Entre 1973 y 1990, cuando fueron enajenadas varias empresas estatales y que, según la comisión investigadora de la Cámara de Diputados, se produjo una millonaria pérdida para el Estado, no hubo una ciudadanía alerta.

Era un tiempo difícil, oscuro, donde oponerse se pagaba con la vida.

Más allá de las diferencias de opinión que hoy existe sobre ese pasado y la forma en que se llevaron a cabo las privatizaciones, es imposible negar su nula transparencia.

Ese abuso, entonces, es el primero. Aprovecharse de él, sin duda, una falta grave de la que deben dar respuestas los ejecutivos de esas empresas estatales que, desde puestos de privilegio, se aprovecharon de la situación para hacerse de un patrimonio que hoy día es extremadamente abultado.

Legalmente, transcurrido los años, difícil será accionar contra aquellos que traicionaron la fe pública y abusaron del poder. Sobre sus fortunas, sin embargo, siempre estará la mancha del origen espurio.

En democracia, como lo hemos percibido estos días, también ocurren cosas que nos causan estupor, nos dejan perplejos o simplemente no entendemos.

La diferencia está en que, ante esos hechos, contamos con la posibilidad de preguntar, cuestionar y hasta difundir en los medios que tenemos a nuestro alcance. La ciudadanía, entonces, se informa de lo que pasa, hasta de los pequeños contratos y puede actuar en consecuencia. El voto, su forma más concreta, no sólo lo convierte en sujeto activo sino que le permite castigar a aquellos que no hacen las cosas como corresponde.

Pero no es todo.

El chileno tiene la obligación de exigir que haya transparencia en los actos, públicos y privados, que le incumben. Para ello, deben fortalecerse los medios que lo informen adecuada y oportunamente sobre todos los tópicos de esta sociedad.

En esta edición, junto con señalarles los resultados de una comisión que investiga hechos ocurridos hace más de 15 años, le contamos otro que pasa en estos momentos y que tiene ver con uno de los proyectos más ansiados de la ciudadanía, el Transantiago, donde las informaciones que nos han llegado nos muestran que está sufriendo un nuevo retraso por algo inexplicable: las empresas líderes en la materia no fueron capaces, según las autoridades del sector, de presentar propuestas serias para lograr quedarse con la licitación. Los antecedentes que han llegado a El Periodista, sin embargo, apuntan en otra dirección y sostienen que "algo" pasó que obligó a declarar desierto el concurso.

Funcionario alguno, relacionado con el tema, quiso oficialmente dar la cara y explicar los motivos de que millones de chilenos deban esperar aún más para contar con un sistema de transporte que no lo denigre cada vez que debe transitar por las arterias capitalinas.

La transparencia que se nos negó en el pasado ahora nos pertenece.

El derecho a saber está proporcionalmente vinculado con el deber de las autoridades de explicar, con lujo de detalles, qué pasó en una de las licitaciones más importantes del año.