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El empresario José Chat, que fue acusado de haber incendiado su fábrica para cobrar el seguro y condenado a 8 años por ello, pero que salió en libertad cuando la Corte Suprema anuló la actuación de los jueces y desestimó las pruebas de la fiscalía, quiere recuperar todo lo que perdió durante el año que estuvo preso.
Inició para ello acciones judiciales contra la aseguradora Mapfre, la fiscal adjunta Grace Salazar y todos los que, según él conspiraron, para enjuiciarlo (ver El Periodista 122). Solicitó, además, que se le mostrara una supuesta Orden de Investigar (OI) de la Brigada Antinarcóticos, que lo acusaba de tráfico y que la fiscal Salazar utilizó para solicitar que su teléfono fuera intervenido durante 60 días.
A pesar que en dicha solicitud dice que Chat está "imputado" en la investigación, Miguel Gajardo Lizama, titular (s) de la Fiscalía de la VII región en enero cuando esa repartición recibió la denuncia del empresario contra Salazar para que explique su accionar y "presente la Orden de Investigar número 5.666…", la desestimó argumentando que no se trataba de una OI sino un Informe Policial y que como Chat no era "imputado" no tenía derecho a conocer esos documentos. Lo curioso, es que no hay más personas que el propio empresario en esa investigación antojadiza y que la propia fiscal dice que se trata del "imputado" y que inició porque se hablaba de un "José" que vendía droga en la zona.
Chat, entonces, recurrió a Guillermo Piedrabuena para que, en su calidad de fiscal nacional intervenga en el caso y ponga algo de orden en Talca. "¿Por qué, se pregunta, si la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público hace especial hincapié en la transparencia del actuar de los fiscales, se me niega sistemáticamente un derecho tan elemental como es el tener acceso a los documentos que solicito