No es un tema cómodo pero debe tratarse y, sin duda, más de alguna voz se levantará por estas líneas. Pero, definitivamente, hay algo que no se está haciendo bien y ello está íntimamente relacionado con la judicialización que están viviendo diversos desarrollos productivos, especialmente los que se relacionan con la minería y que implican un impacto al medio ambiente.

El nuestro, es un país minero por excelencia y -por eso- esta actividad tuvo la mayor protección para que se desarrollara, ya que estábamos ante el único sueldo de Chile.

Si en algún momento pareció que dejábamos atrás esa dependencia, el alza del precio del metal rojo en el último tiempo nos hizo nuevamente cobreadictos.

Chile se desarrolla y crece en la extracción y la actividad minera, como otros procesos productivos importantes, requieren de una gran inversión. Si queremos que ella continúe, entonces, debemos ser capaces de generar una estructura que, así como defiende el medio ambiente, se preocupa del entorno y asegura que los compromisos se cumplan, garantice a las empresas una continuidad de su desarrollo cuando hacen las cosas bien.

Este es el punto polémico. Como la institucionalidad ambiental no funciona adecuadamente, las empresas mineras y otros procesos productivos que cumplen las normas, se ven enfrentados a un sinnúmero de juicios que no siempre tienen como fin la búsqueda del respeto del medio ambiente sino el enriquecimiento de los vecinos aledaños a las zonas de producción.

En definitiva, entonces no gana el país, nadie garantiza que las cosas se estén haciendo bien y las empresas, más preocupadas que atenuar el impacto que producen al entorno, se ven obligadas a negociaciones espurias que, muchas veces, dejan perplejos a todos los actores, incluidos los ambientalistas, inmersos dentro del proceso. ¿Ganamos nosotros? ¿Ganan las empresas? ¿Gana el medioambiente?

Hoy son dos los proyectos que viven problemas en el sistema judicial, uno privado y otro estatal, los cuales, sumados, superan largamente los mil millones de dólares.

Se trata de la construcción de una tubería de drenaje en la división Andina de Codelco, obligada a detenerse por decisión de la Primera Sala de la Corte de Apelaciones y el tranque El Mauro, de minera Los Pelambres, en la IV Región.

Para los inversionistas, especialmente en el caso privado, se trataría de un acoso legal. Y, si se estudian los pasos que se dieron previo al inicio de las faenas, están en lo cierto porque ambas empresas jugaron con las cartas que distribuyó el Estado de Chile.

El proyecto de tranque de El Mauro, por ejemplo, pese a haber sido visado en el sistema de evaluación de impacto ambiental, habiéndose agotado todos los recursos de reclamación dentro de esa institucionalidad, ha sido virtualmente bombardeado por una serie de juicios, no necesariamente en contra de la empresa, sino la mayoría de las veces de terceros, buscando paralizar la obra o generar situaciones de presión que lleven a negociar a la minera.

Hasta ahora son ocho los juicios que cuestionan desde los permisos ambientales del proyecto hasta aquellos sectoriales relacionados al agua, entre una diversidad de otros temas, incluyendo la acción de abogados que recorren las comunidades para encontrar y levantar situaciones de insatisfacción o quejas contra el proyecto.

Se indica que la metodología utilizada es ocupar mecanismos jurídicos que mejoren la posición negociadora de algunos particulares, siempre apuntando a complicar el escenario de los proyectos u operaciones, buscando forzar así a la compañía a negociar una salida extrajudicial mediante compensaciones económicas.

En ese contexto, en el caso de Pelambres, ya son cinco las solicitudes de paralización que ha enfrentado El Mauro, hasta ahora todas denegadas. Codelco, por su parte, tendrá que ir a otra instancia para superar el impasse productivo.

Al no existir la especialidad en el Poder Judicial, ante la debilidad que pareciera tener la institucionalidad medioambiental, la judicialización tiende, entonces, sólo a favorecer a algunos pocos.

Ambientalistas y empresas, convocados por el Gobierno, debieran sentarse a conversar estos temas, dejando de lado sus enfrentamientos y prejuicios, para darle una salida racional a un problema que, empatado como está, sólo perjudica al medioambiente.