La comisión de Mujer y equidad de género de la Cámara rechazó hoy por 7 a 6 la idea de legislar el proyecto de ley que despenaliza la interrupción del embarazo hasta las 14 semanas de gestación.
Ahora, la iniciativa pasa a la sala con informe negativo, para que se expida si el proyecto sigue o no tramitándose.
Para conformar la mayoría de 7 votos, los opositores al aborto -6 RN y UDI- contaron con el apoyo de la vicepresidencia de la DC, Joanna Pérez, quien dijo que como militante democratacristiana y por lo que representaba no podía votarlo a favor.
La iniciativa había reingresado a trámite el 13 de enero de este año, a pocos días de la aprobación del aborto legal en Argentina, saliendo así del largo estancamiento en el que estaba desde que fuera presentada en 2018. El proyecto de ley planteaba la urgencia de ponerle fin a la criminalización al aborto, terminando así con las sanciones y penas de cárcel, considerando al aborto como un hito más en la vida reproductiva mujeres, niñas, adolescentes y personas con capacidad de gestar.
El debate contó con la exposición de abogadas, diversas trabajadoras de la salud e integrantes de organizaciones feministas y de derechos humanos, quienes dejaron claro que criminalizar el aborto no resuelve el problema, al contrario, lo agrava.
En esa línea, Ana Piquer, Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional e integrante de la Mesa de Acción por el aborto “La posibilidad de decidir si continuar o no un embarazo es parte de la protección de los derechos de las mujeres, niñas y personas con capacidad de gestar. Mantener el aborto como delito no hace que haya menos abortos. Habrán igual, pero en un marco de ilegalidad y secreto, situación que golpea con más fuerza a las personas de menores recursos. Las diputadas acaban de decidir mantener así las cosas”.
Como Mesa de Acción por el Aborto en Chile queremos recordar que no estaríamos en esta situación si nuestra actual Constitución garantizara los derechos sexuales y reproductivos, como hemos demandado desde nuestras organizaciones.
En ese sentido, queda en evidencia una vez más la desconexión entre el Congreso Nacional y las necesidades de la ciudanía, que busca terminar con la penalización y sanción del aborto, lo que constituye un mínimo democrático, político económico, social, cultural y de derechos humanos.
Camila Maturana, abogada de Corporación Humanas sostuvo que: “lamentamos profundamente que, por sobre los derechos humanos de las mujeres, protegidos en tratados internacionales, los legisladores antepongan sus convicciones morales, sus creencias personales, dando la espalda una vez más a las miles de mujeres que cada año abortan en condiciones de inseguridad y de estigma” y añadió: “Nos preocupa muchísimo que, en lugar de legislar para proteger a las mujeres y las niñas, el parlamento chileno esté validando una determinada convicción valórica, conforme a la cual las mujeres deben ser tuteladas, perseguidas como si fueran criminales y castigadas por sus decisiones”.
