Cuatro funcionarios de Minvu quedan en prisión preventiva por fraude al fisco
De los 21 detenidos -por ser parte de una red de corrupción-, 14 quedaron con medidas cautelares de arresto domiciliario, firma semanal y arraigo nacional, mientras que los siete restantes (de los cuales cuatro son funcionarios del Minviu), están con prisión preventiva.
El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, en una audiencia que duró dos días, dictó prisión preventiva a dichos cuatro funcionarios del Ministerio de Vivienda imputados por los delitos de cohecho, fraude al fisco y lavado de activos. Esto por recibir un pago en dinero con el fin de favorecer a empresas que suscribieron contratos con el Minvu.
Durante la audiencia la jueza Pilar Ahumada, del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, indicó que “había una maquinación para defraudar al Fisco”, como parte de las acciones de los acusados.
“Elegir a aquellas empresas a través de estas comisiones evaluadoras de quienes quizá no reunían la idoneidad técnica, resulta un indicio al estimar que aquí había una maquinación destinada a defraudar al Fisco”, agregó.
El fiscal Francisco Ledezma, de la Fiscalía Centro Norte, valoró la medida otorgada a los cuatro detenidos: “Me parece que es adecuada con los antecedentes que nosotros expusimos, dio por acreditados los delitos por los cuales nosotros formalizamos a los imputados y por lo tanto estamos conformes con la resolución», remarcó.
Defensa de los funcionarios
El abogado Víctor Provide, defensor de Marco Rivas, desestimó los cargos que se le atribuyen al funcionario público.
“A ellos se les adjudica 46 delitos, pero estimamos que con el correr de la investigación se va a ir despejando los antecedentes y podamos lograr desacreditar varios de ellos. Ustedes escucharon al Ministerio Público, señala que los trabajos se han efectuado y por lo tanto nosotros cuestionamos que de que existe el delito con ausencia de perjuicio”, dijo.
En esta línea, el tribunal definió ocho meses de investigación para concer el monto total defraudado, que según Cristián Monckerberg, Ministro de Vivienda, podría bordear los 900 millones de pesos.
Cabe recordar que los hechos se llevaron a cabo desde 2014 hasta la fecha y los funcionarios públicos involucrados son profesionales del área de la Dirección de Informática del Minvu y según los detalles de la investigación “operaban mediante el pago de dinero para eventualmente favorecer o asegurar adjudicaciones del estado”.