Amnistía exige investigar presunta castración de militar ucraniano en manos rusas
Amnistía recuerda que el derecho internacional "deja bien claro" que "los prisioneros de guerra no deben ser sometidos a forma alguna de tortura o maltrato" y que "las autoridades pertinentes deben respetar por completo sus derechos,
La ONG Amnistía Internacional ha exigido este viernes la investigación inmediata de un vídeo grabado durante el conflicto de Ucrania en el que un presunto militar ucraniano acaba castrado por las fuerzas rusas que le han hecho prisionero.
Según el diario británico ‘The Guardian’, el vídeo comenzó a circular en canales prorrusos de la red de mensajería Telegram en medio de una gran confusión sobre su procedencia, fecha de grabación y participantes.
El medio recoge especulaciones, en modo alguno confirmadas, de que el presunto militar ruso responsable de la mutilación servía con una formación chechena conocida como batallón Akhat y había combatido en la planta química Azot en Severodonetsk, de acuerdo con el medio Bellingcat, especializado en la investigación de incidentes en conflictos armados, que de momento valida las imágenes como auténticas según su jefe de Investigación, Aric Toler.
En su reacción a las imágenes, la directora de Amnistía para el este de Europa y el centro de Asia, Marie Struthers, describe un «asalto horripilante» que «parece tratarse de otro ejemplo del absoluto desprecio que las fuerzas rusas exhiben por la dignidad y la vida humana en Ucrania».
«Todos los sospechosos deben ser investigados y, de existir las suficientes pruebas admisibles, juzgados ante un tribunal», ha añadido.
Amnistía recuerda que «ha documentado previamente crímenes cometidos por las fuerzas rusas que atentan contra el derecho internacional, como las ejecuciones sumarias de prisioneros de guerra en el este del país, así como ejecuciones extrajudiciales de civiles».
Amnistía recuerda que el derecho internacional «deja bien claro» que «los prisioneros de guerra no deben ser sometidos a forma alguna de tortura o maltrato» y que «las autoridades pertinentes deben respetar por completo sus derechos, de acuerdo con las Convenciones de Ginebra». (Europa Press)