El Servicio Electoral (Servel) solicitó al Tribunal Calificador de Elecciones, por requerimiento unánime del Consejo Directivo, la disolución del Partido Comunes por “infracciones graves y reiteradas a la normativa que regula el financiamiento público de los partidos políticos”.
Además, según el comunicado del servicio, Comunes incumplió grave y reiteradamente las fechas de presentación de los libros y la documentación anexa para su revisión e inspección, así como la contabilidad detallada de todo ingreso y egreso de fondos, con indicación del origen y destino, la fecha de la operación y el nombre y domicilio de las personas intervinientes. Tampoco cumplió con la obligación de respaldar y acreditar los gastos e ingresos mediante documentos que sean válidos y legalmente emitidos.
Doce militantes de Comunes, entre ellos la excandidata a gobernadora Karina Oliva, están siendo procesadas por fraude de subvenciones y ya se dictaron cautelares para algunas de ellas, en una causa en la que se hizo parte el Consejo de Defensa del Estado.
CDE interpone querella contra Karina Oliva y otros 11 exmilitantes del Partido Comunes