Sabotaje informático a causa judicial de Boric termina con condena simbólica y revela fragilidad del sistema judicial chileno
El abogado Santiago Escobar, quien reveló el caso en Desenfoque.cl, señala que la resolución del juicio mediante una salida alternativa se debió al temor del fiscal a una posible absolución y a la evidente fragilidad probatoria. “Fue un bochorno total para el Estado de Chile”, sentencia.
En un insólito caso que pasó prácticamente inadvertido por la opinión pública, una funcionaria del Poder Judicial fue condenada a solo 61 días de presidio remitido —es decir, sin pisar la cárcel— tras haber ingresado y manipulado de manera ilegal una causa judicial en contra del actual presidente de la República, Gabriel Boric Font.
El hecho, calificado por expertos como “sabotaje informático”, deja al descubierto no solo la vulnerabilidad del sistema digital del Poder Judicial, sino también la falta de capacidades reales del Ministerio Público para investigar este tipo de delitos.
El caso, tramitado bajo el RIT 3151-2022 en el 2° Juzgado de Garantía de Puente Alto, culminó el pasado jueves 22 de mayo con un procedimiento abreviado que evitó un juicio oral. La imputada, Carolina del Pilar Roldán Berríos, aceptó su responsabilidad y fue condenada por ingreso ilícito y alteración de datos informáticos —según la Ley 19.223— a penas simbólicas, luego de tres años y medio de investigación liderada por el fiscal Milibor Bugueño González, jefe de la Fiscalía de Alta Complejidad y Crimen Organizado de la Región Metropolitana Sur.
Los hechos se remontan al 27 de octubre de 2021, cuando Roldán accedió desde su hogar, utilizando el computador institucional del Poder Judicial asignado para teletrabajo, al sistema de gestión penal y tramitación de causas. Una vez dentro, alteró la causa RIT 145-2005 del Juzgado de Garantía de Punta Arenas —iniciada por hurto en contra de Boric— incorporando un documento falso con el texto: “Por hurto en contra de Boric y reemplazaron la documentación para que no se supiera qué tenía, averigua”.
A pesar de que el Ministerio Público calificó los hechos como delitos consumados, la prueba reunida fue débil, carente de peritajes externos, basada solo en testimonios de funcionarios judiciales y documentos que no esclarecían cómo se vulneró el sistema. Una diligencia clave solicitada por la defensa —un ejercicio técnico para replicar el acceso remoto y verificar registros de usuarios que modificaron la causa— fue denegada en 2022 y nunca reactivada. Según el abogado defensor Enrique Césped, esta diligencia podría haber demostrado que su clienta ni siquiera cometió el delito.
El abogado Santiago Escobar Sepúlveda, quien reveló el caso en Desenfoque.cl, señala que la resolución del juicio mediante una salida alternativa se debió al temor del fiscal a una posible absolución y a la evidente fragilidad probatoria. “Fue un bochorno total para el Estado de Chile”, sentencia.
Este caso evidencia, según Escobar, un patrón de ineficiencia sistemática en el tratamiento de delitos informáticos en Chile. La Fiscalía carece de herramientas y preparación técnica para investigar este tipo de ilícitos, mientras que el sistema informático del Poder Judicial —administrado por la Corporación Administrativa (CAPJ)— presenta vulnerabilidades críticas y un control interno mínimo.
El escándalo revive cuestionamientos sobre la seguridad digital del Estado. Ni el Ministerio Público ni el Poder Judicial están bajo la supervisión de la recién creada Agencia Nacional de Ciberseguridad (ANCI), al ser órganos autónomos. Esto los deja librados a su propia gestión en materia de ciberseguridad, la que, como quedó demostrado, resulta insuficiente.
Para Escobar, el problema va más allá: “Cuando se desmorona la confianza en organismos como la Superintendencia de Insolvencia, el SII o la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), junto a tribunales incapaces de hacer justicia y leyes desactualizadas, se abren las puertas a la impunidad digital y al crimen organizado”.
El caso de Carolina Roldán Berríos se suma a otros episodios recientes de vulneraciones informáticas graves —como el caso Curauma, la insolvencia de Latam y fraudes en inscripción de vehículos— sin que hasta ahora el sistema judicial chileno haya respondido con eficacia.
