José Chat, dueño de la heladería El Rey de Talca, no necesitó ver la pagina web de la compañía Mapfre, donde la aseguradora dice que su misión, como grupo independiente, es "alcanzar el liderazgo en el mercado de las personas, satisfaciendo sus variadas necesidades de protección y seguridad económica", para contratar los servicios de la compañía que en Chile dirige desde 2004 el español Guillermo García Castellón.

Fue hasta la calle Tres Oriente de su ciudad en la VII Región, llegó al número 1327, simplemente firmó el documento que protegía a su empresa por varios millones de pesos y se fue confiado que el negocio, sus máquinas y el futuro de su familia estaban a buen recaudo.

Mapfre, empresa fundada en 1993 por la Agrupación de Propietarios de Fincas Rústicas de España, como dice en su publicidad, desde ese momento, "protegía su local y el contenido para que daños causados por fuego, disturbios o riesgos de la naturaleza no destruyan su patrimonio".

Chat no necesitaba más. Desde hacía varias décadas que la tradicional heladería El Rey, en un centenario edificio piducano, era paseo obligado de la gente. Le iba bien, estaba esperando que terminara la temporada para cerrar su negocio y trasladarse definitivamente hasta la nueva fábrica, que ya funcionaba en un lugar más amplio y moderno. Ello había sido comunicado a los dueños del inmueble (la sucesión Zaror) y al Seguro, pues no pensaba renovarlo porque se iba, aunque sí ya había contratado a Mapfre para que resguardara su nuevo local en una cifra que bordeaba los 200 millones de pesos.

Un incendio en marzo de 2003, sin embargo, cambió su vida. De lo que con él ocurrió ya se sabe y El Periodista lo ha informado profusamente. Fue acusado de un haber provocado el fuego, junto con el administrador de la heladería, Valerio Bravo; la fiscal Grace Salazar formalizó cargos en su contra y por ello la Justicia lo condenó a 8 años de cárcel, luego de tenerlo detenido 12 meses con prisión preventiva. La Corte de Apelaciones talquina confirmó la sentencia. Alegado el caso en la Suprema, por el abogado Roberto Celedón, ésta consideró que no había motivos suficientes para condenarlo y ordenó un nuevo juicio y que otros jueces intervinieran. Chat fue absuelto, la fiscal Salazas sumariada y luego sancionada con sólo medio mes de sueldo por haber incurrido en errores en el proceso. De los culpables del incendio, como en las películas donde ganan los malos, jamás se supo. Lo claro es que Chat no fue y su administrador tampoco.

Mientras el empresario estaba en la cárcel, su fábrica era desmantelada, sus propiedades embargadas y su familia vivía del apoyo de algunos amigos, la empresa aseguradora, ya dirigida por Guillermo García Castellón, hacía planes para el quinquenio: pasar de las 36 sucursales que tienen actualmente, a 150 en todo Chile, invirtiendo una cifra cercana a los 70 millones de dólares con la meta de controlar el 15 por ciento de mercado en los seguros generales.

La inversión que Chat había realizado durante toda su vida, incluida la nueva fábrica, se perdió durante los 12 meses que el empresario estuvo en prisión porque no tuvo cómo enfrentar las deudas.

DEL GOLF A TRIBUNALES

Guillermo García Castellón poco y nada debiera saber del caso Chat. Sí sabe, como lo dijo en una entrevista, que en Chile "existe una vocación por tener los bienes protegidos" y que además un nuevo mercado que podría explorar su compañía se relaciona con los seguros de responsabilidad civil. A su juicio, está creciendo la conciencia de reclamación en las personas. "Ahora representa muy poco sobre las ventas de Mapfre, pero es un ramo bastante importante en el mundo", comentó, agregando que en otras economías este negocio representa cerca del 10 por ciento de las primas totales, y acá debiera ocurrir algo similar quizás en los próximos cinco años". También sabe de golf, deporte que practica con suma frecuencia.

Lo que no sabe García Castellón es que después de 37 años en Mapfre (comenzó a trabajar en la compañía a los 22) y tras dos desempeñando el cargo de presidente ejecutivo en Chile, donde fue designado para encabezar un cambio organizacional, podría ser citado a declarar precisamente por José Chat en una causa que el empresario talquino iniciará contra Mapfre Chile.

