La noticia picó alto. El diario El País de España -para muchos lo mejor que existe en letras castellanas- tituló el pasado 31 de agosto: "Chile intenta bloquear el arbitraje sobre la propiedad del diario Clarín".

Para el influyente matutino de la península, al saber que el fallo estaba listo, porque ello fue anunciado el 29 de julio y se dijo que se daría a conocer en septiembre, las autoridades chilenas hicieron una última movida: recusar al tribunal y a los tres árbitros que desde 1997 estudian la causa que presentó el ciudadano de nacionalidad española y chilena Víctor Pey, tras fracasar en sus esfuerzos por recuperar la propiedad del periódico con la idea de relanzar su publicación.

Pey invocó el Acuerdo de Protección de Inversiones firmado entre España y Chil e para acudir al Banco Mundial.

En su demanda, el chileno-español sostiene que realizó una inversión extranjera de un millón de dólares para comprar las acciones de Clarín.

El tribuna l comenzó a estudiar la causa que solicita una indemnización de 517 millones de dólares, sopesando a la vez los argumentos del Gobierno de Chile. Desde 1997, con miles de horas de trabajo, se avanza hacia el fallo.

Durante este proceso, según denuncia Pey, las autoridades chilenas fraguaron una operación por la cual indemnizó a falsos propietarios que nunca acreditaron la posesión de las acciones, y se negó a devolverle tanto los activos como el edificio del periódico.

El 29 de julio pasado, el tribunal informó que ya tiene su propuesta de arbitraje, la cual sería anunciada en septiembre. Chile, al conocer un trascendido de que la cuenta le sería desfavorable, cuestionó la competencia del Ciadi y recusó a los miembros del tribunal.

EL CLARIN DEL MINISTERIO

La posición del Gobierno respecto del caso "Víctor Pey Casado y otro c. República de Chile" ha sido establecida por medio del jefe de la División Jurídica del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, Claudio Castillo.

El abogado, en representación de la subsecretaría del ramo, remitió un documento el día 3 de agosto de 2005 al Ciade, con el objeto de impedir, en términos legales, la actuación de los tres miembros del tribunal de arbitraje que actualmente llevan el caso de Clarín en Washington.

En la carta remitida al secretario general del organismo, Roberto Dañino, y apelando a las Reglas de Arbitraje del propio ente jurídico internacional, Castillo no sólo recusa a los jueces, sino que también, y conforme a la misma normativa propondría, en un plazo determinado por el procedimiento, a los árbitros que él o su representación considere idóneos.

En el documento, Castillo consigna que el caso de Clarín si bien no es el más antiguo que lleva el Ciade - no obstante ser el segundo de una lista de 95-, sí es el que ha presentado más dificultades para ser resuelto: "& toda vez que en éste no se ha producido ningún laudo ni decisión jurisdiccional de naturaleza alguna".

El abogado de Economía alude a los poco más de siete años que dura el proceso, destacando que, "sorprendentemente, desde la fecha de registro (28 de abril de 1998), se han llevado a cabo tres audiencias (mayo de 2000, octubre de 2001, mayo de 2003) (&) sin que se haya producido una determinación final por parte del Tribunal"; situación que, a juicio del abogado, "constituye un record de ineficacia" de parte del Ciade.

Castillo también señala, como argumento reprobatorio, la acumulación de los gastos en los que han tenido que incurrir las partes; montos destinados a cubrir los honorarios del Tribunal. Desde la fecha de registro hasta diciembre de 2003, refiere Castillo en su recusación, ya se habían gastado 2 millones 260 mil dólares en este orden.

El abogado señala asimismo que, con motivo de una reunión que se celebraría este mes de septiembre en Nueva York para avanzar en el tema, la Secretaría del tribunal solicitó a las partes el dinero necesario para pagar el pasaje de avión de la esposa del Presidente del Ciade, ya que éste no podía viajar solo por padecer de ciertas afecciones cardíacas. Castillo afirma en el documento que esta petición fue acogida por ambas partes. También señala que el Ciade pidió a los involucrados un depósito de otros 500 mil dólares este 18 de agosto.

"Por los motivos expuestos, la República de Chile ha perdido la confianza en este Tribunal", concluye el abogado, explicando, en este sentido, la recusación de los jueces que arbitran el caso de Clarín.

¿La habría perdido si es que en una causa que se juegan cientos de millones de dólares los jueces no hubieran manifestado simpatías hacia la parte contraria?

En Economía dicen que eso son "habladurías" y que actuaron motivados únicamente por las razones que exponen en el escrito presentado en agosto al Ciade. No quieren hablar porque, como dijo Castillo a El Periodista, el Estado no litiga por la prensa.

Pey, por su parte, manifestó su disposición, así lo informa por lo demás el diario El País, a pagar los 250 mil dólares extras que está pidiendo el tribunal.

¿Lo haría si no supiera que está a punto de ser favorecido por los árbitros?

