Investigan una red de corrupción que habría financiado la campaña de Castillo en Perú

Castillo rechazó "rotundamente" la acusación y aseguró que está dispuesto a someterse a "cualquier tipo de investigación".

Una fiscal de Perú pidió a una jueza que ponga en prisión preventiva a 20 personas en la causa en que se investiga una red de corrupción que supuestamente actuó en el gobierno del departamento Junín con el objeto de ayudar a financiar la campaña electoral de Perú Libre (PL), el partido del virtual presidente electo, Pedro Castillo, informó hoy la prensa local.

En tanto, Castillo rechazó «rotundamente» la acusación y aseguró que está dispuesto a someterse a «cualquier tipo de investigación».

La jueza July Baldeón analiza la solicitud que la fiscal Bonnie Bautista le presentó ayer y que alcanza a dirigentes de PL y funcionarios de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones (DRTC) de Junín, reportaron el diario El Comercio y el semanario Caretas en sus sitios de internet.

Se trata del caso de «Los Dinámicos del Centro», como se denominó a una organización sospechada de emitir licencias de conducir de manera irregular y contratar en la DRTC bajo una modalidad especial a militantes de PL, según Bautista.

La fiscal basó su acusación en los testimonios de al menos tres arrepentidos y en conversaciones telefónicas intervenidas por orden judicial.

El objetivo de esa organización era «financiar la campaña política del partido de turno en esta gestión 2019-22 (en Junín), que, como todos sabemos, ha postulado a la Presidencia y las elecciones congresales», sostuvo Bautista en la audiencia judicial de ayer.

Agregó que esa supuesta actividad ilegal «se habría incrementado en abril de 2021, a consecuencia de que este partido político pasa a la segunda vuelta y se da la orden para que se recaude más dinero de esta forma».

Según la fiscal, uno de los arrepentidos testificó que la red llegó a favorecer a «35 a 45 personas por día» para las pruebas de manejo y «30 a 40» para los exámenes teóricos, y a cada «beneficiario» se le cobraba 500 soles, equivalentes a unos 130 dólares.

«Me voy a sincerar y me someto a cualquier tipo de investigación, si es posible en el momento más preciso, para que se diga si alguien me ha alcanzado un sol, ha dicho ‘sabes qué Pedro acá esta dinero para la campaña, esto es para ti’; lo rechazo rotundamente, esta campaña lo ha hecho el pueblo», dijo Castillo a la televisora estatal TV Perú.

«Si hay que deslindar de algo corrupto, hay que hacerlo; no podemos estar sometiéndonos a actos delincuenciales y de corrupción, rechazo rotundamente, seré el primero en salir a decirlo, empezando por mi propio entorno»”, agregó el candidato, según la agencia de noticias Andina.

El gobernador regional de Junín es Fernando Orihuela, de PL, quien asumió en agosto de 2019, luego de que fuera suspendido para ese cargo Vladimir Cerrón, el fundador y secretario general del partido, quien había iniciado su mandato en enero de ese año.

Cerrón fue suspendido tras ser condenado a cuatro años de prisión en suspenso por hechos de corrupción ocurridos durante su anterior gestión como gobernador de Junín, entre 2011 y 2014.

Mientras tanto, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) continuó analizando hoy, en audiencias públicas y televisadas, algunos de los pedidos de nulidad de actas de votación presentados por los partidos participantes del balotaje presidencial del 6 de junio pasado.

El sindicalista de izquierda Castillo se impuso a la populista de derecha Keiko Fujimori por 44.240 votos entre más de 17,6 millones de sufragios válidos (50,125% a 49,875%), según el escrutinio de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Sin embargo, aún resta que el JNE y los jurados regionales concluyan la revisión de los recursos presentados por los dos partidos, para que pueda ser proclamado el presidente electo que debe asumir el gobierno el 28 de este mes.

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