"Mapfre, a pesar de saber que las cosas aseguradas estaban efectivamente en los escombros, adhirió a sabiendas a la falsa acusación de que yo las habría sacado y después habría quemado el local para cobrar el seguro. El propio García Castellón deberá explicar personalmente la desaparición de mis bienes, y consecuentemente deberá explicar también por qué adhirió a la falsa acusación, y aún más, por qué sus abogados, sabiendo de mi inocencia, solicitaron la prisión preventiva, oponiéndose sistemáticamente a mi libertad", dice Chat.

Según el empresario su caso es trascendental para la compañía española. "Imagínese que usted, como cliente de una aseguradora, toma conocimiento de que los abogados de su compañía adhirieron, a sabiendas, a un complot para culpar y encarcelar a un cliente inocente, favoreciendo sintomáticamente con esto a otro cliente mucho más poderoso, y en relación al cual las evidencias de culpabilidad apuntaban mucho más, cobrándole además los daños del siniestro al cliente inocente, sin preocuparse de establecer quién es el verdadero responsable. Y todo eso de forma intencional, a sabiendas. Sin duda usted, además de perder el interés, pasará a tener miedo de seguir siendo cliente de esa empresa, por ser una aseguradora no confiable, una aseguradora que prefiere un cliente en desmedro de otro, y que para no pagar un determinado seguro prefiere meter a su cliente a la cárcel". Para Chat, Mapfre "estuvo de acuerdo" en que lo formalizaran y le dictaran prisión preventiva "en base a mentiras y pruebas falsas, siendo indiscutible que sus abogados sabían de eso. Sabían que la acusación era falsa y aun así pidieron mi prisión preventiva, y se opusieron sistemáticamente a mi libertad, en todas las audiencias".

El empresario sostiene que "los abogados Alex Carocca Pérez, Kléber Monlezum Cunliffe y Marco Lillo, contratados por Mapfre, a través de su Fiscal, Edmundo Agramunt Orrego, adhirieron a sabiendas a la falsa acusación presentada por Grace Salazar en mi contra, de que yo habría retirado de mi local, antes del incendio, la mayor parte de las máquinas, a pesar de tener en sus manos el inventario físico donde figuraban como bienes encontrados en los escombros, la casi totalidad de las máquinas aseguradas".

¿Por qué entonces llamar a declarar a García Castellón? Simplemente porque Mapfre es una persona jurídica que actúa a través de personas naturales, explica Chat. "Cualquier acto ilegal practicado por un representante de Mapfre, no significa necesariamente que la institución está de acuerdo con eso, salvo si quien practicó ese acto en nombre de la empresa sea su principal representante, o si ese principal representante al tomar conocimiento de las irregularidades prefiera sustentarlas en vez de repudiarlas. Entonces, la pregunta es: ¿Sabía la institución Mapfre a qué tipo de ilegalidades se estaba adhiriendo su departamento jurídico y los abogados por él contratados? ¿Sabía que sus abogados extrañamente estaban favoreciendo al otro sospechoso natural del incendio, el propietario del edificio, que pasó de sospechoso natural a víctima, a pesar de ya haber sido investigado por otro incendio intencional, también con uso de acelerantes, y que en la última renovación había aumentado su seguro en casi veinte millones de pesos, curiosamente para efecto de remoción de escombros, y que además tenía una deuda personal en el sistema financiero de cerca de siete mil millones? Esto sólo puede ser respondido, en Chile, por el presidente de Mapfre, Guillermo García Castellón. Yo, sinceramente, no puedo creer que el señor García supiese de tantas y tan graves irregularidades y nada hiciese para impedirlas, pasando a ser cómplice de ellas".

Chat confía, entonces, que una vez que el Presidente Ejecutivo de Mapfre sepa lo ocurrido en Talca y se interiorice del caso no por su Fiscal, sino por una empresa de abogados externos, hará lo que las grandes compañías acostumbran en estos casos: "primero indemnizar los daños causados a terceros, lo que lógicamente es siempre más barato que pagar en juicio, y enseguida perseguir legal y judicialmente a los funcionarios responsables, y a quienes se les hayan coludido, cobrándoles a esas personas todos los costos sufridos por causa de sus conductas ilegales". Y agrega: "Según me informó mi amigo y abogado en Brasil, Helios Nogués, quien se dedica exclusivamente a defender grandes empresas de problemas penales en ese país y que conoce mi caso como nadie y que ya demostró conocer bastante de corrupción, en situaciones como la mía, donde funcionarios y abogados por ellos contratados persiguen intereses particulares, a espaldas de la compañía que los contrató, es común que la información le llegue al presidente ya manipulada por aquellos mismos subalternos deshonestos, y que sólo es posible saber la verdad mediante la aplicación de un riguroso sumario interno".

