Año 6, N° 155, viernes 22 de Agosto 2008
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Informe de DDHH
El molesto estudio de la UDP
(Por Equipo El Periodista)La sexta versión, como las anteriores, pone el dedo en la llaga en temas candentes, critica el plan Auge y al sistema de Salud Privado (Isapres) que presenta una discriminación hacia las mujeres. Asimismo, se explaya sobre Protesta Social, Derecho a la Huelga e institucionalidad de derechos humanos.

El Derecho a la Salud en Chile ni siquiera está garantizado en el Plan Auge, donde queda al descubierto que la promesa de cobertura anunciada se supedita –en la práctica– a criterios económicos y no sanitarios, especialmente en el caso de las mujeres y sus necesidades especiales, como el parto sin dolor. Así lo devela el Informe Anual Sobre Derechos Humanos 2008 que elabora el Centrode Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales, el cual por primera vez incluye un capítulo completo dedicado al tema.

Este año la publicación entrega además tres estudios inéditos: Protesta Social, Derecho a Huelga e Instituciones Nacionales de Derechos Humanos, los que se suman a otras temáticas que también se incluían en versiones anteriores como las vulneraciones de derechos humanos al interior de las cárceles de adolescentes, hacia los pueblos indígenas, las personas con discapacidad y las minorías sexuales, entre otras.

"En materia de Derechos Humanos, Chile sigue observando graves deficiencias", manifestó Nicolás Espejo, Director del Centro de Derechos Humanos UDP y del Informe dado a conocer a la prensa. Estas se concentran, apuntó, en grupos vulnerables como las personas privadas de libertad, las mujeres, los niños y adolescentes, los pueblos originarios y las minorías sexuales.

Respecto de los avances, mencionó algunas políticas impulsadas por el Estado de Chile como el plan de reconocimiento a los pueblos indígenas, pero al mismo tiempo llamó la atención sobre un discurso que busca avanzar, pero una práctica contradictoria con ello. Como ejemplos mencionó el rol del Consejo de Defensa del Estado, que apela a la prescripción para no reparar a las víctimas de violaciones de derechos humanos del pasado, o los 18 años de tramitación parlamentaria del Ombusperson.

DERECHO A LA SALUD, AUGE E ISAPRES

En el caso del Derecho a la Salud en el Plan Auge, la académica Alejandra Zúñiga devela que prácticamente todas las Guías Clínicas AUGE –verdaderas "letras chicas" del Plan que son las que especifican las condiciones y requisitos para ser beneficiario del sistema–, establecen criterios de exclusión, tales como: la edad o lugar de residencia del paciente, haciendo imposible el cumplimiento de la promesa de cobertura que la propia ley Nº 19.966 estableció para que ‘toda persona residente en el territorio nacional, independientede su edad, sexo, educación, etnia, preferencias sexuales o ingreso, pueda contar con un mecanismo de protección social que le dé acceso universal a una atención de salud adecuada y oportuna para enfrentar las situaciones de enfermedad ".

Tomando fuentes oficiales y diversos estudios, el capítulo sobre el tema, realiza un exhausti vo análisis de incumplimientos y discriminación, siendo particularmente graves aquellos que ocurren en atenciones garantizadas a la mujer, como el derecho al parto sin dolor, incorporado al AUGE a partir de julio del 2007. "Lo que parecía ser una gran noticia resulta en una garantía sin contenido, una GES para unas pocas mujeres que, por distintas circunstancias, pueden hacer uso de este ‘derecho’", plantea la investigadora.

Para cumplir con los requisitos técnicos que exige esta GES, explica, no existen en la mayoría de las ciudades del país, los recursos físicos y humanos necesarios, "cuestión que, por lo demás, era de conocimiento de las autoridades sanitarias al momento de ‘prometer’ la incorporación de la analgesia en el parto, según se desprende de la lectura de la Guía Clínica respectiva". La cantidad de centros hospitalarios capaces de proporcionar analgesia en el parto es muy escasa, incluso en las ciudades de más de 500 mil habitantes, agrega la académica.

