Año 5, N° 121, Viernes 12 de Enero 2007

La ética en política

Aunque en los gobiernos de la Concertación no ha existido esa simbiosis entre lo público y lo privado, característica del periodo militar, sí hay que reconocer la incapacidad que han tenido para frenar el poder fáctico del empresariado. No ha existido voluntad para legislar sobre el lobismo, han sido permisivos con la intervención económica empresarial en la vida política y han avalado el duopolio de los medios de comunicación controlado por el gran capital.


Existe una vieja polémica que vale la pena recordar considerando los acontecimientos que vive el país. ¿La política debe o no someterse a patrones éticos? En Aristóteles la ética y la política aparecen vinculadas estrechamente. La forma más elevada de la vida se alcanza socialmente y, por tanto, las decisiones políticas tienen una inevitable connotación moral.

En cambio, con Maquiavelo, la política es una actividad ajena a la moral, en la que los valores éticos no tienen aplicación y lo único importante es alcanzar el poder, conservarlo y acrecentarlo. En el mundo que vivimos, aunque repugne a la decencia, la lógica del poder independientemente del bien común ha adquirido un carácter dominante. Nos encontramos mucho más cerca de Maquiavelo que de Aristóteles.

Las formas de organización económica que rigen la vida actual no ayudan a esa indispensable convergencia entre la política y la ética. Tanto en Chile como en el mundo entero ha crecido el peso de la economía y el poder de quienes la controlan. Al fortalecerse el poder económico éste exige mayor autonomía respecto de las demás dimensiones de la vida, habiéndose instalado la idea que las leyes económicas son incuestionables e independientes de las decisiones de las personas.

En estas condiciones, la política y el Estado se debilitan y en vez de servir para compensar las desigualdades propias a los mercados se convierten en instrumentos de ampliación del poder económico. Es el triunfo de la economía sobre la política. Así las cosas, los representantes políticos, aunque sean elegidos por la ciudadanía, se ven restringidos en su libertad de acción para acoger y canalizar las demandas de ésta. El sentido comunitario de nación se encuentra debilitado por el predominio del poder económico junto a la presencia de un Estado frágil, que ideológicamente se considera un estorbo. En este contexto se instala la corrupción en Chile y el mundo entero.

Inverlink estafó a la Corfo y Copeva engañó al Ministerio de la Vivienda. En ambos casos, junto al poderío empresarial y a la debilidad estructural del Estado se le agregó una escasa prolijidad pública, gracias a relaciones privilegiadas de esas empresas con funcionarios de gobierno.

El estrecho vínculo entre el sector público y el privado se inició con las privatizaciones de las empresas públicas que impulsó el ex ministro Büchi. El asalto a las empresas públicas durante la dictadura permitió una acumulación extraordinaria de ganancias del empresariado, proceso que favoreció, en particular, a una lumpen burguesía cuyo mérito fue encontrarse en el momento propicio en el entorno de la nomenclatura tecnocrática militar: son los casos de Yuraszeck, Ponce Lerou y de Andraca. Contrariando su propia doctrina, los economistas formados en Chicago utilizaron sus posiciones de gobierno para hacerse de paquetes accionarios o entregar información privilegiada a sus amigos, adueñándose, a precio vil, de las empresas públicas más rentables. Así comienza la corrupción institucionalizada en Chile.

Aunque en los gobiernos de la Concertación no ha existido esa simbiosis entre lo público y lo privado, característica del gobierno militar, sí hay que reconocer la incapacidad que han tenido para frenar el poder fáctico del empresariado. No ha existido voluntad para legislar sobre el lobismo, han sido permisivos con la intervención económica empresarial en la vida política y han avalado el duopolio de los medios de comunicación controlado por el gran capital. Así las cosas, la política en general se ha visto seriamente dañada. En particular, los dirigentes de la Concertación han perdido independencia de acción respecto del gran empresariado. Y, se ha hecho creciente la participación de ministros, subsecretarios y superintendentes de entidades reguladoras, cesantes de los gobiernos de la Concertación, en directorios de empresas transnacionales, Isapres, AFP y bancos. La corrupción se hace inevitable cuando el sistema político es incapaz de fijar límites al poder económico; en particular, cuando se acepta la existencia de vasos comunicantes entre la política y los negocios. Lamentablemente, esto no se está discutiendo hoy día en Chile.

Lo que sí se discute es la malversación de dineros fiscales para beneficiar campañas electorales y operaciones al interior de los partidos. Tema relevante, pero que no debe excluir el vínculo entre los negocios y la política. Los casos de Chiledeportes, los programas de generación de empleos en la Valparaíso y las facturas falsas utilizadas en la última elección parlamentaria son ilegales y éticamente inaceptables; pero, además, afectan gravemente a la democracia ya que distorsionan el funcionamiento de los partidos y el equilibrio interno de poderes. En efecto, el poder que da el dinero mal habido faculta a los responsables de estas anomalías para colocar dirigentes y digitar candidatos parlamentarios afines a su pensamiento y lógicas de poder.

Se puede decir que las personas que transitan entre el mundo empresarial y el aparato público para su propio beneficio político y personal o aquellos que utilizan dineros gubernamentales para alcanzar posiciones de poder son éticamente cuestionables, más allá que, en algunos casos, estén fuera de la ley. La superioridad ética de la Concertación se acabó por su incapacidad para enfrentar este sistema perverso y sobre todo por cometer el grave error de adaptarse a él. Sus dirigentes, en vez de acorralar a la derecha con leyes que disminuyan el poder del dinero en política o con iniciativas que aminoren la hegemonía antidemocrática que significa el duopolio de las comunicaciones, han desplegado sus mejores esfuerzos en cultivar relaciones sociales con ejecutivos de los grupos económicos y con los dueños de El Mercurio y La Tercera.

El mundo que vivimos es peligroso. La pasión por el dinero, que caracteriza al neoliberalismo, se infiltra por todas partes y corrompe no sólo a los espíritus frágiles y ambiciosos sino se ha instalado como una nueva realidad cultural. Simultáneamente, la renuncia a los proyectos colectivos y el predominio del poder personal ha convertido a la política en un negocio más. Si no se realiza un esfuerzo nacional para evitar la corrupción caeremos en las mismas situaciones que tanto hemos criticado a nuestros vecinos. Hay tareas insoslayables, sin duda. Entre otras: asegurar el completo financiamiento público de las campañas políticas; imponer una transparencia absoluta en los dineros del sector público; impedir a las autoridades salientes del sector público asumir contratos con el sector privado antes de tres años de su retiro; declarar ilegal al lobismo; y, promover la existencia de una prensa libre, diversa e independiente del poder económico.

Pero, la existencia de buenas leyes no evitará por sí solas los riesgos de la corrupción. Se requiere un cambio cultural sobre la naturaleza y fin de la política. Mientras se crea, como Maquiavelo, que la política es una actividad ajena a la moral, en la que los valores éticos no tienen aplicación y en que lo único importante es el éxito, consistente en ganar, conservar y acrecentar el poder, los riesgos de corrupción mantendrán viva su amenaza. Si, a la inversa, de acuerdo con Aristóteles, admitimos que la política, como la expresión más elevada de actividad humana, está regida por la ética, debiéramos aceptar que su fin no es el poder sino el bien común. En este caso el poder no es más que un medio a su servicio y éste se encuentra limitado por la dignidad de la persona humana, cuyos derechos esenciales deben no solo respetarse, sino también promoverse. La educación de los jóvenes en la escuela, en la familia y en los partidos políticos resulta fundamental para provocar ese cambio cultural.