"Hoy es un buen día para el Fujimorismo", sostuvo el vocero de Alberto Fujimori, cuando se enteró que en Chile el ministro instructor de la Corte Suprema, Orlando Álvarez, rechazó la solicitud de extradición realizada por la justicia del país vecino del ex mandatario peruano para continuar los procesos en su contra por graves violaciones a los DDHH durante su gobierno.
Si bien aún queda la instancia superior, la Corte Suprema en pleno, la noticia causó sorpresa tanto en Chile como en Perú, generando un malestar mayúsculo en las agrupaciones que defienden la vida, especialmente si se considera que otro funcionario del Poder Judicial chileno, la fiscal Mónica Maldonado, había recomendado enviar al Perú al cuestionado ex presidente.
"Así es nuestra justicia chilena, somos independientes, la fiscal puede pensar de una manera, el ministro decide de otra y la Corte Suprema puede decidir de otra también", señaló Maldonado.
Difícil de entender, tratándose de los mismos cuerpos legales, pero así será.
Mientras esperamos al tribunal de alzada, debemos recordar que Fujimori, está acusado en su país de asociación ilícita, homicidios, secuestros y desaparición forzada de personas. Llama la atención, entonces, que para Álvarez no se acreditara su participación, dijera que en algunos casos debía aplicarse la prescripción y que, además, muchas de las acusaciones en Chile no configuran delito.
¿Por qué no enviar al peruano de vuelta al país que gobernó con mano de hierro para que fueran investigadas las acusaciones en su contra? ¿No fue ese, hace algunos año, el argumento que se utilizó para traer a Augusto Pinochet desde Londres, invocando incluso un asunto de soberanía?
Resulta extraño que, tras un lento año de tramitación, cuando Fujimori anunciaba una candidatura al senado japonés para seguir evitando su responsabilidad, un ministro de la Corte borre el trabajo de una fiscal aplicada como es Maldonado.
Fujimori, como todos los acusados por violaciones a los DDHH, tiene la obligación de responder por sus actos y el ex mandatario peruano, que se fugó de la presidencia de su país y se asiló en Japón, debe hacerlo a la brevedad.
Chile, por su historia, no puede ser un refugio para quienes cometieron crímenes de lesa humanidad.
La Corte Suprema tiene la obligación de revisar la actuación de Álvarez, volver sobre sus pasos y darle una oportunidad a la justicia peruana, más allá de los problemas políticos que pueda generar la decisión en Lima, para que cierre un capitulo doloroso de su historia reciente.
De lo contrario, será un mal año para los DDHH.