Vecinos y parlamentarios rechazan proyecto inmobiliario en Isla Negra

El proyecto de la empresa Santa Beatriz que ha provocado el rechazo de los vecinos del sector, contempla la construcción de cerca de 300 departamentos en las cercanías de la casa museo de Pablo Neruda.

Hasta el Congreso Nacional llegó un grupo de vecinos de Isla Negra para manifestar su rechazo a un proyecto inmobiliario que se pretende construir en los alrededores de la casa museo de Pablo Neruda. Los vecinos fueron recibidos por los senadores Francisco Chahuán y Ricardo Lagos Weber quienes junto al subsecretario de Medio Ambiente, Ricardo Irarrázabal, evaluaron medidas para enfrentar esta situación que vulneraría las disposiciones legales vigentes.

El proyecto de la empresa Santa Beatriz, consiste en la construcción de cerca de 300 departamentos en un sector cercano a la casa de Pablo Neruda, para el cual se han cortado árboles y ya se habría levantado la publicidad vial.

Al respecto, el senador Francisco Chahuán, junto con agradecer la disposición del subsecretario de Medio Ambiente para resolver el problema, señaló que “estamos hablando de un proyecto inmobiliario que afecta una localidad que es necesario preservar, pues en el lugar se emplaza la casa de Pablo Neruda y se trata de un sector muy visitado por su valor patrimonial, que precisamente por eso fue declarado Zona Típica: para preservar y conservar la arquitectura, entorno e identidad.”

Dada la calidad de Zona Típica de la zona, es que se solicitará al Consejo de Monumentos Nacionales que se interiorice de los hechos e inicie las acciones correspondientes.

“A nuestro juicio se están transgrediendo normas legales y por tanto podría ser constitutivo de delito”, apuntó Chahuán, anunciando que los vecinos ya se reunieron con la Dirección de Arquitectura para presentar el reclamo.

El legislador agregó que también se oficiará al municipio de El Quisco para que tome las medidas del caso, “pues la inmobiliaria ha realizado obras para las cuales requiere de permisos y por lo tanto éste debiera fiscalizar por qué se han realizado intervenciones sin contar con las autorizaciones  necesarias”, dijo.

Por su parte, el abogado de la agrupación vecinal, Oscar Acuña, sostuvo que “si esta situación se llega a consolidar, va a implicar un crimen urbano -de los que ya tenemos bastantes en Chile- pero además patrimonial, pues a cuatro calles de la casa de Pablo Neruda nos vamos a encontrar con una infraestructura que deteriorará el entorno y eso afecta nuestra estrategia de desarrollo.”  Precisó además que “este patrimonio no es sólo de Isla Negra ni de la Región, es de Chile y del mundo, pues la figura de Neruda sobrepasa nuestras fronteras”.

El objetivo de los vecinos, según declaró Acuña, no es obtener mitigaciones ni compensaciones sino que detener la construcción del proyecto, “pues es hora de valorar patrimonio y cultura y en definitiva hay que adoptar medidas y que se apliquen las leyes, porque si una zona protegida puede ser vulnerada con un proyecto de esta naturaleza, quiere decir que la protección no está siendo efectiva”.

En la misma línea, la presidenta de la junta de vecinos Nº2 de Isla Negra, Mónica Mosella, explicó que “hemos venido al Congreso a pedir que nos apoyen con este problema, pues parte de nuestra Zona Típica podría verse amenazada, considerando que los accesos proyectados para las obras la afectan, y en general por su impacto ambiental y vial”.  Agregó que “queremos defender esta zona turística, que fue declarada como Típica en 1997, la hemos cuidado y no queremos que una inmobiliaria venga ahora a afectarnos.”  Dijo además que “vamos a iniciar todas las acciones que sean necesarias, en este momento estamos en una etapa administrativa, amparándonos en las leyes que existen, si hay que llegar a instancias legales, vamos a estar en Tribunales.”

El subsecretario del Medio Ambiente, en tanto, dijo que “de acuerdo a lo informado por los vecinos, existiría alguna situación de intervención de la Zona Típica, lo que está expresamente sancionado por la ley de Monumentos Nacionales”.  Asimismo, aclaró que “de acuerdo a nuestra legislación, el proyecto implicaría entrar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, lo que hasta este minuto la empresa no ha hecho”.

Irarrázabal reconoció que “esta situación ha sido posible porque tenemos un vacío en nuestra legislación y uno de los principales tiene que ver con que no tenemos aún la Superintendencia de medio Ambiente, que contempla facultades expresas para que todos aquellos proyectos que, debiendo ingresar al Sistema de Impacto Ambiental no lo hacen, sean sancionados.”  El Subsecretario lamentó que “ésta aún no funciona porque depende de la aprobación del proyecto de ley sobre Tribunales Ambientales, pero esperamos que en marzo o abril la tengamos operando con sus plenas facultades.”