Alcalde Palacios (La Reina) bajo fuego: tras prisión preventiva a inspector municipal que disparó a bombero en Mall Egaña
Hoy, la muerte de un bombero en circunstancias aún en investigación, pero a manos de un funcionario municipal armado, confirma los peores temores: que la temeraria política de seguridad impulsada desde el municipio no solo era ilegal, sino también potencialmente letal.
La muerte de un voluntario de Bomberos, Leandro Espinoza Salazar, a manos de un inspector municipal frente al Mall Plaza Egaña, ocurrida el pasado 17 de mayo, ha generado una ola de indignación en La Reina y a nivel nacional.
El hecho se desencadenó cuando un grupo de funcionarios de seguridad ciudadana de la comuna intentó disolver una manifestación de 70 motociclistas. Uno de los inspectores municipales fue agredido y, en respuesta, utilizó su arma de fuego. Tres personas resultaron heridas, entre ellas Espinoza, quien recibió un disparo en el rostro y falleció en el lugar.
El ahora exinspector quedó este fin de semana en prisión preventiva.
La tragedia no es un hecho aislado, sino el resultado de una peligrosa política impulsada por el alcalde José Manuel Palacios, quien durante meses alentó el uso de armamento no autorizado por parte de funcionarios municipales, desoyendo la legislación vigente y las advertencias de expertos y concejales.
En septiembre del año pasado, Palacios lideró una consulta ciudadana sobre seguridad en la comuna, en la que se planteó abiertamente el uso de dispositivos como bastones extensibles, gas pimienta y armas eléctricas tipo Taser por parte de inspectores municipales. Esto, pese a que la ley chilena prohíbe expresamente que estos funcionarios porten armas, incluso no letales, ya que su rol está restringido a labores de prevención y no de confrontación directa con la delincuencia.
La consulta, ampliamente criticada por concejales y organizaciones civiles, fue calificada como un acto propagandístico y electoralista, a menos de dos meses de los comicios municipales. Los concejales Cristián del Canto (PS), Fernando Encina (FA) y Fresia Pérez (IND) presentaron un requerimiento ante la Contraloría General de la República denunciando el uso de recursos públicos en una campaña que generaba falsas expectativas y exponía tanto a inspectores como a vecinos.
“Una vez más, el alcalde Palacios intenta hacer del problema de la inseguridad un espectáculo político y, sobre todo, electoral”, dijo entonces el concejal Encina. Las advertencias fueron claras: los funcionarios municipales no cuentan con la formación, atribuciones legales ni seguros adecuados para desempeñar funciones policiales.
Hoy, la muerte de un bombero en circunstancias aún en investigación, pero a manos de un funcionario municipal armado, confirma los peores temores: que la temeraria política de seguridad impulsada desde el municipio no solo era ilegal, sino también potencialmente letal.
La pregunta es inevitable: ¿qué hacía un inspector municipal armado? ¿Quién le dio permiso para portar un arma con capacidad de matar? ¿Por qué se permitió avanzar en una línea de acción fuera de la legalidad, pese a las advertencias?
El resultado está a la vista: una persona muerta, una institución como Bomberos golpeada, y una comunidad conmocionada. Mientras tanto, el alcalde guarda silencio sobre su eventual responsabilidad en la generación de este clima donde alentó el uso de fuerza desproporcionada, mano dura y elementos prohibidos por la ley. Solo lamentó la muerte del voluntario y expresó sus condolencias a la familia. También aseguró que la municipalidad colaborará plenamente con la investigación.
La tragedia que enluta hoy a La Reina no es solo consecuencia de un error individual, sino de una política pública impulsada desde el municipio, que optó por la propaganda antes que por el respeto a la ley y la protección real de los ciudadanos.
