Año 4, Nº95, Viernes 25 de Noviembre de 2005

Estafa en Talca

14 mil campesinos sin luz, un diputado en la sombra

La defensa de cerca de 14 mil campesinos talquinos interpuso una querella por la apropiación indebida de la cooperativa eléctrica que forjaron durante más de 40 años. El diputado RN por el distrito rural de la provincia, Pedro Alvarez-Salamanca, sería, junto a otros miembros de su colectividad, uno de los principales imputados.

"Hemos sido víctimas de gravísimos delitos de apropiación indebida de dineros, estafa, y simulación de contratos por parte de actuales y ex miembros del Consejo de Administración, Junta de Delegados y Ejecutivos de nuestra Cooperativa".

En esos términos se inicia el escrito de la querella presentada ante el Juzgado de Garantía de Talca por la defensa de miles de campesinos "en contra de quienes resulten responsables" de enajenar bienes de la Cooperativa y echarse al bolsillo el dinero de estas ventas.

Los socios de la ahora prácticamente desmantelada Cooperativa de Energía Eléctrica de Talca no aceptan que se las haya despojado de uno de sus bienes más preciados; un patrimonio que les permitió, hasta hace algunos años, poseer activos eléctricos, redes de distribución, usufructos, concesiones, inmuebles...

Las acusaciones del despojo apuntan a ciertos "notables" de Talca, que no habrían dudado en emplear ciertos artilugios para "dar apariencia de legalidad a sus actos, para engañar a los miles de socios que fueron sus víctimas, en su inmensa mayoría campesinos y agricultores pobres, sin medios para procurar la defensa de sus legítimos derechos", según los querellantes.

Y es el propio Jefe del Departamento de Cooperativas del Ministerio de Economía, Mario López Cancino, quien dio origen a esta investigación que la Fiscalía local debe profundizar para hallar los elementos necesarios para un proceso.

TESTIMONIO DE PARTE

De acuerdo a los estatutos de la Cooperativa, la máxima autoridad de la misma es la Junta General de Socios compuesta por sus delegados.

Esta Junta es la que designa un Consejo de Administración, y éste a su vez establece quién es el Gerente de la Cooperativa.

Pues bien: de acuerdo con los antecedentes proporcionados por los querellantes, en 1995 la Junta designó como Presidente del Consejo de Administración al diputado de RN Pedro Alvarez Salamanca, y éste pensó que el mejor gerente debía ser Ricardo Baeza.


El Consejo, encabezado por Salamanca, tenía entre sus miembros a la esposa de éste, Luz Ramírez, y a otros ex alcaldes y algún concejal de la zona, también de RN.

A juicio de los querellantes, fue ésta la administración, "junto a cómplices y encubridores", la que llevó a cabo "un negocio a puerta cerrada, decidido y acordado por una minoría que administraba la Cooperativa como propia y como un negocio privado de un grupo de personas".

El "negocio" involucraba un monto de más de siete mil millones de pesos, entre pasivos y activos de la Cooperativa.

Y cómo fue, según los afectados.

Todo habría comenzado cuando, en julio de 1997, la que fuera entonces la Presidenta de la Junta, Luz Ramírez Sepúlveda, celebró un acuerdo de negociación con la empresa eléctrica Emelectric S.A. "para buscar fórmulas de asociación para la explotación del negocio eléctrico".

Después de varias reuniones, el acuerdo de negociación para la venta de activos y de bienes inmuebles, fue firmado "directamente por los ejecutivos de la Cooperativa, sin que fueran informados ni la totalidad del Consejo de Administración ni el Departamento de Cooperativas del Ministerio", afirman los afectados, denunciando la ausencia de una condición indispensable para legitimar la transacción.

Además, y este es acaso el aspecto más relevante querellado en la denuncia, "con posterioridad a la venta no se dio cuenta a los socios ni a la autoridad administrativa del destino de los dineros obtenidos de la venta de los activos de la Cooperativa". Este, y otros aspectos oscuros incluidos pormenorizada y documentadamente en la querella,

tendrían, como a los principales responsables, junto a los ya nombrados, al actual presidente de la Cooperativa Carlos Leiva Vásquez; a Carmen Sepúlveda, subgerente de Administración y Finanzas de la Cooperativa, al secretario de la misma, Héctor de la Fuente, esposo de esta última; al abogado y fiscal de la asociación, Francisco Pinochet; y a

Jorge Segura, beneficiario de la venta de un inmueble de la Cooperativa, entre otros.

De acuerdo a la querella "parte de los bienes vendidos no eran susceptibles de enajenación por tratarse de aportes fiscales efectuados a través del Fondo de Desarrollo Regional", lo que significa, al parecer de los denunciantes, "un delito de estafa en contra del Estado".

Las que dicen ser las víctimas de este aún no comprobado delito, han recabado información relativa a los bienes adquiridos, y "emprendimientos" realizados, por los que estiman son los autores de la apropiación indebida.

¿El origen del dinero? La investigación está en marcha.