Secretaría de DDHH de Argentina critica «guerra jurídica» contra vicepresidenta
La Secretaría de Derechos Humanos de Argentina lamentó la persecución judicial que supuestamente tiene como objetivo a la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, a través de las causas que se sostienen en su contra, y advirtió que la Corte Suprema avala esta situación.
«La persecución judicial contra la vicepresidenta Cristina Fernández es una muestra evidente de que el lawfare está más vivo que nunca en nuestro país», sostuvo la secretaría en un comunicado.
El organismo, bajo la órbita del Ministerio de Justicia, observó que la guerra jurídica, o «lawfare», representa una «práctica violatoria de los derechos humanos que opera como condicionante de los procesos electorales, de la agenda política y de la opinión pública».
En el análisis de esta situación, la institución que dirige Horacio Pietragalla apeló a la Corte Suprema, «que debería intervenir para restablecer la legitimidad del servicio de justicia».
«Es claro que en estas causas judiciales, como las que enfrenta la expresidenta (2007-2015), bajo la excusa de la investigación y sanción de hechos de corrupción, se violan garantías fundamentales del Estado de derecho», aseguró la secretaría.
La secretaría señaló que el Ministerio Público Fiscal incurre en la vulneración de garantías básicas como la presunción de inocencia, el derecho de defensa y el principio de objetividad.
«Es palmario que estas causas penales se impulsan únicamente en contra de referentes políticos que representan a sectores populares, mientras se mantiene en la impunidad a sectores poderosos, que han permitido o avalado el endeudamiento criminal que ha condicionado al país y generado pobreza e indigencia en la población», cuestionó.
En el marco del juicio oral contra la vicepresidenta que investiga la concesión de 51 obras viales al empresario Lázaro Báez en la provincia patagónica de Santa Cruz (sur) durante su gestión y la de su esposo Néstor Kirchner (2003-2007), el fiscal federal Diego Luciani aseguró en la víspera que las licitaciones que se realizaron fueron un «montaje».
Durante la exposición de sus alegatos, el fiscal también afirmó que entre 2003 y 2015 «funcionó en el seno del Estado una asociación ilícita piramidal que tuvo en su cúspide como jefes a quienes se desempeñaban como jefes de Estado».
La defensa de la expresidenta argumenta que no hubo peritajes sobre las 51 obras cuestionadas durante el juicio, por lo que pidieron la absolución de Fernández de Kirchner, una de las 13 personas enjuiciadas en el proceso.
A finales de junio, la Corte Suprema argentina rechazó por unanimidad las 12 apelaciones presentadas por la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner.
De esta manera, continúa contra la vicepresidenta el único juicio público vigente en su contra, que lleva adelante el Tribunal Oral Federal 2 desde el 21 de mayo de 2019. (Sputnik)