Robo de cables en 2022: 60 delitos al día y más de 2 millones de personas desconectadas en todo el país

Un alza del 85% con respecto al 2021. Las cifras de Movistar Chile registraron cerca de 22 mil hechos en el año. Todo esto, para vender cobre por el mercado negro.

El robo de cables no se detuvo en 2022, y se dio a conocer como el nuevo negocio ilegal de las bandas de crimen organizado en el país. Se enfoca en vandalizar principalmente la infraestructura de telecomunicaciones para luego vender el cobre en el mercado negro, donde se reduce el material. De esta forma se evaden tributos e impuestos, y luego se exporta al extranjero.

Una agravante para las personas, empresas e instituciones es que, cuando los delincuentes buscan cobre, también cortan el cable de fibra óptica, dañando así los servicios de internet de alta velocidad, televisión y telefonía en masivas zonas.

Según cifras de Movistar Chile, este delito aumentó de manera explosiva a nivel nacional durante 2022, se registraron más de 22.000 hechos en el año, equivalente a cerca de 60 delitos diarios. En comparación con 2021, esto representa un alza de más de 85%, es decir, un aumento de casi el doble.

A su vez, según cifras oficiales de Chile Telcos, la cantidad de hogares, empresas e instituciones que se vieron afectados por el robo de cables superan los 2 millones de personas durante 2022.

“El aumento de este delito nos preocupa no solo a la compañía, sino que como sociedad, porque ocurre a lo largo de todo Chile y con mayor presencia en las zonas más vulnerables del país, que es precisamente donde nos enfrentamos al desafío de reducir la brecha digital. Por esto es tan relevante generar conciencia, fomentar la denuncia por parte de la ciudadanía y también continuar con nuestras medidas de seguridad y acciones legales en contra de los responsables”, comenta Natalia Fuentes, gerenta del área Seguridad de Movistar Chile.

“En 2022 aumentó fuertemente el cablazo, con un enorme impacto en nuestros clientes, tanto personas como empresas e instituciones. Las bandas delictuales dedicadas al contrabando de cobre se han extendido a nuevas regiones y han intensificado los delitos. La Política Nacional contra el Crimen Organizado es un tremendo avance en que al crimen organizado lo enfrentamos con un Estado organizado. Como industria hemos trabajado intensamente para hacer frente a esta situación, con un mayor número de cuadrillas de reparación para minimizar el impacto sobre los servicios, la presentación de casi cinco mil querellas sólo en 2022, y la coordinación con las autoridades, tanto a nivel nacional como regional”, indica Alfie Ulloa, presidente ejecutivo de Chile Telcos.

Las regiones más golpeadas

Según cifras de Movistar Chile, la Región Metropolitana (+15.000), Valparaíso (+1.500), Biobío (+1.150), O’Higgins (+1.100) y Antofagasta (+620) son las regiones que mayor cantidad de hechos de robo de cables sufrieron durante 2022. Todas ellas aumentaron en porcentaje la cantidad de hechos ocurridos en 2021, destacando O’Higgins y Biobío, que crecieron en cerca de 200% y 120%, respectivamente.

Medidas para contrarrestar el delito

Una de las medidas que ayudan a desincentivar este delito, es el retiro del cobre, a través de la migración a tecnologías superiores y con mejores prestaciones como la fibra óptica, que no tiene valor comercial en su reventa ilegal. También, este año la aplicación móvil de seguridad SOSAFE incorporó el botón de robo de cables a su plataforma, facilitando a la comunidad una nueva herramienta de denuncia ciudadana frente a este delito.

Por otro lado, en 2022 hubo cerca de 5.000 querellas y denuncias por robo de cables de cobre y vandalismo en la fibra óptica, casi un 200% más en comparación con el mismo período del año pasado, según Chile Telcos. Por su parte, Movistar Chile destacó el aumento solo en la compañía de más de un 300% en estas acciones legales.

Finalmente, han sido más de 100 personas las condenadas a penas de privación de libertad por robo de cables. Cabe recordar que este tipo de delitos, por robo de bienes nacionales de uso público, arriesgan penas de hasta más de 800 días de cárcel.

 

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