Chile y la demanda de Bolivia ante La Haya: el factor Perú

Insistir, como se ha venido haciendo a lo largo de más de un siglo, en la cesión a Bolivia de territorios que alguna vez formaron parte del territorio peruano, no solo resulta a nuestro juicio inviable, sino que demuestra un imperdonable desconocimiento de nuestra historia, a la vez que se ignora la compleja relación con Perú y pasa por alto la necesidad de fortalecer vínculos y superar la desconfianza que reina entre los peruanos respecto de nuestro país.

Escribe Francisco Michel

El pasado 15 de marzo el Gobierno de Bolivia, a través de su agente ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya (CIJ), Eduardo Rodríguez Veltzé, y el canciller David Choquehuanca, presentó la demanda en contra de Chile, a fin que el Tribunal Internacional resuelva que nuestro país tiene la obligación de negociar de buena fe con Bolivia un acuerdo pronto y efectivo que le otorgue a aquella nación un acceso plenamente soberano al océano Pacífico, demanda que se fundamentaría en los compromisos que habrían asumido con el gobierno de La Paz en tal sentido diversos gobiernos chilenos a lo largo de la historia.

El vicepresidente boliviano, Álvaro García Linera, señaló por su parte que con la demanda concluye una fase muy importante y laboriosa, que llevó adelante el Estado boliviano en defensa de sus intereses, luego que el 23 de marzo de 2011, el presidente Evo Morales anunciase la decisión de su gobierno de recurrir a la justicia internacional para defender el derecho nacional que tendría Bolivia a un acceso soberano al mar.

La demanda en cuestión debería marcar, a nuestro juicio, un momento de inflexión en el largo proceso de desencuentros, conflictos, recriminaciones e imputaciones que han caracterizado las relaciones de los gobiernos de La Paz con Santiago, luego de concluido el lamentable enfrentamiento bélico entre nuestros países ocurrido hace más de 130 años, en el que también participó Perú, en virtud del Tratado secreto de 1873 (1).

Es preciso remontarse a los años 1890, bajo el gobierno del presidente Jorge Montt (1891-1896), que es cuando se inician las tratativas tendientes a encontrar una solución a la mediterraneidad boliviana, mediante la entrega de un puerto en el Pacífico. “Nunca después de la Guerra del Pacífico, en la historia bilateral de las dos naciones hubo un mayor acercamiento y se vieron en el horizonte trazos de mayor claridad para dar solución definitiva al problema de la mediterraneidad boliviana…”, afirma con razón el diplomático chileno José Miguel Concha (“La Política Boliviana, Santiago, 2007). Fue en este período de nuestra historia en que la “Política Boliviana” dejó de ser “una estrategia especulativa”, según el mismo autor, para transformarse en propuestas concretas que se vieron materializadas a través de la firma de tres Tratados y dos Protocolos que, incluso, contaron con aprobación del Parlamento chileno, no así del Congreso de Bolivia, donde las propuestas que contemplaban la transferencia de territorios y que aseguraban un puerto para Bolivia (2), se vieron frustradas finalmente debido a controversias y disputas entre legisladores bolivianos y como consecuencia de la negativa influencia de factores externos sobre las autoridades de La Paz, que conspiraron para que Chile y Bolivia no llegasen a una acuerdo sobre tan espinoso asunto.

Sería demasiado extenso abordar, aunque fuese someramente, las diversas iniciativas que ha propiciado nuestro país con el objeto de encontrar una solución mutuamente satisfactoria a las demandas marítimas bolivianas. Nos limitaremos a mencionar en este sentido la iniciativa que el año 1920 asumió Chile con el objeto de procurar se llegase a un acuerdo que le permitiese a Bolivia satisfacer su aspiración de obtener una salida propia al Pacífico. Con el propósito de cimentar sobre sólidas bases la amistad futura de ambos países, viajó a la nación altiplánica el canciller chileno, Emilio Bello Codecido, oportunidad en que Chile se declaró dispuesto a encontrar una solución a las demandas bolivianas mediante una cesión territorial. Chile era favorable a la idea de que Bolivia adquiriese una salida al mar, cediéndole una parte importante de una zona al norte de Arica y de la línea que delimitaba el ferrocarril que se hallaba en los territorios sometidos al veredicto del plebiscito, que debía realizarse de acuerdo con el texto del Tratado de Ancón, propuesta que finalmente no prosperó.

