El 18° Juzgado Civil de Santiago declaró abandonado el procedimiento en la causa C-7157-2022, caratulada Municipalidad de La Reina con En Ruta Comunicaciones y Difusión S.A., luego de constatar que la parte demandante incurrió en inactividad procesal prolongada, permitiendo que transcurriera el plazo legal sin diligencias que impulsaran el curso del juicio.
En su resolución, el tribunal calificó la conducta del municipio que comanda el UDI José Manuel Palacios como propia de un “demandante negligente”, y acogió el incidente de abandono solicitado por la parte demandada, argumentando que “las partes cesaron la prosecución del juicio por un lapso de más de 27 meses”, desde la última actuación útil registrada el 22 de diciembre de 2022.
Pese a que la Municipalidad de La Reina se opuso al requerimiento e intentó reactivar el proceso en abril de 2025, el juzgado determinó que el tribunal no tenía la obligación de mover de oficio la causa, y que, conforme al artículo 152 del Código de Procedimiento Civil, ya se había cumplido el plazo de seis meses sin actividad útil.
Pero este no es un caso aislado. No es la primera vez que el alcalde José Manuel Palacios pierde la posibilidad de cobrar cuantiosas sumas por derechos de publicidad en la vía pública. En 2019, durante su primera administración, ocurrió lo mismo con empresas del rubro como JC Decaux y Global, donde cuentas por derechos impagos también quedaron sin ser cobradas por situaciones similares o gestiones deficientes. El caso es peor aún, respecto a ambas empresas, porque se les permitió participar en la licitación de ese año y adueñarse de espacios en La Reina. La Contraloría, entonces, ordenó decretar la nulidad de aquella licitación, pero nunca fue escuchada por las autoridades del municipio.
El fallo de esta semana subraya que el abandono del procedimiento es una sanción legal que busca evitar la paralización indefinida de las causas judiciales, responsabilizando directamente al demandante, en este caso La Reina, cuando no impulsa su propio proceso. La resolución fue notificada el mismo 29 de mayo por el estado diario, y no se impusieron costas.
Con esta decisión, queda cerrado el proceso judicial, sin resolución sobre el fondo del conflicto, dejando a la Municipalidad sin posibilidad de continuar con la demanda y perdiendo una gruesa cifra en pesos para las arcas comunales.
