La Corte de Apelaciones de Antofagasta acogió el recurso de amparo presentado por la siquiatra Josefina Huneeus, expareja de Alberto Larraín, fundador de la Fundación ProCultura.
Con esto, el tribunal declaró la ilegalidad de las diligencias, por lo que ordenó borrar los registros obtenidos a través de la intervención a su celular, solicitados a por el fiscal regional de Coquimbo, Patrio Cooper.
La defensa argumentó que la calidad de testigo de Huneeus cuando se solicitó el “pinchazo” es un antecedente relevante para declarar su ilegalidad. En esa línea, aseguraron que “ninguna de las comunicaciones tiene interés criminalístico”.
Además, expusieron que la autorización que realizó el Juzgado de Garantía de Antofagasta fue obtenida con información parcial, ya que Fiscalía no indicó a quien se le interceptarían las llamadas.
Dentro de los argumentos que planteó la Corte de Apelaciones para aceptar el recurso, radica en el hecho de que se pidió intervenir las comunicaciones por supuestamente haber concurrido en ciertos delitos, “pero se da lugar y se accede a ello consignándose en la misma un delito distinto de los supuestamente atribuidos”.
Además, la Corte calificó de ilícitas las escuchas telefónicas y “fuera de la legalidad vigente, afectando garantías fundamentales” y que desde el origen de las diligencias estas ya eran ilegales y arbitrarias. “En consecuencia, lo obtenido de ellas resulta también ilegítimo”.
Cabe destacar que el día de ayer, el abogado defensor Alejandro Awad, explicó que desconocían por qué el Ministerio Público “pinchó” el celular de Huneeus, ya que este le pertenecía desde antes que ella conociera a Larraín.
Así, aseguró que la PDI no debió seguir con las escuchas, ya que estas no le pertenecían al fundador de ProCultura, sino a su representada. Awad apuntó a una “cadena de errores”.