Posteriormente, el 30 de noviembre de 1927, a instancias del Gobierno de los Estados Unidos, Chile se allanó a considerar la denominada propuesta de Kellogg, que estuvo muy cerca de lograr una solución definitiva a la cuestión del enclaustramiento boliviano mediante la cesión de los territorios de Tacna y Arica, propuesta que Perú finalmente desestimó. Más tarde, bajo la dictadura de Pinochet, en 1975, se inició un proceso negociador con Bolivia a fin de ceder a esa nación un “corredor” o zona terrestre que conectase a Bolivia con un enclave marítimo soberano. El proceso que se inició bajo lo que se conoció como el “Abrazo de Charaña”, pretendía ceder una zona costera marítima soberana a Bolivia, entre el límite con Perú o la Línea de la Concordia y la zona del radio urbano de la ciudad de Arica. En virtud del Tratado de 1929, Chile consultó acerca de las avanzadas negociaciones al Perú, país que planteó a través de una contra propuesta la creación de un espacio geográfico tri-nacional que incluía la internacionalización de parte del puerto de Arica, lo cual condujo al fracaso de las negociaciones y la ruptura de relaciones con Bolivia, las que se habían reanudado pocos años antes.

Cabe destacar que invariablemente todos los infructuosos intentos por parte de Chile para dar una solución satisfactoria a las demandas territoriales de Bolivia que comprendan un acceso soberano al mar por territorios que pertenecieron a Perú, han tenido como corolario un fuerte deterioro de las relaciones con los gobiernos de la Casa de Pizarro, al punto que en enero de 1979, Perú procedió a declarar persona “non grata” y demandó la «inmediata retirada» del embajador chileno en Lima, Francisco Bulnes Sanfuentes, por un supuesto caso de espionaje. Pareciera que los chilenos nunca acabasen de comprender que así como para Bolivia su demanda marítima tiene –fundamentalmente- un fuerte componente emocional, para Lima no ha sido menor la derrota y la ocupación militar de Lima y de gran parte del que fuese el rico Virreinato del Perú y por supuesto, la pérdida de “Arica la cautiva” (3) y de los territorios situados al sur de esta ciudad, que en el pasado pertenecieron a Perú (4).

Insistir, como se ha venido haciendo porfiadamente a lo largo de más de un siglo en la cesión a Bolivia de territorios que alguna vez formaron parte del territorio peruano, no solo resulta a nuestro juicio inviable, sino que demuestra un imperdonable desconocimiento de nuestra historia, a la vez que se ignora la compleja relación con Perú y pasa por alto la necesidad de fortalecer vínculos y superar la desconfianza que reina entre los peruanos respecto de nuestro país. El reciente fallo de la CIJ que fijó la frontera marítima entre Chile y Perú abre una oportunidad histórica para despejar resquemores y trabajar en una agenda de futuro con las autoridades limeñas y sería un imperdonable error de nuestra parte no aprovechar la ocasión.

