violaciones a los derechos humanos dejaron en Chile de ser masivas, sistemáticas e institucionalizadas. Este es un dato de la realidad que CODEPU no desconoce y valora dentro del contexto del proceso de transición democrática", agregando a renglón seguido que "no obstante lo anterior, la experiencia institucional inequívocamente indica que esta práctica no está erradicada en relación a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, particularmente de la policía uniformada y Gendarmería de Chile".

Entre los aspectos positivos de los que el Comité toma nota están, entre otros, "la tipificación del delito de tortura en la legislación penal interna; la creación de la Defensoría Penal Pública y del Ministerio Público; la reducción del período de detención policial hasta un máximo de 24 horas; las seguridades dadas por la delegación del Estado parte de que se han creado mecanismos para garantizar que no se admitirá en los tribunales ningún testimonio obtenido bajo tortura y la creación de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura para identificar a las personas que fueron privadas de libertad y torturadas por motivos políticos durante la dictadura militar".

Entre los motivos de preocupación, aparte de la persistencia de denuncias sobre malos tratos y tortura, se señalan, entre otras, que "siguen en vigor algunas disposiciones constitucionales que obstaculizan el disfrute pleno de derechos humanos fundamentales, así como el Decreto-Ley de Amnistía, que prohíbe juzgar violaciones de los derechos humanos cometidas entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1978, y que consagra la impunidad de personas responsables de torturas, desapariciones y otras graves violaciones de los derechos humanos cometidas durante la dictadura militar y la ausencia de reparación a las víctimas de tortura"; "el hecho de que los carabineros y la policía de Investigaciones sigan perteneciendo al ministerio de Defensa, lo que da lugar, entre otras cosas, a que la jurisdicción militar siga teniendo una competencia excesivamente amplia"; y las "limitadas atribuciones de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, cuyo cometido es identificar a las víctimas de tortura durante el régimen militar y las condiciones para obtener reparación."

Respecto a la Comisión, el Comité menciona seis cuestiones que le preocupan, entre ellas el breve plazo para inscribirse, lo inadecuado de una indemnización "austera y simbólica" y no "justa y adecuada" como lo requiere la convención y el hecho de que la Comisión "no tiene atribuciones para investigar las denuncias de tortura a fin de identificar a los autores con miras a su procesamiento".

Curiosamente, el Comité informa que en Ginebra el gobierno chileno habría "expresado garantías" de que el mandato de la Comisión de Prisión Política y Tortura "se prorrogará para permitir que complete su labor".

CITAS

"El Codepu, el organismo especializado que mas ha trabajado el tema durante la transición, habla de 212 querellas por apremios ilegítimos y torturas interpuestas entre marzo de 1990 a marzo de 1999 y de 162 casos constatados entre los años 1999 y 2003"

"En la zona Mapuche estos últimos años, aparte de abusos y torturas contra detenidos -incluido el uso de electricidad-, se están llevando a cabo masivos allanamientos armados, amedrentamientos, golpizas contra comuneros, ancianos y niños e incluso un caso de secuestro por desconocidos y una muerte por disparo"

"De las 162 querellas criminales (que afectan a 281 personas), presentadas entre 1999-2003, en 132 habría estado involucrado personal de Carabineros, en 16 Investigaciones y en 8 personal de Gendarmería"

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