La disposición del Estado, mientras tanto, es nula y, si bien no lo dice, cree que Pey y la Fundación -que en esto lleva el 90 por ciento de lo que se recaude- no son los dueños de Clarín, y que pagarles una indemnización, cualquiera que sea, significará un desfalco al Estado porque éste -entienden- ya canceló a los que sí consideró los legítimos propietarios del matutino que fuera hace treinta años el más popular del país.

UN POCO DE HISTORIA

El Clarín, nacido en 1954, logró constituirse en el líder nacional de lectura.

A la fecha de su subrepticio cierre, el matutino vendía 280 mil ejemplares diarios en la semana y sobre los 350 mil los sábados y domingos. En su redacción se forjaron varios de los nombres consagrados del reporteo y la opinión entre los que se cuentan Augusto Olivares, Alberto Gamboa y Hernán Millas.

El Clarín vio su última luz el lunes 10 de septiembre de 1973. Fiel a su vocación popular su última edición anunciaba en portada un extenso reportaje al ídolo del momento, Carlos Caszely, que conducía a los gráficos del periódico a la casa nueva que habitaría junto a su novia, María de los Angeles.

Eso fue todo, la última y simbólica edición de un diario que fue reflejo de una época y que se despidió inadvertidamente de sus lectores con una insólita afirmación a ocho columnas: "Carlos es un amor".

Varios lustros después de su abrupto adiós, las perspectivas de su renacimiento están cruzadas por reivindicaciones que se ventilan tanto en tribunales nacionales y arbitrajes internacionales como en los pasillos de los ministerios a cargo de la ejecución de la ley de reparación de bienes incautados.

En el centro del debate se encuentra el ingeniero catalán Víctor Pey, pasajero del mítico Winnipeg, estrecho amigo de Salvador Allende y Sainte-Marie y hasta ahora el desestimado reclamante de los derechos de El Clarín.

Lo cierto es que, al margen de las motivaciones que han animado esta polémica, el tenor de las alusiones que han ido brotando apuntan a impugnar los derechos que Pey sostiene mantener sobre el desaparecido diario.

Las cartas más contundentes de cuantas han desplegado los responsables políticos, que desde la administración pública han debido encarar los reclamos de Pey, versan tanto sobre el tema de la nacionalidad como el del cuestionamiento de su presunta propiedad del Clarín.

Ya desde el año 2000 y frente a la cobertura que el matutino español "El País" había brindado al caso, el entonces fiscal del Comité de Inversiones Extranjeras, Juan Banderas, dirigió una fogosa carta al director (11/06/2000) donde señalaba literalmente que "un chileno pretende usar al reino de España para lucrar indebidamente respecto de bienes que nunca le pertenecieron".

Y es aquí justamente donde los argumentos oficiales encaran su desafío más complejo. El tema es que, pese a la renovada contingencia que le ha imprimido la cobertura de prensa, existen antecedentes documentales previos que despejan categóricamente el asunto de la propiedad.

Es el caso de la presentación que, durante el desarrollo del juicio que en 1975 confrontó al Estado de Chile contra "Darío Sainte-Marie y Otros", realizó el Servicio de Impuestos Internos (SII).

En ésta, fechada el 14 de marzo de 1976, el director del SII sostuvo que el total de los títulos de acciones del Consorcio Publicitario y Periodístico S.A. (la sociedad madre de El Clarín) se encontraban, con sus respectivos formularios de traspaso suscritos, en poder de Víctor Pey.

También consignaba al 8vo. Juzgado del Crimen el original, de puño y letra de Sainte-Marie, firmado en cada hoja por el propio Pey, del acuerdo de venta del Diario, titulado "Protocolos de Estoril".

Para terminar, el SII también entregaba los comprobantes de traspaso que desde la cuenta 11235 del Bank Fur Handel und Efferkten-Zurich a nombre de Víctor Pey se había hecho en favor de Sainte-Marie.

A todo esto se sumaba la carta compromiso donde consta, en opinión del SII que "el convenio celebrado en Estoril corresponde incuestionablemente a la venta de las acciones del Consorcio Publicitario y Periodístico S.A."

Fue esta certeza -la de que Pey era en virtud de esta venta el legítimo propietario de El Clarín-, la misma que determinó que en 1995 el propio tribunal le devolviera los títulos y documentos que le habían sido confiscados.

Nota aparte merece la declaración conjunta que en 1975 realizaron, con profusa cobertura de medios, el ministro de Interior de la época, Enrique Montero Marx, y el presidente del Consejo de Defensa del Estado Lorenzo de la Maza.

