Auditoría cuestiona millonarios pagos en convenio entre GORE del Biobío y fundación ligada a Michelle Bachelet
Informe externo encargado por el Gobierno Regional y publicado por Ciper calificó como “excesivo” el sueldo de $2,5 millones mensuales pagado a María Estela Ortiz, exvicepresidenta de la Junji, por liderar un proyecto con fondos públicos.
Una auditoría externa ordenada por el Gobierno Regional del Biobío advirtió un “gasto excesivo” en los pagos efectuados a María Estela Ortiz Rojas, exvicepresidenta de la Junji y cercana a la expresidenta Michelle Bachelet, en el marco de un convenio financiado con fondos públicos por $379 millones. Ortiz, quien dirigió el programa “Voces del Biobío para vivir sin violencia”, percibió $37,5 millones durante los 15 meses que duró el proyecto, equivalentes al 10% del total del presupuesto.
El convenio fue firmado con la Fundación Horizonte Ciudadano, organización fundada por Bachelet y dirigida por varios de sus excolaboradores. Según el informe al que accedió CIPER, el pago mensual de \$2,5 millones a Ortiz fue calificado como excesivo en relación con la magnitud del proyecto. Además, se cuestiona que los recursos fueran transferidos en una sola cuota al inicio de la iniciativa, cuando la fundación aún no estaba inscrita en el Registro de Colaboradores del Estado, condición exigida por la ley para recibir aportes públicos.
La auditoría —realizada por la consultora Xlibrium— también detectó que el GORE no contaba con criterios para evaluar si los presupuestos de las fundaciones eran acordes al mercado ni mecanismos para verificar su experiencia o capacidad técnica. Entre otras observaciones, se indica que la Fundación Horizonte Ciudadano tampoco tenía inicio de actividades en el Servicio de Impuestos Internos al momento de firmar el convenio.
Ortiz no respondió a los requerimientos de CIPER, pero desde la fundación defendieron su contratación como profesional a honorarios con funciones y plazos definidos. También señalaron que los pagos estaban respaldados por informes técnicos.
Sin embargo, el informe de auditoría también puso el foco en su hijo, Juan José Parada Ortiz, contratado como asesor de comunicaciones del mismo programa, con un sueldo de \$1,8 millones mensuales. La auditoría señala que no hay evidencia suficiente sobre las tareas realizadas, aunque la fundación asegura que toda la documentación ha estado disponible para las autoridades y que los trabajos fueron ejecutados conforme a lo estipulado.
Este no es el primer episodio en que se cuestionan pagos públicos a María Estela Ortiz. En 2019, la Contraloría ya había detectado sobresueldos mientras dirigía el Consejo Nacional de la Infancia, organismo creado también durante el gobierno de Bachelet.
El exgobernador del Biobío, Rodrigo Díaz, responsable de la firma del convenio y exseremi de Gobierno en la administración Bachelet, también es investigado en el marco del denominado Caso Convenios por la Fiscalía de Alta Complejidad de Concepción.
La Fundación Horizonte Ciudadano, por su parte, se ha visto involucrada en otras contrataciones públicas y ha mantenido un rol activo en el ámbito de las políticas públicas desde su creación en 2018.
