Exigen a Argentina pagar con YPF a los fondos buitres
Preska, jueza de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, dispuso que se ordene a Argentina "transferir sus acciones Clase D de YPF a una cuenta de custodia global en BNYM (Bank of New York Mellon Corporation) dentro de los 14 días posteriores a la fecha de la orden".
La jueza estadounidense Loretta Preska ordenó este lunes al Estado argentino entregar el 51 por ciento de las acciones de la petrolera estatal YPF a los fondos de inversión Burford y Eton Capital por la expropiación de la compañía, como parte de un fallo sin sentencia firme en el que el país vecino ya fue condenado a pagar 16.100 millones de dólares.
«Juez Preska ordena a la Rep. (república) argentina entregar el 51 por ciento de las acciones de YPF a los beneficiarios del fallo como parte de pago de la sentencia», informó en redes sociales el economista Sebastián Maril, especialista en las demandas que afronta el país en EEUU.
Preska, jueza de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, dispuso que se ordene a Argentina «transferir sus acciones Clase D de YPF a una cuenta de custodia global en BNYM (Bank of New York Mellon Corporation) dentro de los 14 días posteriores a la fecha de la orden».
A su vez, la magistrada determinó que la entidad bancaria neoyorquina «inicie una transferencia de los intereses de propiedad de Argentina en sus acciones Clase D de YPF a los demandantes o sus designados dentro de un día hábil a partir de la fecha en que las acciones sean depositadas en la cuenta».
Se le denomina «fondo buitre» a aquellos fondos de capital de riesgo que invierten en deuda pública de una entidad que se considera cerca de la quiebra, como es el caso de Burford y Eton Capital, que compraron los derechos de litigio de esta causa, que se dirime desde hace una década en EEUU a raíz de la expropiación de la compañía, en abril de 2012.
En las consideraciones del fallo, Preska sostuvo que «las sentencias son ejecutables contra cualquier propiedad que pueda ser cedida o transferida», y se amparó en la legislación de Nueva York para asegurar que «las acciones de una empresa son libremente transferibles y asignables».
«Los Gobiernos extranjeros no pueden simplemente anular las excepciones a la FSIA (Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras) invocando su propia ley para proteger sus activos de la ejecución en Estados Unidos», señaló Preska.
Burford Capital, principal beneficiario del fallo, había pedido en abril de 2024 el dominio de las acciones de la empresa estatal, pero en noviembre de ese año se pronunció en contra de esa posibilidad el Departamento de Justicia de EEUU, por considerar que era contrario a la ley estadounidense y que tendría » repercusiones adversas para la política exterior del Gobierno».
Los comienzos
La jueza de Nueva York tramitó un juicio contra Argentina por la reestatización en 2012 de YPF que concluyó en septiembre de 2023 con un fallo que obligaba al país sudamericano a pagar 16.100 millones de dólares, bajo la consideración de que no había hecho la oferta pública de adquisición (OPA) a los accionistas minoritarios, según indicaba el estatuto de la empresa.
Argentina tendría que haber depositado en enero de 2024 una garantía para evitar el comienzo de los embargos durante la apelación de este caso, que empezó en octubre de 2023, según el economista Sebastián Maril.
Al no haberlo realizado, la ley estadounidense le daba el derecho a los demandantes de embargar activos de Argentina.
De hecho, los fondos buitre le pidieron a la Corte de Distrito que ordenase a Argentina el traslado de las acciones de la petrolera estatal al estado de Nueva York, para obligar a su venta forzada y recibir los fondos conseguidos para cumplir con las sentencias.
La presidencia de Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) expropió en abril de 2012 el 51 por ciento de las acciones de YPF, controladas por la petrolera española Repsol, y pagó por ello 5.000 millones de dólares.
En abril de 2015, comenzaron el litigio las empresas españolas Petersen Energía y Petersen Energía Inversora, creadas por la familia argentina Eskenazi, a través de las cuales habían controlado 25 por ciento de las acciones de YPF en 2008, cuando su socio mayoritario era Repsol.
Tras la quiebra de la familia Eskenazi, Burford Capital ingresó en el proceso de liquidación de las compañías en España para conseguir los derechos de demanda e impulsar el juicio en la Corte de Nueva York, bajo la presunción de que el Estado tendría que haber lanzado una oferta pública de adquisición por el 49 por ciento de las acciones restantes.
El presidente de Argentina, Javier Milei, ya anunció que apelará la medida.
Las acciones de la petrolera estatal, entre tanto, caían durante la jornada 5,4 por ciento.
