Al enterarse de que el fallo sobre la propiedad del diario El Clarín le sería adverso, el Gobierno de Chile se apresuró a recusar a los miembros del tribunal internacional que dirimen el litigio. Perder el juicio significa no sólo que el Estado chileno debe pagar a Víctor Pey y la Fundación Presidente Salvador Allende, sino que también abre la posibilidad de que el diario de mayor circulación en Chile, confiscado por la dictadura, vuelva a editarse, inquietando a los grandes conglomerados periodísticos del país.