Peligra acuerdo extrajudicial firmado por Independencia para construcción de edificios: empresa pide a Suprema continuar juicio ante inacción del Concejo Municipal
La Inmobiliaria Huidobro ingresó un escrito al máximo tribunal, donde lamenta que la instancia edilicia no haya refrendado la transacción visada ante la magistrada Adelita Ravanales. Lo anterior, luego de más de un año de negociaciones, que evitó un juicio donde la comuna arriesga a pagar una multimillonaria indemnización por la paralización ilegal de las obras. Aún cuando el escrito no está proveído, esta será la semana clave, porque el Concejo Municipal debe pronunciarse sobre la negociación a la que llegó el alcalde Gonzalo Durán -mandatado por la concejalía- que incluyen beneficios para la comunidad acordados entre las partes.
En marzo de 2023, la Inmobiliaria Huidobro y la Municipalidad de Independencia llegaron a un pre acuerdo extrajudicial, en presencia de la ministra de la Corte Suprema, Adelita Ravanales.
Básicamente, el documento firmado por las partes -que resume meses de negociaciones-, estableció que la Inmobiliaria Huidobro podrá construir edificios de departamentos en la comuna.
Aisladamente, podría ser un acuerdo cualquiera, salvo por un detalle: en febrero de 2022, la Corte de Santiago acogió -por la unanimidad de tres ministros- un recurso interpuesto por la empresa, donde se estableció que la paralización del proyecto dictada por la Dirección de Obras Municipales (DOM) en 2018, fue ilegal.
La resolución de 25 hojas fue un golpe judicial inesperado, sobre todo porque los magistrados apuntaron a que la DOM cometió anomalías en su dictamen administrativo al detener la obra, que contaba incluso con los permisos ambientales y del Consejo de Monumentos Nacionales. De hecho, en una de sus fojas, los magistrados enfatizaron que la DOM debió “respetar el principio de probidad”.
La contundencia de los argumentos esgrimidos por los jueces Hernán Crisosto y los abogados integrantes Rodrigo Asenjo y Jorge Benitez, mencionaba una frase perentoria: la empresa podía ejercer el derecho a ser resarcida. Nadie tenía que decirlo, pero la suma podría alcanzar varios miles de millones, los que deberían salir de las arcas edilicias.
El escrito
Como obliga la ley, la sede comunal recurrió a la Suprema para revocar la resolución. Sin embargo, la sola posibilidad de perder, hizo surgir un acercamiento con la firma para transigir. Por esta razón, el edil fue mandatado por el Concejo Municipal (CM), logrando el acuerdo mencionado.
Lo que la municipalidad obtendrá a cambio de no continuar con el caso en la Suprema, será la construcción de un inmueble de 300 metros cuadrados destinados a un centro de salud comunitario; se suman diez departamentos para soluciones habitacionales de los vecinos, otros 50 cuyos beneficiarios se definirían por la oficina de Vivienda Comunal para familias vulnerables, un mural y cámaras de vigilancia.
Hasta ahí, se trata de un “proceso limpio”, como se conoce en el argot legal, pero que debe contar con la refrendación del CM para quedar completamente ejecutoriado.
Pues bien, desde que se iniciaron las conversaciones hasta que las voluntades de las partes fueron reconocidas por la ministra Ravanales, ha transcurrido más de un año.
Si el CM no da el sí, todo volvería a fojas cero y el fantasma de una cifra multimillonaria se convertirá en un dolor de cabeza para el alcalde Gonzalo Durán. Esta semana podría ser clave para que los concejales entreguen su voto, tal como quedó grabado en la sesión del pasado 10 de agosto.
Hasta ahí la complejidad de una historia que se encuentra en pleno desarrollo, pero que podría tener un revés. Lo anterior porque a fines de julio pasado, la Inmobiliaria Huidobro ingresó un escrito en la misma causa donde se logró el acercamiento con la municipalidad.
La presentación consta de apenas dos páginas, pero en lo medular, la firma asegura que “no resulta posible seguir esperando”; que actuó de buena fe y que en el intercambio de voluntades ofreció una serie de acciones que irán en beneficio de la comunidad.
La inmobiliaria, patrocinada por el abogado Robert Gillmore, asevera que pese a las negociaciones formalizadas en sede judicial, no ha existido la voluntad de la comuna para resolver el acuerdo “cuyas disposiciones, paradójicamente, fueron calificadas como convenientes y justas por ambas partes”.
Por esta razón, solicitaron que, salvo mejor decisión de la ministra Ravanales, la negociación se retrotraiga a fojas cero para continuar el juicio.
La presentación en todo caso no ha sido proveída o, en otras palabras, adosada al expediente para su tramitación formal.
Fuentes del máximo tribunal explicaron que la puesta en marcha de un acuerdo, debe contar con plazos prudenciales y que estos últimos siempre afectan a una de las partes.
Sin embargo, indicaron que como criterio general, la Suprema se “toma con calma” estas materias, a la espera que se cumpla lo acordado.
Como sea, el escrito podría ser tramitado y Durán quedaría entre la espada y la pared.