El Consejo de Defensa del Estado interpuso una querella criminal contra el diputado Miguel Calisto Águila y contra quienes resulten responsables, por el delito de Fraude al Fisco sin perjuicio de otros ilícitos que se acrediten durante la investigación que lleva a cabo el Ministerio Público.
Calisto fue electo diputado por la DC y luego de renunciar al partido ingresó a la tienda que lidera Ximena Rincón.
La querella del CDE, interpuesta ante el Juzgado de Garantía de Coyhaique, se dirige nominativamente también contra Carla Graf, Roland Cárcamo y Felipe Klein por haber incurrido en una serie de maniobras destinadas a desviar dineros públicos provenientes de asignaciones parlamentarías para fines no previstos en la ley de presupuestos de la Nación.
De acuerdo con los antecedentes contenidos en la investigación, la imputada Carla Graf, coludida con el diputado Calisto habría celebrado una serie de contratos de prestaciones de servicio para apoyar la función del parlamentario a través de asesorías, coordinación y elaboración de estudios, recibiendo a cambio un pago a honorarios que no solo fue incrementándose en el tiempo, sin ningún tipo de justificación, sino que no contó con ningún antecedente o respaldo que acreditara el cumplimiento efectivo de la labor contratada.
De este modo existen múltiples antecedentes que dan cuenta que la querellada no era reconocida por las personas que trabajaban para Calisto en Aysén, como alguien que prestaba servicios en el equipo de trabajo del diputado en la región.
En consecuencia, se pudo constatar que la querellada Carla Graf Toledo no prestó los servicios para los que fue contratada, lo que era conocido y aceptado por el querellado Calisto Águila, quien faltando a los deberes de su cargo e incurriendo en múltiples acciones de administración desleal de los fondos públicos promovió la celebración de contratos por servicios no prestados, pagando por concepto de honorarios a la imputada más de 100 millones de pesos en perjuicio del Fisco por servicios que nunca prestó.
Asimismo, durante ese período se constataron una serie de transferencias de dineros entre los imputados Graf, Cárcamo, Klein y el diputado, concordante con épocas de campañas políticas en la región, las que habrían sido destinadas a desviar dineros de asignaciones parlamentarias a fines no previstos, como financiamiento de campañas y gastos particulares en un contexto de conducta dolosa desarrollada por los responsables.