El mismo capítulo abunda en ejemplos respecto de otras GES; de acuerdo a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados hay unas 120 mil personas en listas de espera en el país, de las cuales el 50 por ciento son patologías AUGE. Y los consultorios tienen una carencia de 50 por ciento de horas profesionales.

La investigación menciona un informe de la consultora Altura Management, el cual construyó con datos aportados por la mitad de los servicios de salud del país –que atienden al 40% de la población adscrita al sistema público–, y que analizó 14 de las enfermedades más demandadas del AUGE. En ella se señala por ejemplo, que para intervenciones AUGE por cáncer al testículo la espera es de hasta 379 días, pese a que el tiempo garantizado es de 90; lo mismo sucede con la esquizofrenia, que supera en 327 días la garantía de tención, originalmente de 20 días.

Más grave es la situación de aquellas enfermos excluidos del AUGE por razones de edad, pues la lista de espera para la operación a la vesícula (colicestomía) cuando las personas no cumplen el requisito de estar entre los 35 y 49 años de edad, ha aumentado de 44 semanas a 80 semanas, mientras que aquellos considerados "beneficiarios" AUGE sólo deben esperar 10 semanas, lo que es una clara e injustificada discriminación.

Otra revelación de este capítulo se relaciona con la discriminación por género que realizan las Isapres. "La promesa del AUGE de terminar con la discriminación contra las mujeres en el Sistema de Salud Privado ha tenido tanta suerte como en el caso del Sistema Público, pues el Fondo de Compensación Interisapres–reconoce la propia autoridad sanitaria– demoraría cerca de 6 años en ajustarse", explica Alejandra Zúñiga.

Mientras se espera a que las Isapres terminen ‘voluntariamente’ con la discriminación actual por riesgo, la realidad es permanentemente denunciada por los distintos actores del sistema. Los funcionarios de la Federación de Trabajadores de Isapres –que reúnen a empleados de Vida Tres, Banmédica, Consalud, Cruz Blanca y Ferrosalud– han denunciado que sus comisiones por venta de planes a mujeres son menores que las obtenidas si el contratante es hombre. Incluso si ella tiene un hijo, en varios casos estaría prohibido venderles planes.

PROTESTA SOCIAL Y DERECHO A HUELGA

Como inédito calificó el director del Centro de Derechos Humanos de la UDP, Nicolás Espejo, que el Informe haya abarcado el tema de la protesta social y derecho a huelga. Mientras el Gobierno de Chile impulsa sendas reformas a la forma de enfrentar las demandas de los pueblos originarios (particularmente el mapuche) al sistema educacional, al sistema electoral y a la justicia y condiciones laborales,al mismo tiempo mantiene, justifica y defiende altos e intensos niveles de represión policial y hostigamiento, salvo cuandose trata de casos en que la protesta social fortalece la posición oficial, como el de la píldora del día después. "El derecho a la libertad de expresión juega también un rol fundamental en el ejercicio de otros derechos políticos, tales como el derecho de reunión y protesta. Por tanto, debe evitarse un acercamiento a las movilizaciones sociales que reduzca tales manifestaciones legítimas a meros actos de violencia y falta de razón", puntualiza Espejo.

A pesar de diversas recomendaciones hechas al Estado de Chile por parte de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Comité de Derechos Económicos y Sociales de Naciones Unidas, el Estado de Chile mantiene una legislación ampliamente restrictiva del derecho a la huelga en sus aspectos esenciales. Al mismo tiempo, este contexto restrictivo se manifiesta también en la retóricadel Gobierno, los medios de comunicación y la jurisprudencia judicial y administrativa, agravando las posibilidades de reconocimiento del derecho a huelga, se afirma en el capítulo dedicado al tema. "Un Estado que no reconoce adecuadamente el derecho a la huelga de sus trabajadores, tiene serias dificultades para honrar su compromiso con la dignidad del trabajo y con la humanización del capital", planteó Espejo.

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