La Comisión Investigadora por la fallida compraventa de la casa del expresidente Salvador Allende aprobó el informe de conclusiones presentado por los diputados de Renovación Nacional, Andrés Longton y Paula Labra, por 7 votos a favor y 5 en contra.
Con esto, el informe oficialista presentado por el diputado del Partido Socialista, Raúl Leiva, con insumos del diputado Raúl Soto (PPD) y Roberto Celedón (IND-FA), no contó con los votos requeridos para ser aprobado (5 a favor y 6 en contra).
Críticas al Presidente
El informe opositor acusa al presidente Gabriel Boric de realizar un intento explícito de eximirse de responsabilidad, al reconocer que desconocía las inhabilidades constitucionales y no hacer valer responsabilidades políticas.
Según el documento, este argumento resulta ineficiente debido al cargo del mandatario y revela una falla preocupante a nivel comunicacional dentro de La Moneda.
“Un presidente que desconoce el contrato político contenido en la Carta Fundamental, donde se regulan no solo las potestades presidenciales, sino el marco de protección de los ciudadanos frente al Estado, es simplemente alguien que no pareciera estar en posesión de aptitudes mínimas para ejercer la primera magistratura”, afirma el texto.
“Improvisación institucional”
El informe asegura que la compraventa “no solo estuvo marcada por desprolijidades técnicas y jurídicas, sino que, además, desde su origen, se vio empañada por una grave improvisación institucional en materia presupuestaria”.
“El Congreso Nacional jamás aprobó la adquisición de la vivienda del expresidente Allende como se argumentó erróneamente en el discurso gubernamental, ya que la modificación presupuestaria para permitir dicha adquisición se hizo posterior a la discusión parlamentaria y de forma interna mediante instrucción presidencial”, sostiene el escrito.
Entre los cuestionamientos que señala el documento, figuran la ausencia de documentación formal en la operación y la sospecha de que el fin de la compraventa no solo era honrar el legado de Allende, sino también beneficiar económicamente a su familia.
Por último, el informe reprocha el actuar de Francisca Moya, jefa jurídica de la Secretaría General de la Presidencia, y exige su renuncia.
