Año 4, Nº 97, Viernes 23 de diciembre de 2005
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La responsabilidad social del Estado
( Escribe Soledad Teixido )


La responsabilidad social (RS) del Estado es un concepto que para muchos es redundante, ya que afirman que éste tiene un rol social como origen y meta. Sin embargo, es al amparo de esa creencia que el Estado descuida su rol social y deja de innovar.

La RS del Estado tiene dos amplios ámbitos de acción. Por un lado, se encuentra su propia responsabilidad social, la que va mucho más allá de sus obligaciones, así como la de las empresas va mucho más allá del cumplimiento de la ley. Y por otro lado, se encuentra el papel que el sector público debe jugar en el desarrollo y fomento de la RS tanto de las empresas como de la ciudadanía.

En la medida que los Estados y gobiernos se auto-imponen metas de desarrollo económico, social y ambiental que van mucho más allá de sus funciones y de los requerimientos urgentes, es que no sólo cumplen con estos últimos, sino que están fortaleciéndose a sí mismos, generando una cultura de responsabilidad social que permea al resto de las instituciones y con esto, además, cumpliendo con el fomento de la RS.

Ejemplos de conductas responsables socialmente que pueden ser asumidas por el Estado o gobierno son disminuir la brecha entre los salarios máximos y mínimos de todo el aparato estatal (sé que se ha hecho con éxito en algunos ministerios); aumentar la empleabilidad estatal a discapacitados; establecer políticas ambientales sustentables al interior de los organismos públicos; otorgar flexibilidad laboral a mujeres en edad fértil; y así tantos otros que, tal como sucede en las empresas, no pueden ser decisiones aisladas, sino sólo eslabones dentro de una cadena global de RS, una nueva forma de funcionar.

Sobre el rol que le cabe al Estado en el fomento de la RSE, podríamos establecer variados ámbitos, muchos de los cuales son funciones públicas obligadas y muchos que responden exclusivamente a una política de promoción de la RSE.

Es así como, además de garantizar el crecimiento económico y competitividad para que las compañías puedan operar y fortalecerse, el Estado puede llevar a cabo una política de impulso de la RSE a través del fortalecimiento de su rol fiscalizador para garantizar el cumplimiento de la legislación; la reducción de las oportunidades de corrupción y hacer más transparentes los procesos de licitación pública; la contribución al progreso económico, social y medioambiental para lograr un desarrollo sostenible; el incentivo a la capacitación; la entrega de estímulos para facilitar la adopción de prácticas que mejoren el desempeño social y ambiental; la creación y construcción de conciencia ciudadana; efectuar diálogos y asociaciones público-privadas en favor de objetivos más ambiciosos; equilibrar la regulación, los instrumentos económicos y los acuerdos voluntarios; y así suma y sigue.

En la medida que las empresas adoptan la RSE, no sólo se vuelven más competitivas, sino que además colaboran en el mejoramiento de las condiciones sociales de las comunidades, aliviando indirectamente la labor estatal y readecuando la utilización de los recursos públicos. El desarrollo de la RSE se vuelve entonces no sólo estratégico para las empresas, sino también para el aparato estatal completo y los gobiernos que los gestionan.

Es de esperar que la futura administración pública, cualquiera sea su tendencia política, tome conciencia de esta realidad y, aunque no haya aparecido de manera destacada en ninguno de los planes de gobierno de los candidatos presidenciales, la responsabilidad social del Estado sea una prioridad durante los próximos cuatro años.

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