Cámara de Diputados aprueba proyecto de Ley Antonia

La iniciativa busca, entre otras cosas, proteger los derechos de las víctimas de los delitos sexuales y evitar su revictimización.

La Cámara de Diputados y Diputadas aprobó ayer, con gran apoyo, el proyecto denominado «Ley Antonia». Este modifica diversos cuerpos legales para mejorar las garantías procesales, proteger los derechos de las víctimas de los delitos sexuales y evitar su revictimización. Por su parte, algunas organizaciones feministas declararon «alerta morada» y se trasladaron al Congreso para seguir la discusión que se dio.

La iniciativa fue presentada en junio 2020 por las diputada Maite Orsini (RD), Paulina Núñez (RN) y Gael Yeomans (PCS). Además, fue firmado por los ditputados Marcelo Díaz (IND), Gonzalo Fuenzalida (RN) y la exdiputada Marcela Sabat.

La idea tuvo su base en el caso de Antonia Barra, joven de 21 años quien se suicidó un mes después de haber sufrido una violación por Martín Pradenas Dürr, quien se encuentra en prisión preventiva.

En los discursos del debate estuvo como testigo, el padre de Antonia, Alejandro Barra, y su abogado. A ambos se les agradeció por su activa participación en la confección de esta iniciativa legal.

Los puntos del proyecto:

  • Las acciones penales derivadas de los delitos contemplados prescribirán en el plazo de 10 años. Además, se considerará el daño psicológico que genera en las víctimas.
  • El que, con conocimiento de la vulnerabilidad física o psíquica, o valiéndose de otras características o circunstancias análogas, indujera a otra persona al suicidio resultando su muerte, será sancionado con la pena de presidio menor en sus grados medio a máximo.
  • Se adoptarán medidas especiales para proteger a las víctimas en medio de un juicio. Entre ellas: suprimir de las actas datos personales, prohibir entrega de información de la identidad de la víctima, impedir el acceso general a las audiencias. Además, que los medios de comunicación no tengan acceso a la sala.
  • Capacitación y formación de las y los jueces en materias relacionadas con las perspectivas de género en el proceso penal, que eviten la revictimización, los estereotipos y fomenten una protección especial de las víctimas de violencia de género.
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