Gajardo defiende cierre de Punta Peuco: “No hay justificación para que existan penales exclusivos”

El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, defendió el cambio del Penal de Punta Peuco a una cárcel común y aseguró que “no hay ninguna justificación para que existan penales exclusivos para los violadores de derechos humanos”.

La medida fue anunciada por el Presidente de la República, Gabriel Boric, durante la última Cuenta Pública de su mandato. Actualmente, el recinto alberga a condenados por violaciones a los Derechos Humanos, y con el cambio se proyecta que reciba también a reos comunes.

Frente a esto, en conversación con T13, Gajardo afirmó que el anuncio “no es simbólico, porque es muy significativo que dejemos de tener penales especiales para los violadores de derechos humanos”.

En ese contexto, recordó que el expresidente, Sebastián Piñera, cerró el Penal Cordillera, otro recinto especial para condenados por crímenes de lesa humanidad. “No hay ninguna justificación para que existan penales exclusivos para los violadores de derechos humanos”, insistió.

Consultado por las declaraciones de la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei —quien aseguró que “no cuesta nada revertirlo”, sugiriendo que podría echar pie atrás a la medida—, el ministro manifestó que espera un compromiso transversal con los derechos humanos y reiteró el precedente del cierre del Penal Cordillera por parte del expresidente Piñera.

“Esperaríamos que la medida que estamos tomando hoy sea continuada por cualquier otro posible presidente o presidenta en el futuro, por el compromiso que tienen con el valor de los derechos humanos y la importancia que eso tiene para nuestra democracia”, subrayó.

Finalmente, Gajardo reconoció que actualmente Punta Peuco presenta sobrepoblación, con 139 reos en un recinto diseñado para 112. En ese sentido, indicó que lo más probable es que los condenados permanezcan en el penal, aunque no descartó la posibilidad de trasladar a algunos a otros recintos.

“Si consideramos que estas personas cometieron los crímenes más graves que contempla la legislación chilena —torturaron a otros connacionales, a mujeres, a mujeres embarazadas; cometieron desapariciones forzadas y ejecuciones—, que además cuenten con un penal especial no tiene ninguna justificación”, concluyó.