
Caso Dominga: Suman recursos que piden inhabilitar a Jean Pierre Matus
Juez es cercano a uno de los abogados que ha defendido al proyecto de Andes Iron, razón por la cual se ha solicitado que deje el caso.
Juristas representantes del Movimiento en Defensa del Medio Ambiente de La Higuera, el Comité de Agua Potable de Los Choros, la Asociación de Pequeños Propietarios Agrícolas de Los Choros y la organización de conservación marina Oceana interpusieron una recusación en contra del ministro de la Tercera Sala de la Corte Suprema, Jean Pierre Matus, aduciendo el artículo 196 N°15 del Código Orgánico de Tribunales, que establece como causal de inhabilidad las relaciones de amistad entre un juez con alguna de las partes.
En el escrito presentado se pone de manifiesto que el ministro de la Corte Suprema, Jean Pierre Matus “mantiene una amistad estrecha, reconocida y pública con el abogado Marcelo Castillo Sánchez”, quien ha representado a organizaciones a favor de Dominga y “tanto en lo jurídico como en lo comunicacional, actúa de manera abierta en la defensa y promoción del proyecto”. Además, se exponen antecedentes que demuestran el rol activo de Castillo en los procesos judiciales, manteniendo “un fuerte activismo en favor del proyecto”.
Esta relación de amistad pública y expresamente reconocida por ambos, ha llevado al propio ministro Matus a inhabilitarse previamente respecto de causas en que participa el abogado Castillo por lo que la recusación presentada concluye que es necesaria la inhabilitación del juez para “resguardar la confianza pública en la administración de justicia” y, en este caso, la imparcialidad de este “se encuentra comprometida debido a su cercanía con un actor clave del litigio, tornando indispensable su recusación”.
La acción se presentó luego de que el 20 de mayo se conociera que la Sala ya estaba “en acuerdo” respecto de si admitir o no los recursos de casación presentados por el gobierno, la comunidad y organizaciones de la sociedad civil. Dichos recursos buscan que la Corte Suprema anule la sentencia del Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta (1TA), el cual declaró ilegal el rechazo unánime entregado al proyecto Dominga por el Comité de Ministros en 2023, ordenándole una nueva votación.
Esta recusación se suma a la ya interpuesta por el Servicio de Evaluación Ambiental, organismo que representa al Comité de Ministros que rechazó el proyecto. En ella se solicitó que el Ministro Matus no sea quien redacte la resolución sobre la admisibilidad, y además se pidió que el acuerdo alcanzado por la Tercera Sala se anule y se vuelva a realizar, pero esta vez sin su concurrencia.