¿Hasta cuándo esperamos?

¿Cuántas muertes más deben ocurrir para que las instituciones del Estado y los empresarios microbuseros tomen medidas concretas que enfrenten –decididamente- el desquiciado panorama vial que los porteños y porteñas experimentamos a diario?.

Lo ocurrido la tarde noche del martes 24 de junio de 2025 entre dos microbuses es un testimonio doloroso, brutal y desgarrador de la condición laboral y de salud de quienes, al transportar a miles de personas diariamente en toda la región, arriesgan su propia existencia y la de otros sin ponderar, al parecer, la enorme y vital responsabilidad que este trabajo conlleva.

Al transitar diariamente por Valparaíso es posible de evidenciar señales de esta locura diariamente: semáforos en rojo que no se respetan; señales de tránsito que valen únicamente como decoración; desplazamiento fuera de los límites de velocidad tanto de microbuses, como de colectivos o vehículos particulares; niveles de agresión entre conductores, entre pasajeros, o de conductores versus pasajeros que hacen que la selva vehicular y el tránsito por la ciudad esté perdiendo todos los grados de civilidad que alguna vez fueron rasgo distintivo de los habitantes de Valparaíso.

En la Universidad sabemos bien de estos dolores. La muerte de Consuelo Pérez, brillante y querida estudiante, integrante de una familia de trabajo amorosa y preocupada, nos sigue pesando. Aun cuando desde la misma institución se convocó a una Comisión Intersectorial integrada por parlamentarios, órganos del Estado y la misma familia de Consuelo, el trabajo técnico que se ha impulsado no tiene frutos concretos ni medidas específicas integrales que pongan fin definitivamente al miedo cotidiano que tenemos de perder a otro estudiante, a un compañero de trabajo o de perder la vida propia. De esta cornisa cualquiera puede caer irremediablemente.

Por eso, hacemos un llamado amplificado a quienes tienen responsabilidades directas en estas materias para que actúen con sentido de urgencia. Las medidas las necesitamos hoy y no mañana, debiendo orientarse progresivamente a enfrentar las siguientes necesidades: primero, comprobar la idoneidad de los choferes que hoy transportan a los y las usuarias del transporte público. Su condición de salud, en particular la mental, debe ser requisito básico, debiendo someterse a procesos formativos regulares que den fe pública de lo anterior. Desde la Comisión y desde nuestras universidades podemos acompañar procesos formativos que colaboren a recuperar la civilidad perdida.

Luego, aumentar la fiscalización de los equipos destinados al cumplimiento de estas tareas, añadiendo instrumentos tecnológicos que puedan incrementar las medidas de control sin necesariamente hacer crecer la limitada planta de fiscalizadores que poseen los servicios públicos. Actualmente hay muchas alternativas que se pueden incorporar para aumentar estos parámetros de seguridad. Lo mismo con las señales de tránsito, pasos de cebra o el emplazamiento de nuevos semáforos que posibilitarían ejercer un derecho humano básico: la libre y segura circulación por nuestras calles, plazos y espacios públicos.

Finalmente, quienes tenemos a cargo unidades que cuidan y acompañan a nuestro estudiantado universitario no debemos naturalizar o aceptar la muerte de jóvenes llenos de vida y esperanzas, a vista y paciencia de órganos del Estado o de empresarios que hacen como que nada pasa. Me niego a aceptar una nueva muerte de otro estudiante cuyo nombre, con el pasar del tiempo se olvida, mientras sus familias siguen extrañando un cuidado que jamás llegó.