Etcheverry tras declaraciones de Moya: “Es consistente con lo que hemos señalado como gobierno”

La ministra vocera de Gobierno (s), Aisén Etcheverry, se refirió a la polémica declaración de la jefa de la División Jurídica Legislativa de la Segpres, Francisca Moya, quien admitió ser consciente de la inhabilidad de Isabel Allende y Maya Fernández de firmar contratos con el Estado.

Etcheverry salió a respaldar a Moya. “Lo que correspondía era hacer un análisis de calidad respecto del propio decreto y eso fue ratificado por Contraloría en el proceso de toma de razón. A eso se refería la respuesta de la jefa de la División y eso es consistente con lo que hemos señalado como gobierno”, complementó.

En esa misma línea, aseveró que en el Gobierno todos están permanentemente sujetos a evaluación, “es lo que corresponde en estos cargos y la jefa de la División Jurídica sigue en el desempeño de sus funciones”.

Frente a si se debía notificar la inhabilidad que existía, Etcheverry aseguró que “el gobierno ha sido explícito, yo misma lo he dicho muchas veces, que esto no fue llevado adelante de la manera correcta. Esto ha tenido, por supuesto, consecuencias que son muy importantes, se han hecho valer responsabilidades políticas, se están llevando adelante sumarios administrativos para determinar responsabilidades administrativas”.

“En lo que compete a la División Jurídica Legislativa de la Segpres, que era la revisión del decreto 38, esa revisión tenía que hacerse al alero de la legislación que le aplicaba a ese decreto (…) y ese análisis dio cuenta de que el decreto era legal y, por lo tanto, tenía que ser firmado y esto fue refrendado por la toma de razón de Contraloría”, manifestó.

La polémica

Durante la sesión de ayer de la comisión investigadora por la fallida compra de la casa del presidente Salvador Allende, la jefa de la División Jurídica Legislativa de la Segpres, Francisca Moya, indicó conocer la inhabilidad de Maya Fernández e Isabel Allende en el caso.

Tras ser consultada sobre si conocía el artículo 37 y 60 de la Constitución, donde se estipula que los ministros y parlamentarios no pueden realizar contratos con el Estado, Moya reconoció conocer ambas normas, pero indicó que solo les correspondía “la revisión técnico-legal de este acto administrativo, en particular, el decreto 38”.

“Nosotros realizamos, como decía el ministro Elizalde, solo aquellas labores que nos corresponden. En este caso en particular, que son de hecho aquellas que nos exige la ley, que es la revisión de la legalidad de los decretos supremos que firma el Presidente de la República y las normas que señala la diputada no están referidas a ese acto particular que, como les señalaba anteriormente, es un acto unilateral de la administración”, agregó.