Es decir, con su acción, Chat pretende que Mapfre realice una "Acción de Reembolso", o sea, la empresa paga por los daños provocados por sus representantes, y después les pasa la cuenta a esos mismos representantes.

"Si el presidente de Mapfre, que además no había llegado a Chile cuando se produjo el incendio, no participó de todas estas irregularidades, tanto él como yo, y sobre todo la Justicia, querríamos saber quién efectivamente quemó el edificio, lo que pasa necesariamente por saber por qué esos abogados adhirieron a sabiendas a la falsa acusación, y sobre todo por qué ignoraron y continúan ignorando la enorme cantidad de antecedentes que apuntan a los propietarios del edificio", dice Chat.

Respecto a este tema, cuando el abogado Monlezum fue consultado por el periodista Patricio Godoy de Chilevisión, para el programa En la Mira, por qué no pidieron investigar a los hermanos Zaror, propietarios del edificio y beneficiados por la aseguradora en una cuantiosa suma, éste le respondió que ellos nada tenían que ver con el caso pues el seguro estaba a nombre de la persona jurídica Sucesión Zaror. Godoy, en su contrapregunta, le hizo ver al abogado que el seguro de Chat también estaba a nombre de la Sociedad Chat Ltda., Monlezum no supo qué responder.

INVESTIGACION CRIMINAL

Chat, quien aún no ha logrado rehacer su vida comercial después del año en prisión, cree que debe hacerse una investigación criminal respecto a los bienes encontrados en los escombros y que luego desaparecieron misteriosamente mientras él estaba preso. "El que participó de ese desaparecimiento necesariamente participó de mi prisión ilegal", sostiene.

En el inventario que tenían los liquidadores de la aseguradora constaba la gran cantidad de especies recuperadas tras el incendio, entre ellas 39 máquinas, lo que desmentía la aseveración hecha por la fiscal de que "al remover los escombros sólo se encontraron dos máquinas", dice el empresario.

Oficialmente, existen tres antecedentes sobre las especies que fueron rescatadas e incautadas oficialmente como evidencia del delito de incendio. El primero, es un informe oficial de los liquidadores contratados por MAPFRE, señores Carter y Saavedra, señalando que por disposición del juez de garantía, Marcelo Vásquez, así como por orden del fiscal Carlos Olivos, la totalidad de los bienes rescatados del recinto siniestrado quedaron incautados y fueron depositados en algún lugar definido por los propios liquidadores, sin informar, entretanto, cuál sería ese lugar. El segundo antecedente es la respuesta de la fiscal Grace Salazar al abogado de Chat diciendo que los bienes asegurados y rescatados de los escombros de un incendio intencional, hecho para cobrar un seguro, no constituían elementos de prueba, y que el destino de los bienes lo decidió Mapfre. El último antecedente es la declaración de los liquidadores que dijeron en el juicio que le habían preguntado a Chat si quería quedarse con esos bienes a lo que él habría respondido que no le interesaban, y que por eso se los regalaron al demoledor. "Esta pregunta jamás me fue formulada. Por el contrario, me advirtieron que yo no podía retirar ni siquiera un repuesto del lugar, dado que por orden de la fiscalía, que a su vez recibió órdenes directas del juez de garantía, todos los bienes debían quedar incautados en un lugar determinado por los propios liquidadores, con la única finalidad de permitir las pericias que se estuvieran realizando en relación a los hechos denunciados, nada más. O sea, no podían ser entregados o regalados a nadie, ni a mí ni a nadie, mucho menos de palabra, o sea, sin un registro oficial de eso". Asegura Chat. Y explica: "como desde el inicio fui acusado por la fiscal Salazar de haber sacado mis máquinas para después quemar el negocio, y como todos sabíamos que eso era mentira, ya que ellas estaban entre las cosas retiradas de los escombros, siendo que la prueba indiscutible de eso era el propio Inventario Físico practicado por los liquidadores oficiales Carter y Saavedra, la fiscal corrupta junto con los abogados de MAPFRE trataron de desmentir ese Inventario, con la complicidad de los propios liquidadores. Yo fui preso el 5 de mayo de 2004. Como la acusación era tan aberrante, poco después de mi prisión, exactamente el 1º de junio, mi abogado presentó una reclamación ante el Fiscal Regional, Fernando Coloma, pidiendo la inhabilitación de Salazar, llamando la atención especialmente para la existencia del Inventario Físico de los liquidadores Carter y Saavedra, donde constaba prácticamente la totalidad de los bienes asegurados. Como usted comprenderá, esto acababa con la acusación en mi contra. Tendrían que acusar a otro, porque mis cosas estaban en los escombros, y consecuentemente yo no tendría ningún interés en el incendio sabidamente intencional. Pero no fue eso lo que ocurrió. La respuesta de Coloma fue dada con fecha 9 de junio. Curiosamente, Coloma no vio en eso, ni en el resto de las mentiras de la fiscal, irregularidad alguna. Por su turno, en 15 de junio, la fiscal, me inclino a creer que advertida por su superior, viajó a Santiago y tomó personalmente las declaraciones de los liquidadores, restándole crédito al Inventario por ellos realizado, diciendo que una buena parte de los objetos encontrados en los escombros era irreconocible, y que ellos habían confiado en mi administrador para hacerlo, lo que claramente es ridículo. ¡Eso no se los cree ni la mamá de ellos! Ellos no confían en nadie, mucho menos tratándose de un incendio que desde el principio se sabía que era intencional".

