Ley de usurpaciones: ¿quién responde por el déficit de vivienda?
Por María Paz Trebilcock Investigadora Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP) de la UAH y Académica de La Facultad de Ciencias Sociales UAH.
En Chile tenemos una falta de vivienda de 650.000 unidades aproximadamente, a pesar de que este gobierno prometió entregar 200.000 nuevas casas al final del período, este déficit seguirá estando (y probablemente aumentando).
El 60% del déficit lo componen residencias en allegamiento, y a esas unidades de vivienda que no se han construido se tienen que sumar las personas viviendo en campamentos y en situación de calle.
También sabemos que el mercado inmobiliario en Chile se caracteriza por un aumento sostenido en los precios desde hace varios años. De acuerdo con un estudio de GFK Adimark del 2022, los precios de las casas se han elevado en un 137,1% desde 2004, mientras que los departamentos han aumentado 131,8% desde esa fecha (Cámara Chilena de la Construcción (CChC) 2022).
Esta alza es muchísima mayor de lo que han subido los salarios reales en el periodo, que ha sido de alrededor de un 20% (Saona y López-Morales 2021). De acuerdo con el índice de acceso a la vivienda elaborado por la CChC, en Chile la vivienda es severamente no alcanzable (CchC, 2019), entonces ¿cómo acceden a una vivienda los hogares más pobres del país?
En los últimos años, hemos observado como los campamentos han crecido. De acuerdo con los datos del Catastro de Techo hoy existen 1290 asentamientos que albergan a 113887 hogares (Techo, 2023). las principales razones para irse a vivir a un campamento son los altos costos de arriendo (74.8%), seguido por vivir en condiciones de allegamiento (73.6%), entonces, si el allegamiento sigue aumentando, es de esperar que las personas que habitan en campamentos también.
El vivir en campamentos es un acto de violencia estructural en la medida que el estado se desliga territorial e institucionalmente de proveer derecho a la vivienda. Son lo hogares más pobres, donde no llegan las políticas sociales, los que usando sus propios recursos buscan una solución temporal al problema de vivienda.
Las soluciones que provee la política habitacional son lentas y excluyen a un sinnúmero de chilenas y chilenos por no cumplir ciertos requisitos que la misma ley resguarda. Si a esto se suma una ley de usurpaciones que criminaliza con penas de cárcel a quienes habitan en asentamientos informales ¿qué se va a hacer para dar soluciones de vivienda?
No podemos pretender que frente a la ineficacia estatal, los ciudadanos del país paguen con multas o penas de privación de libertad por un derecho que se les ha negado. A la par de una ley de usurpaciones se necesita con suma urgencia una ley que resuelva el problema de vivienda, de lo contrario, las cárceles se llenarán nuevamente de aquellos que el sistema excluye por su condición social.