Desde que Cristóforo Colombo pisó América en 1492 los conflictos interculturales no han cesado. Acá en nuestra larga e irreflexiva geografía, éstos se han caracterizado por oscilantes estadios. Paz, guerra, sumisión, discriminación y luchas recuperativas forman parte del mapa contextual extendido hasta hoy.

Durante distintos períodos en la historia de Chile las diferentes –y antagónicas visiones– aparecen mostrando una suerte de incompatibilidad entre las demandas exigidas y las ofertas propuestas por el Estado, las que previo a la recuperación de la democracia a fines de la década del ‘80 inician un esperanzador diálogo denominado Acuerdo de Nueva Imperial, el cual también tenía por objetivo obtener una alianza estratégica capaz de aumentar la fuerza electoral a favor de la izquierda.

Este acuerdo reúne a numerosas comunidades mapuche (agrupadas en los centros culturales) y otros pueblos originarios, quienes se suman a partidos de la Concertación más la Iglesia Católica, con el fin de trazar las directrices de un nuevo trato donde el Estado comprometería esfuerzos hacia la creación de una ley indígena, una corporación de desarrollo indígena, la ratificación del Convenio 169 de la OIT y el reconocimiento constitucional de pueblos originarios en tanto tales, entre otros.

No obstante, una fracción del movimiento mapuche –encabezado en ese entonces por Aucán Huilcamán que crea el Consejo de Todas Tierras– se opone al pacto por considerarlo una limitante a los propósitos perseguidos, pues observaban en esta vía escasos frutos. Así, este sector busca en el Derecho Internacional satisfacer lo insatisfecho.

Tras esto, y al conmemorarse los 500 años de la llegada de los colonizadores, los disidentes realizan una serie de tomas simbólicas y recuperaciones de tierras mediante la acción directa, cuyo resultado desencadena durante el gobierno de Aylwin la aplicación de la Ley de Seguridad Interior del Estado que deja a más de cien comuneros detenidos acusados de usurpación violenta y no-violenta.

Ya en 1997 se promulga la anhelada Ley Indígena, sin que ello traiga consigo el reconocimiento del país como una nación multicultural. Además, el Convenio 169 seguía sin ratificarse.

En este escenario la Conadi pierde paulatinamente legitimidad y esto se acrecienta cuando en el mandato del presidente Frei Ruiz-Tagle es cambiado el director del organismo indígena y se aprueban las permutas en el proyecto de Ralco.

Es en este punto donde nace la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM), la cual agrupa a organizaciones de base de la provincia de Arauco y de la provincia de Malleco que mantenían –y mantienen– disputas con forestales y latifundistas. Dicha unión quedó bajo el mando de sus longos. Juntos comenzaron un plan de recuperación de tierras ancestrales que hasta hoy suman –según la CAM– 17 mil hectáreas. Esta estrategia contempló también hacer caso omiso al Estado por no estar las condiciones para ello, por lo que promueven las recuperaciones productivas (trabajo inmediato de las tierras ocupadas). El objetivo principal apuntaba a lograr autonomía sobre la base del efectivo sustento económico.

Según el investigador del Observatorio de los Derechos de los Pueblos Indígenas y autor del libro Los Mapuche Ante la Justicia, Eduardo Mella, "en estas recuperaciones se lograron limpiar terrenos para la construcción de casas que por años la gente esperó que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo lo hiciera. En poco tiempo los peñis tenían todo desmalezado y hasta había aserraderos".

ADIÓS A UN WEICHAFE

Durante los últimos gobiernos las tomas de terrenos se hacen más frecuentes y violentas. Se incendian camiones, bosques y predios reclamados en Ercilla, Collipulli, Vilcún y el sur de la región del Bío-Bío. Ahí los comuneros son vinculados con grupos subversivos e ideológicos llegándose a hablar de terrorismo. Por tal motivo la ley antiterrorista es aplicada a los activistas mapuche, cuya respuesta se torna radical: las huelgas de hambre ofrecen resistencia ante la prisión preventiva y las acusaciones de asociación ilícita terrorista.

