Equivocaciones municipales para posibilitar negocios ilegales

Desde hace años en la prensa independiente que, bajo ninguna circunstancia tolera la corrupción, estamos dando cuenta de comportamientos «flexibles» de las municipalidades y de otros servicios públicos que, por debilidad o acuerdos verbales secretos con privados ambiciosos, aceptan cometer errores para que sus solicitantes de permisos de edificación, en las respectivas direcciones de obras municipales (DOM), obtengan mejores condiciones constructivas para sus proyectos de inversión inmobiliaria.

Así, esos codiciosos empresarios obtienen mayores rentabilidades en sus negocios, lo que se posibilita en parte dado que la legislación en la materia es bastante críptica y por ende muy pocos la entienden. Aquellos que la conocen en detalle, para no quedar como conflictivos, optan por el silencio cómplice que da pábulo a la competencia desleal, que es una lacra en el sistema de libre mercado que nos rige.

Recordemos que la guía principal para establecer el precio de mercado de los terrenos urbanos, sobre todo por el aspecto del uso de suelo de los mismos, está establecido con suma claridad en las regulaciones normativas contenidas en los planes reguladores intercomunales y comunales (PRI y PRC), como también en la Ley y Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (LGUC y OGUC), pero existe la inveterada costumbre, casi generalizada, de que los funcionarios que ejercen el cargo público de DOM cometen desaciertos «involuntarios» en las emisiones de los Certificados de Informaciones Previas (CIP) que firman ellos, los que son utilizados por los solicitantes de permisos, yerros que invariablemente favorecen a los anteriores y con estos errores se levantan sus construcciones.

En tal sentido, todos aquellos que luchamos en contra de la corrupción, tenemos el deber de reconocer muy favorablemente la denuncia que formuló el ciudadano Andrey Moil, en contra del DOM de Quillota, 5a Región de Valparaíso, quien otorgó un permiso de edificación para un proyecto de clínica de 6 pisos a la empresa Red Médica Sudamericana Inmobiliaria SpA sobre un terreno de 4.800 m2 que no la admitía, pues la zona en donde se localiza el mismo no permite los equipamientos de salud, lo que quedó claramente establecido en el dictamen N° E46271/2025 del 21 de marzo de 2025, firmado por la Contralora Regional de Valparaíso.

El DOM en cuestión «interpretó» con sesgo inmobiliario el uso de suelo del terreno, a pesar de que no tiene esa atribución, la que recae exclusivamente en los funcionarios que ejercen como titulares de las Secretarías Regionales Ministeriales de Vivienda y Urbanismo (Seremi Minvu), luego dicho funcionario municipal desconoció abiertamente el mandato expreso del artículo 4° de la LGUC, aspecto que también fue objetado por el ente fiscalizador porteño.

Pues bien, el edificio contrario a derecho está terminado, razón por la cual se debería aplicar el artículo 148° de la LGUC, que contempla la demolición del mismo impartida por el alcalde, actuación que a esta fecha no ha sucedido, ausencia que preferimos no calificar. Pero como en el dictamen vinculante de la Contraloría Regional de Valparaíso se menciona que la conducta del DOM de Quillota ya ha sido objetada en diferentes ocasiones, cabe preguntarse si es conveniente para el interés público que este funcionario continúe ejerciendo el cargo.

En el mencionado dictamen se resolvió que la municipalidad debe decidir si procede iniciar un sumario administrativo en contra del DOM, lo que nosotros consideramos insuficiente pues, como conocedores de estas materias, más aún sabiendo que la impunidad está siempre presente en este ámbito de actividades, le proponemos a la Contraloría General de la República que este caso viciado sea trasladado al Ministerio Público, para que la Fiscalía Regional de Valparaíso determine si hubo simples «errores» por ignorancia u otras «motivaciones», en el comportamiento de ese funcionario, para cursar el aludido permiso de edificación.

Además, consideramos necesario que esta práctica indebida del municipio de Quillota se investigue por la respectiva Fiscalía, ya que podría ser posible que el DOM con el alcalde consintieron en el engaño, estimando ambos que ello sería un mal menor intrascendente e indetectable, pues así con este simple ardid, se iba a aumentar la oferta de salud para la población de dicha ciudad.

Estaremos atentos al desenlace de este indecoroso episodio, ya que si la municipalidad se hubiera enmarcado en la probidad, no existiría el edificio de la clínica.