Las declaraciones de los dos liquidadores, que El Periodista pudo ver, son iguales, ambas fueron hechas en Santiago, el 15 de junio, a la misma hora, y su contenido es el mismo, tiene las mismas palabras, las mismas comas y los mismos puntos. La única diferencia es que fueron impresas en forma diferente. En una de ellas el interlineado es más amplio. "Como todos sabemos que esto no es posible, que dos personas no pueden decir exactamente lo mismo, lógicamente una de ellas es falsa, quien firmó no dijo lo que está escrito. Ahora le cuento el broche de oro de ese episodio: ¿Sabe donde fueron hechas esas declaraciones? En un estudio jurídico en Santiago llamado "Corpus", de propiedad de Alex Carocca y Kléber Monlezum, y en la presencia de estos dos abogados", asegura Chat.

Si bien el empresario dueño de la incendiada heladería El Rey recibió en octubre pasado el pago de Mapfre, apremiado por su situación económica, firmando el documento respectivo, y está convencido de que el fiscal Agramunt tratará de que ello se interprete como una renuncia a todos sus derechos, dice que guarda una carta bajo la manga. "Sólo firmé porque el juez arbitro, señor Eric Chait Ahumada, me garantizó que ese documento significaba únicamente que yo estaba recibiendo lo que tenía derecho en razón de la póliza de seguro. Tengo la convicción que tratarán de usar ese documento para decir que renuncié a todos mis derechos, pero como el diablo enseña a hacer pero no enseña a esconder, Agramunt se olvida de un pequeño pero trascendental detalle, y es que parte de las cosas rescatadas de los escombros y que fueron incautadas bajo responsabilidad de los liquidadores, y que constan en el inventario físico hecho por ellos mismos, no estaban aseguradas. No estaban en la póliza de seguros. Por lo tanto, no podría dar finiquito de ellas en el juicio arbitral, puesto que no eran y no podrían ser objeto de ese acuerdo. Quien me afirmó esto fue el propio juez. Según él, no tenía competencia para tratar de cualquier otra cosa que estuviera fuera de la póliza. Por lo tanto, en relación a esa parte de los bienes encontrados en los escombros, aún soy víctima de hurto o apropiación indebida y quiero saber quién o quienes son los ladrones. MAPFRE, a través de su presidente, nos debe esa explicación a mí, a todos sus clientes y al país entero. No aceptaré explicaciones de ninguna otra persona que no sea el principal representante de Mapfre en Chile, y si no la da él, iré hasta México, donde se encuentra su representante para América latina, y si no lo resuelve México, iré a España, donde se encuentra la matriz de esa conocida multinacional. Insisto, me robaron mis cosas y Mapfre está metida hasta el pescuezo en ese delito".