Fiscales apelan prisión domiciliaria de Cristina Fernández

Los fiscales que impulsaron el juicio en el que la exmandataria Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) recibió la pena de seis años de prisión y la inhabilitación perpetua a ejercer cargos públicos recomendaron al máximo tribunal penal del país, la Cámara Federal de Casación, que le revoque el beneficio de la prisión domiciliaria.

«Que continúe cumpliendo la pena de prisión que se le impuso en una unidad carcelaria», señala el dictamen de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola dado a conocer el lunes.

Los representantes del Ministerio Público Fiscal, que ya se habían opuesto a que le concediesen la prisión domiciliaria a la exmandataria ante el Tribunal Oral Federal nº 2 que la condenó en primera instancia por corrupción en obra pública, insistieron con su postura ante Casación.

«No nos podemos desentender del impacto social negativo que la modalidad de ejecución de la pena dispuesta ha producido, no solo por no respetar la regla de cumplimiento efectivo de las penas, sino también por la desvirtuación que se advierte en el modo en que se viene cumpliendo la detención domiciliaria», refirieron los fiscales.

Luciani y Mola también propusieron que se cambie el lugar en el que la también exvicepresidenta (2019-2023) cumple prisión domiciliaria desde el 17 de junio, y que se impongan pautas de conducta más severa.

Al concederle el arresto domiciliario, el Tribunal Oral Federal n.º 2 accedió a que Fernández permaneciera en su casa, situada en el barrio de Constitución de la capital argentina.

En su recurso ante Casación, los fiscales presentaron imágenes de las manifestaciones a favor de la exmandataria a las puertas de su vivienda, lo que a su juicio no solo atenta contra la tranquilidad de los vecinos, sino también contra la propia seguridad de la expresidenta.

«En caso de no hacerse lugar a la revocación de la prisión domiciliaria que aquí reclamamos-, es que se deberá disponer inmediatamente de otro lugar para cumplir con la prisión domiciliaria, que mitigue las falencias de seguridad advertidas», señalaron.

A menos de dos semanas de que comenzara a cumplir prisión domiciliaria, la exmandataria solicitó, por su parte, que le sea retirada la tobillera electrónica que le fue colocada.

Fernández también reclamó que pueda ser visitada sin necesidad de tramitar una autorización judicial por personas que integren su círculo social, más allá de las que forman parte de una lista que entregó al tribunal y en la que figuran su grupo familiar, su custodia policial y profesionales médicos.

La Corte Suprema ratificó el 10 de junio, por unanimidad, la sentencia contra Fernández emitida por el Tribunal Oral Federal nº 2 en diciembre de 2022 por el delito de administración fraudulenta agravada en perjuicio de la administración pública, fallo que en segunda instancia fue confirmado el 17 de noviembre de 2024 por la Cámara Federal de Casación.

La sentencia del máximo tribunal del país, que debería estar integrada por cinco miembros pero que en la actualidad está conformada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Fernando Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, se dio a conocer a una semana de que la expresidenta confirmara su candidatura para competir en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires el próximo 7 de septiembre.