Luego de las sucesivas manifestaciones, el 2002 fallece el joven de 17 años Alex Lemún producto de un disparo efectuado por el oficial de carabineros Marco Treurer.

A inicios de este año, la situación se repite. A las 6 de la madrugada del 3 de enero, y tras un confuso incidente cae desplomado luego de recibir un tiro realizado por personal de Fuerzas Especiales de carabineros apostado en el fundo Santa Margarita, comuna de Vilcún, el estudiante de la Ufro y Weichafe (Guerrero), Matías Catrileo (22). Frente a esto se desata una serie de movilizaciones que repudian el hecho. Como consecuencia es detenido el Cabo Segundo de carabineros Walter Ramírez, sindicado como autor del infortunado disparo.

En medio de este contexto, las voces de repudio sonaron al unísono. Compañeros del joven malogrado aseguraron que "a veces se preguntan si vale la pena la muerte de un hermano por una causa que parece difícil alcanzar".

Esto se agrava y radicalizan las posturas cuando el Convenio 169 es aprobado por el congreso con las modificaciones a los artículos 4, 7, 8, 10, 13, 14, 15, 16, 17 y 32, las que responderían a intereses de grupos económicos de los rubros forestales, mineros e hidroeléctricos. Con esto –aseguraba una carta firmada por Huilcamán, el lonko pehuenche Nibaldo Romero y representantes de las comunidades de Curileo, Toro Melón y Huichahue– que la aplicación interna del Convenio no protegerá los derechos de los pueblos indígenas.

Huilcamán afirmó que "recurriremos a más movilizaciones y nos opondremos a la ratificación. De ello pueden surgir otras acciones y forcejeos. Yo estoy a favor de los derechos de los pueblos indígenas y si de ahí salen forcejeos y lucha, voy a estar allí".

ESCENARIO ACTUAL

Pareciera que esta aseveración pudiera transformarse en predicción, porque según Luis Cañuncura (40) de la comunidad Juan Quintramil, comuna de Padre las Casas, esperan llegar a un acuerdo pacífico. "Pero –dice– todos pensamos igual. No vamos a dejar de luchar hasta que recuperemos nuestras tierras. Y es obvio que van haber más víctimas. Si esto no se calma esto va a seguir. Esto no va a morir aquí. Las autoridades tienen la plata para comprar las tierras pero están haciendo oídos sordos".

El vocero de la CAM, Óscar Ancatripay, por su parte, manifestó que "la Coordinadora apunta a la reconstrucción del pueblo mapuche, del Wallmapu, lo que implica la recuperación de tierras. Lo que Nosotros estamos haciendo es luchar por existir (...) la CAM está unida y siempre lo ha estado. Lo ocurrido en estos días es la constante histórica de represión en contra del pueblo mapuche y contra eso seguiremos luchamos".

Por su parte, el historiador Sergio Caniuqueo sostiene que el conflicto pasa por el desconocimiento de la sociedad chilena hacia el pueblo mapuche. Además, señala, "así como están las cosas es difícil que las demandas de nuestro pueblo se cumplan a cabalidad. Por otro lado, lo que en el pasado fue una ventaja, o sea la descentralización, hoy parece jugar en contra de los objetivos que se persiguen. Aquí lo que falta es unión porque todo es transversal", sentencia.

Al respecto, el poeta-oralitor Elikura Chihuailaf señaló tiempo atrás que "el mayor error cometido por el pueblo mapuche ha sido confiar en el Estado y sus promesas".

