Año 5, N° 128, viernes 18 de mayo 2007

Caminos rurales

¿Le saco la sal?

La débil regulación ambiental nos pone en una encrucijada en que la sal se torna personaje principal de debate. Su uso en algunas construcciones del MOP despierta recelo entorno a sus propiedades contaminantes. El tema ambiental, tan en boga en estos días, parece tener otro hito de discusión. Sin embargo, su aplicación no está en entredicho.


"La ciudad fue arrasada y se esparció sal sobre sus campos, para que nada volviera a crecer en ellos". Así culminan la totalidad de los relatos de las Guerras Púnicas donde Roma venció a Cartago. Pese a la distancia en tiempo y espacio, la sal vuelve a ser protagonista, con otros fines, en otras obras, pero igual de polémica.

La dirección de Vialidad del ministerio de Obras Públicas desde 2004 puso en marcha el programa "Caminos Básicos 5000" con el propósito de "aumentar y potenciar la ejecución de obras a nivel de mejoras de la superficie de rodaduras de los caminos públicos rurales no pavimentados".


El objetivo principal de "contribuir al desarrollo del país, a la superación de la pobreza y de apoyo a la economía productiva rural" poseía una pequeña contradicción: el tipo de solución básica a usar para lograr dicho objetivo.

Se presentaron diferentes estabilizadores, siendo los más comunes la aplicación de cloruro de sodio (sal) y hexacluro de magnesio (Bischofita), ambos lograban a la perfección su función de matapolvo, aplanador de la vía, al mismo tiempo de deshelar el camino en casos necesarios, evitando accidentes.

Sin embargo, según informes técnicos, el uso de estos compuestos contravendría la Norma ISO serie 14.000 de calidad ambiental, que conllevaría un deterioro del suelo y plantas, aumentando a la vez los niveles de contaminación antrópica. Esto se opondría a la política ambiental y de desarrollo sustentable impulsada desde el ministerio.

Si bien, el uso de estas sales es aceptado mundialmente, existen informes que explican los altos riesgos de su aplicación y el perjuicio que ocasionan en suelos, plantas y aguas superficiales y subterráneas.

Para Gabriel Mancilla Escobar, Ingeniero Forestal, magíster Ph.D. en Ciencias de la Ingeniería, y profesor de la cátedra "Uso y conservación de suelos" en la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad de Chile, "ese es un problema que tenemos los chilenos, porque lo que se usa afuera tendemos a aceptarlo como positivo, siendo que nuestras condiciones y suelos son distintos".

Argumenta que "puede haber suelos -y vegetales- que fijen de manera brutal estos compuestos y nosotros no sabemos. Hay que evaluarlo antes de usar y hasta qué concentraciones hacerlo. Porque si la usas cuatro veces al año, puede que no pase nada, pero también puede ser que se te muera todo, no se sabe. El MOP debería saberlo, si no, esto debería acogerse a la ley ambiental". Consultado el ministerio, no obtuvimos respuesta.

Lo concreto, es que los efectos de la mayoría de estas sales afectan a los primeros metros aledaños al camino. Normalmente la vegetación que está a los costados comienza a verse afectada por ellas, principalmente por el cloruro que tiende a causar toxicidad en las plantas. El magnesio puede no ser nocivo, incluso las plantas lo necesitan para vivir, pero tiene un efecto corrosivo en metales y afecta a los automóviles.


Mancilla concluye que "la acumulación de sales puede causar estrés en la planta por asunto de osmosis, produciendo que no absorba tanta agua como debiese y comience a morir". Por ejemplo, está comprobado que hay ciertas coníferas que sí son afectadas por el magnesio, especialmente aquellos que se ubican en los primeros 3 a 10 metros desde la ladera, por eso se empiezan a marchitar. Los árboles grandes muestran síntomas pero no mueren, los chicos sí. Finaliza: "Según las evidencias que hay, el uso de sales causa un pequeño daño, pero no sabemos de su tamaño real. Sobre la uva, ¿se ha hecho algún estudio? No, entonces no podemos aplicar más la sal". Por ejemplo, en la séptima región, "zona que en actividades agrícolas es una de las primeras del país y que en el ámbito forestal se inscribe con un 25 por ciento del total nacional" según fuentes del gobierno regional, se aplicaron 5 mil 224 toneladas de sal en caminos licitados desde el 1 de septiembre al 23 de octubre de 2005, tanto en carpetas granulares como en salmuera, lo que seguramente a futuro influirá en el comercio. A los datos antes expuestos hay que sumarle que fue la región del Maule a la que estimativamente se le destinó un mayor uso de cloruro de sodio en el país -394 Km.- para la obra proyectada entre 2003 y 2006.

Llamativa es la existencia de un substituto a las sales, en base a tecnología enzimática, de costo parecido, menos contamínate, que el ministerio ya habría ocupado en algunas locaciones. Pero que, al parecer, no cuenta con el visto bueno de las autoridades por el desconocimiento de sus resultados, al tratarse de una técnica nueva.

A pesar de lo anterior, el uso de sales en caminos rurales es altamente ocupado, por sus beneficios directos, en desmedro de su perjuicio a largo plazo. Su utilización no finaliza con la conclusión del proyecto "Caminos Básicos 5000" y su aplicación es a lo largo y ancho del país.

Pero donde representa un mayor problema al emplearse es en las regiones lluviosas, como la VII región. Ahí la experiencia no sirve de mucho, pues se necesita repetir de forma seguida, siendo por ende, el efecto contaminador mayor, de secuelas acumulativas, sobre todo en las plantas.

No obstante, al no encontrarse explícitamente regulada la acción en la Ley de bases de medio ambiente (19.300), la actividad no puede someterse directamente al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), a pesar de que muchos de sus artículos pareciesen indicar lo contrario. Así lo deja ver el actual director del Centro de Investigación en Derecho Ambiental de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Sergio Montenegro, quien indica que de existir efectivamente contaminación "está la posibilidad de que algún particular que sea directamente afectado por la actividad, una ONG ambiental o una municipalidad de la zona, interponga el recurso de protección ante la corte de apelaciones correspondiente".

El problema parece ser de carácter ético-moral y no legal, al estar fuera del alcance de las instituciones públicas encargadas del tema. Lo que pone en el tapete nuevamente la debilidad del sistema de protección del medio ambiente existente en nuestra Constitución.