Madrid y Cataluña buscan dejar atrás el conflicto de la región española en un acto en Barcelona

Sánchez prepara el terreno para indultar a 12 dirigentes catalanes encarcelados o inhabilitados tras el intento de secesión de 2017, con un gobierno minoritario y en medio de un avance de la derecha, que rechaza la idea.

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, y el de Cataluña, Pere Aragonès, coincidieron en la voluntad de dejar atrás el conflicto político catalán durante sus discursos en un acto celebrado en Barcelona.

«Dejemos a un lado esa dialéctica estéril de los unos y los otros y busquemos juntos un nuevo nosotros. Cambiemos las amenazas por propuestas, vengan de donde vengan», dijo Sánchez durante su intervención en el evento organizado por la patronal catalana Foment del Treball.

Ambos líderes se encontraron por primera vez desde la investidura de Aragonès del pasado 21 de mayo, y pocos días después de hablar por teléfono para acordar una primera reunión a lo largo de junio, informó la agencia de noticias Sputnik.

El acercamiento entre los presidentes de España y Cataluña se da en medio de la polémica por la previsión de que el Gobierno de Sánchez conceda los indultos a los políticos catalanes en prisión por el referéndum independentista de 2017.

«Es el momento ineludible de encontrar una solución a determinados problemas que nos ralentizan y que comprometen nuestra economía y nuestro éxito como sociedad, en España y en Cataluña», afirmó el presidente español, que pidió unir «esfuerzos» para superar el desencuentro político.

Por su parte, el nuevo presidente de Cataluña habló de «afrontar una nueva etapa de normalización» en las relaciones con España y de «poner soluciones sobre la mesa» para «superar el bloqueo» y «avanzar en la resolución del conflicto».

También se mostró partidario de «escuchar y respetar» las dos visiones y de emprender «el diálogo y la negociación» entre gobiernos para «construir acuerdos».

«No será fácil, será extraordinariamente difícil, pero es una oportunidad y una obligación», señaló Aragonès.

Sánchez prepara el terreno para indultar a 12 dirigentes catalanes encarcelados o inhabilitados tras el intento de secesión de 2017, con un gobierno minoritario y en medio de un avance de la derecha, que rechaza la idea.

Nueve de los detenidos fueron hallados culpables del grave delito de sedición y recibieron penas de entre nueve a 13 años de cárcel, mientras que los otros tres solo fueron condenados por desobediencia a multas e inhabilitación para ejercer cargos públicos.

El dirigente catalán de más alto rango encarcelado por el intento de secesión es el presidente de ERC, el exvicepresidente regional Oriol Junqueras.

La investidura de Sánchez, en enero de 2020, fue posible gracias a la abstención decisiva de ERC y EH Bildu, dos formaciones independentistas que hicieron valer sus escaños para arrancar al Gobierno una mesa de negociación bilateral sobre los indultos.

La oposición acusa a Sánchez de poner en riesgo la integridad del Estado español solo porque su Gobierno depende del apoyo de un partido independentista catalán, pero el mandatario socialista dice que lo hace en aras de resolver el conflicto con Cataluña.

Sánchez enfrenta también la manifiesta oposición de la justicia, luego que el Tribunal Supremo, la más alta instancia judicial del país, se pronunciara a finales de mayo en contra del eventual indulto.

Si bien la opinión del tribunal no es vinculante para la decisión que tome el Gobierno al respecto, sí limita el alcance de la medida de gracia, porque la ley que la regula impide conceder un indulto total con el informe en contra del tribunal sentenciador.

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