Por otra parte, el que Bolivia haya recurrido a la Corte Internacional de Justicia de La Haya en busca de un pronunciamiento que obligue a nuestro país a negociar una cesión de territorios que implique un acceso soberano al mar para aquella nación, sitúa a nuestro juicio el asunto en el ámbito exclusivo de la jurisdicción internacional, lo que debiera inhibirnos absolutamente de cualquier tratativa o negociación política paralela sobre el mismo tema, más aun cuando Bolivia funda sus pretensiones ante la CIJ en la tesis de los “derechos expectaticios”, que si bien tiene muy escasos precedentes en el derecho internacional, no puede desestimarse ligeramente. Frente a las demandas bolivianas, en vez de dejarnos arrastrar hacia la falsa discusión del reconocimiento o reivindicación de supuestos e inexistentes derechos históricos, deberíamos buscar y trabajar en soluciones imaginativas y viables que superen los anacronismos que representan las reclamaciones de soberanía territorial. A vía de ejemplo, Bolivia bien podría acceder desde nuestros puertos a los derechos que reconoce a los Estados mediterráneos o sin litoral la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, para la explotación de los pesqueros, para lo cual podrían barajarse alternativas que superen el estrecho marco jurídico de las reclamaciones de soberanía. En pleno siglo XXI, persistir en el enfoque rancio de los nacionalismos o demandas territoriales como lo vienen haciendo los sucesivos gobiernos altiplánicos de las más diversas vertientes ideológicas, apelando a comprensibles factores emocionales, lejos de contribuir a superar los problemas o asuntos pendientes, solo ayudará a exacerbar los factores de división. En este contexto, Chile, como país vencedor de una guerra que nunca debió ocurrir, tiene una gran responsabilidad y está llamado a realizar el mayor esfuerzo por encontrar soluciones imaginativas y viables a la sentida y compartida aspiración boliviana, sin perjuicio de ejercitar sus legítimos derechos ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya.

(1) El Tratado secreto en cuestión, no solo era defensivo como lo indicaba su texto, sino militarmente ofensivo y una amenaza grave para Chile, toda vez que dejaba en manos de Perú, según su artículo VIII, número 3, la conducción de los asuntos de Bolivia, al mismo tiempo que se invitaba a otras naciones a adherirse al mismo, tal como ocurrió con Argentina, cuya adhesión al Pacto de Lima se daba por casi segura y que, felizmente, se vio frustrada al no lograrse un acuerdo favorable en el Congreso argentino.

(2) Mediante los aludidos Acuerdos internacionales, Chile concedía un corredor que le aseguraba a Bolivia el acceso soberano al mar, sin embargo, el Gobierno de La Paz –luego de firmados los Acuerdos- declaró que las concesiones chilenas no eran suficientes ni satisfactorias y que Bolivia exigía, además, la entrega de un puerto y de una zona habilitada para el comercio y la industria de aquel país, al tiempo que se especulaba por parte de los políticos bolivianos sobre una guerra inminente entre Chile y Argentina, que permitiría a La Paz obtener mayores concesiones que las que por entonces, ofrecía Chile a Bolivia.

(3) Para el ideario colectivo popular peruano, Tacna y Arica representan dos de las gestas patrióticas más relevantes y las que recrean con especial fuerza los imaginarios del heroísmo y de coraje del sujeto colectivo nacional. Ciertamente la exaltación de mártires y de batallas memorables ha cumplido un papel esencial en la creación de los mitos nacionales y tanto Tacna, por la batalla del Campo de la Alianza, ocurrida el 26 de mayo de 1880, como Arica, por la legendaria batalla del denominado “Morro de Arica” y la heroica inmolación de Francisco Bolognesi y de Alfonso Ugarte ocupan un lugar relevante en la memoria colectiva peruana. Por ello, ante la propuesta que hiciese 1898, nuestro país al gobierno de Lima, a fin de que accediese a permitir la cesión de Arica a Bolivia, que la historiografía conoce como el Protocolo Billinghurst-Latorre, la respuesta fue que gobernante peruano alguno se atrevería a ceder una pulgada de territorio que segregase definitivamente las “provincias cautivas” de Tacna y Arica.

(4) Confirma lo anterior la petición que ha realizado Perú a fin de que la Corte Internacional de Justicia de La Haya le proporcione una copia de la Memoria presentada por Bolivia, para su evaluación. El interés de Lima en este asunto es más que evidente.