El Pleno del congreso español ha ratificado ayer el Acuerdo Marco Avanzado entre la Unión Europea y Chile en una votación en la que el Gobierno de coalición se ha dividido, pues el PSOE ha votado a favor, junto con el PP, mientras que Sumar votado en contra de un texto que considera «extractivista» y que también han rechazado Vox.
En concreto, el acuerdo ha salido adelante con el apoyo de los dos partidos mayoritarios, más el PNV, UPN y Coalición Canaria, mientras que ERC, Junts y Bildu se han abstenido y Podemos, Sumar y Vox han coincidido en el ‘no’.
El portavoz de Exteriores de Sumar, Agustín Santos, ha justificado su oposición al acuerdo alegando que, aunque introduce alguna cláusula relativa a los Derechos Humanos, «sigue manteniendo un modelo extractivista, desigual y asimétrico en las relaciones económicas» entre Chile y la Unión Europea, que ha sido «duramente criticado» por organizaciones sociales y partidos políticos.
En concreto, ha indicado que la Coordinadora chilena ‘Mejor Sin Tratado y Libre Comercio’ ha advertido de que «la explotación del litio destruirá grandes solares y ecosistemas de inconmensurable valor ecológico», provocando «más sequía», y que la población chilena acabará sufriendo «las consecuencias de la depravación de los recursos naturales» de su país.
«Como creemos que es francamente contrario a la Agenda 2030 y a los acuerdos climáticos de París, nos parece que este acuerdo necesita ser renegociado», ha señalado Santos, justo antes de que desde Vox, José María Sánchez, sustentara su rechazo, precisamente, en que el acuerdo «contribuye a la implementación» de la Agenda 2030.
Además, el diputado de Vox ha rechazado el texto por contener puntos, a su juicio, «inaceptables» como los relativos al «desarrollo sostenible, la igualdad de género, el empoderamiento de las mujeres y el multilateralismo».
Por contra, el socialista Pepe Mercadal ha recordado que este acuerdo con Chile se cerró, precisamente, bajo la Presidencia española de la Unión Europa de 2023 y que servirá para mejorar el vigente. «Es una mejora clara tanto para Chile como para la Unión porque el acuerdo de 2002 dejaba fuera aspectos como la propiedad intelectual o la sostenibilidad», ha defendido.
