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Tras una larga discusión, que comenzó en solitario el entonces senador Jorge Lavandero y con fuerte resistencia al interior de la Concertación, se aprobó en el Congreso una Ley que busca operar como un royalty para la minería, una actividad típicamente basada en el uso de un recurso natural no renovable.
En su sentido original, royalty es una licencia que se debe pagar para la utilización de un bien material o intelectual de un tercero. En Chile, la palabra royalty se ha transformado en un símbolo de la protección de los recursos naturales no renovables frente a su sobreexplotación. Para un país como Chile, cuya actividad económica hacia el exterior depende casi en un 90 por ciento de los recursos naturales, éste es un tema central para la sustentabilidad de su economía.
La Ley que se aprobó no es todo lo que sus impulsores originales querían. Aún así, aquello que no quedó explicitado en la letra de la ley se estableció mediante acuerdos de caballeros. Los recursos recaudados mediante el impuesto a las utilidades operacionales de las empresas mineras en 2006 llegan a los US$ 500 millones, pero sólo se han utilizado US$ 80,5 millones.
Protestan los diputadosEl presidente de la Cámara de Diputados, diputado Antonio Leal, afirmó a El Periodista que está armando un gran movimiento para constreñir al Gobierno a que invierta todos los fondos, no solo una fracción, recaudados por el royalty minero y que los invierta según quedó especificado en el acuerdo que hubo en el año 2004 entre los diputados de las zonas mineras y el entonces ministro de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre. Esto es que favorezca la investigación y el desarrollo de las zonas mineras para cuando decaiga o se extinga la que es hoy una pujante producción minera, la población no quede de brazos cruzados sino que tenga otras actividades económicas que le permitan seguir habitando dichos territorios.
El diputado Leal no está solo. En una actitud similar están otros diputados y senadores de la Concertación y de la Oposición, como el diputado de RN, René Aedo, y el senador Baldo Prokurica. También es crítico del actuar gubernamental en este tema el presidente de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), Alfredo Ovalle.
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Leal afirma que está convocando a los alcaldes, diputados, senadores y comunidad de las regiones mineras.
No les gusta que el Gobierno haya destinado para el Fondo de Innovación para la Competitividad en 2006 US$ 80,5 millones, considerando que el total que las empresas mineras han entregado para el royalty llega a los US$ 500 millones. El diputado René Aedo afirma que hasta la fecha las mineras han entregado US$ 600 millones, a los que hay que sumar el aporte de Codelco, que llegó a US$ 338 millones.
Como se lee, la diferencia entre lo recaudado y lo invertido en el Fondo es bastante grande.
Para ahondar más las discrepancias, el Gobierno ha dicho que no son US$ 500 millones, sino que US$240 millones debido a que los primeros dos años las empresas mineras pueden usar la mitad del royalty como crédito para el impuesto a la renta
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Además, fuentes del Gobierno han justificado los US$80,5 millones del 2006 y los US$ 97,8 millones destinados al Fondo de Innovación para la Competitividad 2007, diciendo que mientras no tengan una ley que los obligue a invertir en determinadas materias, han optado por estas cifras que responden al precio promedio de largo plazo del metal. El resto lo guardarán como activo financiero a la espera de que se decida su destino. Peor sería, dicen en el Ejecutivo, no hacer nada y esperar que el Parlamento resuelva.¿Resuelva qué? Que apruebe el proyecto de ley sobre el Fondo de Innovación para la Competitividad que está en el Senado.
Un royalty que no es royalty
Sí, porque cuando salió la ley del royalty no tenía amarrada -como toda ley de royalty debe tener- los destinos de los fondos que se acumularán. Esto ocurrió simplemente porque lo que hay no es una ley de royalty, sino que es un impuesto a las utilidades operativas de las empresas mineras de tamaño grande. Esto quiere decir que lo que se recaude por este fondo específico va al fondo común del Estado y de ahí el Gobierno puede distribuirlos como mejor lo estime.
El proyecto original del royalty, que incluía el destino de los fondos a innovación, fue rechazado por la Oposición, y ante la disyuntiva de esperar un año más para insistir en el mismo proyecto o crear uno nuevo que no requiriera de quórum calificado, la Concertación optó por esta última opción. Todo terminó en la actual ley de impuesto específico a las utilidades operacionales de las grandes empresas mineras y con un proyecto paralelo que busca crear un fondo para administrar los recursos del impuesto específico.
Ahora este proyecto del fondo está empantanado en el Parlamento. Aparentemente no le gusta a nadie y por eso no ha sido aprobado. Leal dijo que era un proyecto malo y Aedo dijo que era muy malo. Una alternativa para salir del pantano es que el Ejecutivo retire este proyecto y envíe otro que entusiasme a los parlamentarios.
Pero el diputado Leal y otros no se resignan a aceptar estos hechos. Fueron los parlamentarios que impusieron la idea del royalty y la del fondo para investigaciones que favorecieran a las regiones y a su juicio tiene mucho peso el protocolo firmado con el entonces ministro Eyzaguirre.
Leal afirmó que votaron el proyecto de impuesto específico poniendo como condición que el Gobierno firmara el protocolo, que hasta ahora no se está respetando. Aedo afirmó que es necesario legislar a la brevedad sobre este tema para evitar la discrecionalidad que ha aplicado el Ejecutivo.
Así los honorables parlamentarios están en rebelión, exigiendo lo que consideran suyo, o más bien de sus representados.
Palabra de Eyzaguirre
Aparentemente quien encendió la mecha fue el mismo Nicolás Eyzaguirre, cuando días atrás, en su calidad de presidente de la Comisión de Innovación para la Competitividad, creada por Decreto Supremo por la Presidenta Bachelet, declaró a un matutino de la capital que "no necesariamente todos los recursos recaudados por el impuesto específico irán al fondo de innovación. En Chile los impuestos no se pueden marcar asociándolos a un fin, está prohibido por la Constitución. Lo que hay en la Ley del Fondo de Innovación es un compromiso del Ejecutivo a dedicar una cierta cantidad. Lo que el gobierno comprometa cada año al fondo no tiene por qué tener relación con lo que está recaudando el impuesto a la minería".
Eyzaguirre agregó que el ex Presidente Ricardo Lagos y la Presidenta Michelle Bachelet asumieron "un compromiso de hecho, pero no de derecho", para destinar una cantidad similar a la recaudada vía royalty en el fondo, "pero, año a año, será un problema de voluntad política si se pone en el fondo más, menos o igual cantidad que lo que se está recaudando".
Luego de leer estas palabras se comprende la reacción de los diputados. Además, los parlmanetarios no solo están en completo desacuerdo con que el Ejecutivo siga entregando a su discreción los fondos de la minería, sino que además consideran que los paupérrimos montos distribuidos a través de la Ley de Presupuesto no están favoreciendo a las regiones. "No me basta con que Eyzaguirre diga que una parte importante de los recursos va a proyectos regionales cuando esos proyectos los realizan empresas de la Región Metropolitana", llegó a decir Leal.
El conflicto está planteado. Solo cabe esperar que no se transforme en una brega de "egos" y que sus protagonistas no olviden que lo que está en juego es trabajar por la sustentabilidad de las regiones mineras ante posibilidad cierta de que la minería decaiga o se extinga.