Sin embargo, y en relación al problema de fondo el director de la Conadi, Wilson Reyes cree que el organismo que preside ha tenido logros que no se deben desconocer. "El problema no ha podido ser resuelto porque tiene una raíz histórica muy compleja, en relación con los espacios de participación en lo político, económico y social. Los márgenes en que se desarrollan estos temas son estrechos y las respuestas del aparato público tradicionalmente son sectoriales e incluso parciales, y te encuentras con gente que enfoca el tema sólo como un problema de pobreza, otros como un problema de falta de integración cultural, y por lo tanto, las propuestas están orientadas a educar desde la mirada occidental a los mapuche, a capacitarlos técnicamente, etc. Hemos tenido avances importantes, como por ejemplo hoy existe más de un millón de personas (según Casen 2006) que se reconocen como indígenas, a diferencia de décadas anteriores, en que la gente incluso se avergonzaba de hablar su lengua".

Actualmente, de acuerdo a los catastros de esta entidad, en Chile hay 4 mil 228 comunidades y asociaciones constituidas según la ley 19253. En la región del Bío-Bío existen 183 comunidades inscritas (9 mil 265 socios); en la Araucanía mil 791 (73 mil 593 socios) y en las actuales regiones de los Ríos y Los Lagos 625 (17 mil 343 socios). De este dato se desprende otra dificultad que el gobierno deberá resolver: para esta cantidad de registrados ¿son suficientes los 18 mil 500 millones de pesos destinados a compra de tierras? ¿Serán capaces de administrar adecuada y equitativamente los dineros?

Frente estos cuestionamientos, Reyes sostiene que la solución definitiva al conflicto "es algo a largo plazo y que involucra la totalidad de la sociedad civil chilena y el sistema político". Para él, la Conadi "debe continuar el camino trazado y seguir conquistado espacios en conjunto con los pueblos indígenas, a través, por ejemplo, del reconocimiento constitucional. En lo inmediato insistir en que sólo el diálogo es fecundo y la confrontación sólo produce dolor y profundiza las diferencias".

Si bien, por ahora reina una extraña calma, el gobierno sigue atento al desarrollo de los acontecimientos.

La Seremi de gobierno de la provincia de Cautín, Ximena Oñate, está consciente de esto y entrega una evaluación del momento que vive la zona. "Estamos frente a una situación altamente compleja que requiere de tiempo, disposición de todos los involucrados, de un diálogo constructivo y de buena gestión, con el fin de hacerse cargo de los desafíos y aprovechar las fortalezas existentes en la región. Este gobierno regional está dispuesto a dicha tarea y abrirá los caminos necesarios con todos los actores sociales" y, agrega, que es necesario para ello no rotular a nadie. "No existe ánimo de estigmatización de los movimientos sociales, (…) sean éstos mapuche o no mapuche", puntualiza.

Pese a esto, lo complejo del panorama para el gobierno es el enfrentar dos situaciones donde sólo se conoce el alfa: el estado de emergencia en Melipeuco debido a la erupción del volcán Llaima y las inminentes movilizaciones que los comuneros mapuche aseguran, no cesarán.

Vida de carabinero "Esta hueá no es el Estadio Nacional" El Periodista tuvo acceso a las dependencias del fundo Santa Margarita, de propiedad de Luchsinger, donde observamos las casi inhumanas condiciones en que carabineros debe realizar los patrullajes y resguardos del terreno. El personal trabaja en turnos de 12 horas diarias, pernocta en una casucha de latas de 2 metros por 2 y se calienta en invierno y verano con una estufa artesanal hecha con un tambor de metal que llena de humo la garita. El olor es insoportable a ratos producto de los silos y las heces de terneros que Luchsinger deposita a un costado. Con agua potable no cuentan y menos con agua caliente y la alimentación corre por cuenta de los propios uniformados. Uno de ellos nos contó que gana líquido 210 mil pesos para mantener a su esposa y sus dos hijas. Empero, debe costear mensualmente en promedio 60 mil en comida. Cuando han sugerido al hijo del propietario que ilumine por seguridad algún área, éste les ha contestado textual: "esta hueá no es el Estadio Nacional". Y cualquier petición que se le realice al dueño este responde que "es problema del gobierno". Por último, los funcionarios policiales coincidieron diciendo que para ellos es complicado trabajar en tales condiciones, más todavía bajo tensión, sin embargo, la muerte del joven la sienten tanto como la detención de su colega.