Según consta en la portada de El Mercurio del martes 4 de febrero de 1975, ambos personeros revelaron los pormenores de la negociación y, dando lectura a un memorando oficial, señalaron: "A raíz de la investigación efectuada por el CDE, conforme antecedentes que obran en poder de ese mismo organismo, el ministerio del Interior ha creído conveniente dar a conocer a la opinión pública el desarrollo de operaciones comerciales y negociaciones relativas a la Empresa Periodística `Clarín' Ltda. y al Consorcio Publicitario y Periodístico S.A. (...) de los antecedentes expuestos y considerando que se encontraron en poder de Víctor Pey todos los títulos de las acciones y los traspasos en blanco de las personas a cuyo nombre figuran esos títulos, resulta que fue éste quien compró el Consorcio Publicitario y Periodístico S.A. y la Empresa Periodística `Clarín', efectuando los pagos correspondientes con 780 mil dólares proporcionados por el Banco Nacional de Cuba, sin perjuicio de los 500 mil que Sainte-Marie recibió con anterioridad."

Todos estos elementos, señalan fuentes del ministerio de Bienes Nacionales, no han sido conocidos ni considerados en el curso de la revisión de las solicitudes que los herederos de los antiguos socios de El Clarín (Juan Venegas y la sucesión de Sainte-Marie, Emilio González y Ramón Carrasco) interpusieron al amparo de la ley 19.568 (Restitución de Bienes Incautados).

La razón, apuntan, es simple: nadie les ha puesto atención, a pesar de que el trámite suponía la posibilidad de que terceros impugnaran los reclamos, si veían legítimamente amenazados sus intereses.

Pey, sin embargo, sí ofició a la repartición; pero sólo para notificarla de que no se haría parte de ningún procedimiento sobre el particular, en atención al juicio arbitral que sobre el mismo tema lo tenía trenzado con el Estado chileno desde 1997 ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, CIADI, una institución dependiente del Banco Mundial en donde se consideran los reclamos vinculados a inversiones extranjeras que atañen a países con convenios de protección y promoción de las mismas (como es el caso entre España y Chile).

Pey sostuvo que había intentado infructuosamente buscar la restitución de El Clarín apelando por escrito al propio presidente Frei y que ante los silencios y las dilaciones optó, en conjunto con la Fundación Presidente Salvador Allende de España, que preside el célebre abogado valenciano Joan Garcés, y a la que ha cedido el 90 por ciento de sus derechos, a buscar reparación por la vía internacional. Mecanismo que además podría entrar a considerar no sólo el pago por los bienes en cuestión sino también por lucro cesante y daños emergentes (fórmula ausente en la ley de reparación) lo que explica la suma de 517 millones de dólares que consta en la reclamación que se ve en Washington.

Respecto al tema de la nacionalidad, las versiones también son encontradas. Fuentes de gobierno insisten en que Pey fue y es un connacional; sin embargo desde el entorno de éste se apuntan antecedentes contrarios.

El primero se refiere a la negativa de las autoridades, que asumieron con posterioridad al Golpe, de entregarle a Pey (que a la sazón se había refugiado en la embajada de Venezuela) un pasaporte para emigrar, en consideración de su calidad de extranjero.

Este episodio se repitió en 1974, en Caracas, cuando el catalán necesitó de carta de viaje para regresar a España y al negarle nuevamente, y por idénticas razones, el pasaporte, debió trasladarse con un documento extraordinario de Venezuela, país que tras consultas a la representación chilena, debió ampararlo como apátrida.

Pero si esto no bastara, en julio de 2001 el Tribunal Supremo de España, el homólogo peninsular de nuestra Corte Suprema, evacuó un pronunciamiento donde establece que Víctor Pey es ciudadano español, y sólo español.

A esto hay que agregar que Pey no ha negado nunca el haber adquirido la nacionalidad chilena, pero cuidándose de recordar que pese a haber llegado en 1939 a nuestro país, el trámite lo realizó recién en 1958 cuando Chile adoptó un convenio de doble nacionalidad con España.

Pero no se detienen allí los argumentos que pretenden desacreditar la legitimidad de la presentación de Pey ante el Ciadi.

Públicamente se ha aludido al vicio original que supone reclamar por esta vía, implementada por un acuerdo bilateral signado por Chile y España el 2 de octubre de 1991 y ratificado recién en 1993, respecto a un hecho: la incautación de El Clarín, acaecido en septiembre de 1973.

Pues bien, resulta que el mentado acuerdo señala en el segundo acápite de su Artículo 2: "El presente tratado se aplicará a las inversiones que se realicen a partir de su entrada en vigor por inversionistas de una parte contratante en el territorio de la otra. No obstante, también beneficiará a las inversiones realizadas con anterioridad a su vigencia...".

A primera vista resulta difícil el entender por qué las autoridades han desestimado las demandas de Pey para, en cambio, atender con diligencia los reclamos de quienes se acogieron al mecanismo excepcional de restitución.

El vehemente catalán, saben quienes han llegado a conocerlo directa o indirectamente, no alberga deseos de lucro. Busca en cambio revivir al matutino y potenciar el programa de becas que la Fundación Salvador Allende brinda año tras año a estudiantes chilenos para estudios de postgrado en España.

Así de complejo se ha tornado el lento y dificultoso camino de El Clarín por volver a las calles de Chile, en un viaje que aventura todavía parada en varias estaciones.