Es hora de política no de economía

Las movilizaciones que han acompañado a los gobiernos concertacionistas hoy se transforman en una variable política y estratégica de impacto incierto y que abre un escenario de inquietud en el sector privado y entre quienes conducen la política económica del país.


En distintos países de América del Sur, se han producido desde hace un tiempo, movilizaciones que han tenido destinos diversos. Algunas han logrado generar cambios sustantivos al interior de los países, haciendo renunciar a Presidentes y llegando a la elección de líderes que se han denominado populistas, pero que en verdad terminan siendo una extraña mezcla entre posiciones socialistas tradicionales, nacionalistas y autoritarias entre otras.

Si bien la combinación se modifica según sea el país de que se trate, uno de los elementos centrales de adhesión a las movilizaciones tiene que ver con la evidente inequidad social producto de la mala distribución del ingreso y la riqueza como también de la carencia de mejores condiciones de vida para sectores medios y, especialmente, aquellos que están en, o bajo, la línea de la pobreza.

Como sea, las expectativas sociales no se han hecho realidad y ello ha dado como consecuencia una capacidad de adhesión o convocatoria que ha reforzado un estilo de movimiento social que construye su discurso a partir de la realidad y no como producto de un mandato ideológico.

Si observamos la capacidad organizativa demostrada por las movilizaciones en algunos países, es dable sostener y hay evidencias suficientes en los medios de comunicación y portales de movimientos políticos, que hay un apoyo directo de colectividades tradicionales como el Partido Comunista y una serie de movimientos políticos escindidos de éste y movimientos nuevos de origen marxista en sus distintas interpretaciones, que se autodenominan anárquicos o colectivos que reúnen simple intereses ciudadanos.

El discurso convocante se refiere a toda aquella documentación y argumentación que proviene del Foro Social de Porto Alegre que enfatiza la anti-globalización, clama por justicia social, enfrenta directamente al neoliberalismo, el pensamiento único y la necesidad de construir una democracia inclusiva, diversa y altamente participativa entre una variedad de otros aspectos. Las áreas preferidas de acción en lo social, se refieren a la educación y salud preferentemente, mientras que en áreas productivas se focalizan en aquellas vinculadas a materias primas o sector primario de la economía, como forestales, mineros y pesqueros.

Ahora bien, y conforme señalábamos al inicio, las movilizaciones se han hecho habituales en América Latina en general, al punto de transformarse en un problema político de relevancia en la gestión, en la medida que se exige una capacidad democrática para superar los conflictos que, los componentes de la elite y del gobierno, han sido poco exitosos en articular de forma creíble y viable.

Sin embargo, focalizarse solamente en el apoyo mostrado por el Partido Comunista y otros movimientos, expresado en la planificación y organización de las movilizaciones, constituye una aproximación reduccionista, pues el tema prioritario es reconocer la legitimidad del contenido de las demandas y tomar debida nota de que éstas, en la medida que se retroalimentan de las frustraciones y necesidades sociales, ostentan un grado de legitimidad social y política que es ampliamente transversal.

Todo lo anterior se ejemplifica en el conflicto que hace mas de 30 días mantienen los trabajadores subcontratistas con Codelco. En una primera aproximación, éste responde a la confrontación entre las lógicas económicas del manejo político versus la necesidad de plantear soluciones políticas a las demandas sociales de origen económico. Este conflicto es el resultado de un proceso –y por tanto absolutamente previsible– donde las "almas de la Concertación y del gobierno" también han jugado su rol, ya sea para abrir espacios de influencia política y sindical o bien para rigidizar las posiciones económicas de la gestión gubernamental defendidas por un sector.

Independiente de la solución que se pueda alcanzar, es posible afirmar que dicha movilización tendrá más elementos de triunfo que de fracaso, en la medida que los beneficios obtenidos y espacios ganados constituyen un capital político que tendrá repercusiones en otros ámbitos, ya sea específicos como la negociación inter-empresas o generales como la validación del movimiento sindical para obtener mejores condiciones laborales.

Las movilizaciones que han acompañado a los gobiernos desde su inicio, hoy día se transforman en una variable política y estratégica de impacto incierto, pero que claramente abre un escenario de inquietud en el sector privado y entre quienes conducen la política económica del país.

El tema de fondo, sin embargo, no es económico sino que netamente político. En la medida que se insista en resolverlo bajo el primer prisma, se estarán dando las condiciones para un proceso político altamente conflictivo, complejo y con características de un problema insoluble que afectará la gobernabilidad democrática.

La negación a reconocer este conflicto como político, se expresa en que se ha demorado poco menos de 30 días en llegar a la agenda política del país. Lamentablemente, lo hace cuando está consolidado. El gobierno, empresarios, medios de comunicación, partidos políticos y otras instancias –la Iglesia Católica, por ejemplo, reapareció en la defensa de temas sociales– cometerían una equivocación mayor si sólo se centraran en los argumentos ideológicos sin abrirse a una evaluación política y estratégica del mismo. El fundamento puede plantearse de forma simplista pero contundente: si los trabajadores del cobre, independiente de que sean subcontratados o no, no logran beneficiarse de la bonanza económica del país en virtud de una suerte de fijación en la reducción de costos pero no necesariamente en la eficiencia, es evidente de que el acceso a mejores condiciones económicas es lejana y casi impracticable. En este caso, la frustración social y la falta de cumplimiento de las expectativas proveen de la legitimidad social y política.

Al efecto, el gobierno ha privilegiado la economía para superar los bolsones de pobreza, pero no ha logrado diseñar y construir mecanismos democráticos que posibiliten a los actores económicos, estatales y privados, ser los protagonistas de una mejor redistribución del ingreso ni de la riqueza. Para eso se requiere un Pacto Social en el cual nadie, de quienes les corresponde, está interesado en propiciar.

Es interesante destacar que el partido comunista así como otros movimientos, tiene en todos los países, una baja capacidad de convocatoria electoral y sin embargo está en el centro de todos los conflictos. Es evidente de que ello es así no sólo por su propuesta ideológica.

Si se plantean escenarios futuros, necesariamente habría que considerar que éstos, una vez consolidados, se transforman en motores de cambio político y en una instancia de participación que los partidos ni los gobiernos tienen posibilidad de detener. En definitiva, todo se resume en que llegó el momento de defender la política en un régimen democrático y no la economía en una democracia.